El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a una demanda de CSIF y ha condenado a la Junta de Andalucía al reconocimiento de los pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad y al abono de los mismos. Unas circunstancias que se dan en los centros de menores de toda España.
La sentencia que reconoce, a nivel nacional, el derecho a percibir un plus de peligrosidad a los trabajadores en centros de menores extranjeros no acompañados, según ha informado hoy un comunicado de este sindicato.
En su fallo, el TSJA reconoce el derecho de nueve trabajadores del Centro de Menores Ángel Ganivet de Granada al plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad, así como su abono por parte de la Junta de Andalucía para los periodos reclamados entre 2014 y 2015.
La sentencia, contra la que no cabe recurso, avala las denuncias interpuestas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en estos centros.
Los tribunales han dado la razón a nueve empleados en este tipo de centros con categorías de educadores, monitores, oficial de cocina, ayudante de cocina y personal de servicio doméstico.
El presidente del Sector de Administración General de la Junta de CSIF Andalucía, Enrique Álvarez de Toledo, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia «que de forma pionera defiende la dignidad laboral de los trabajadores de los centros de protección de menores, que están expuestos a un alto nivel de riesgo y que incluso se ven obligados a denunciar en comisaría comportamientos violentos por parte de los menores a los que deben educar, controlar y vigilar».
El fallo judicial entiende que los empleados en estos centros «deben tener derecho a este plus hasta que las medidas de prevención que se están aplicando logren suprimir los riesgos como enfermedades infecto-contagiosas, amenazas, insultos o agresiones», según el comunicado.
Los magistrados también valoran el riesgo de excesiva carga mental, debido a la dedicación a labores educativas, unido al trabajo de control y vigilancia con el cumplimiento de normas, imposición de sanciones, según CSIF.
Este sindicato recuerda que este personal «incluso se ve obligado a denunciar en comisaría ciertos comportamientos de los menores», concluye el comunicado. (CONFILEGAL/EP)
