Las cosas claras en lo relativo al Ministerio Fiscal y la comunicación

No es la primera que vez que escribo sobre este tema. Y, visto lo visto, temo que no será la última, porque parece que me he aficionado a eso de predicar en el desierto. Pero bueno, tendré fe en eso de que la gota acaba horadando la roca y seguiré, según mi costumbre, inasequible al desaliento.

Traigo a colación la cuestión de la transparencia informativa -o la política informativa, si se prefiere- a raíz de que he leído que una de las asociaciones de fiscales –en concreto, la Asociación de Fiscales- plantea la necesidad de un gabinete de comunicación de la Fiscalía General conforme con la relevancia constitucional de la institución.

Como quiera que desconozco los términos de tal propuesta, no entraré en el contenido de la misma, sino más bien en la función del Ministerio Fiscal en relación con los medios de comunicación.

Lo primero que debería llamar la atención es que tal gabinete no exista, o exista en un modo ciertamente descafeinado. Que, a diferencia de lo que ocurre en la carrera hermana, la judicial, no se perciba un interés por un tema que, en los tiempos que corren, debería ser esencial.

Para quien no lo sepa, explicaré que tanto el Consejo General del Poder Judicial como cada uno de los Tribunales Superiores de Justicia cuentan con un órgano específico de relaciones con los medios de comunicación, el respectivo gabinete, con personal y medios propios, que se encargan de la transmisión de la información judicial y de auxiliar a los miembros del poder judicial a la hora de informar a los medios.

Por supuesto, con sus páginas y redes sociales propias, algo indispensable a día de hoy.

Sin embargo, en Fiscalía no hay nada de eso.

Simplemente una oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado y poco más.

Si buscamos en twitter podremos comprobar que, salvo error u omisión por mi parte, solo existe una cuenta de twitter del Consejo Fiscal, cuya última entrada es de septiembre de 2016, y ninguna correspondiente a la Fiscalía General.

Es curioso comprobar en esta red social cuántas fiscalías de otros países la tienen, pero nada en nuestro país.

Tampoco hay página ninguna en Facebook, por ejemplo, al contrario de lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía.

Pero la cosa resulta más curiosa, por decirlo de algún modo, si tenemos en cuenta una disposición legal que muchos ignoran.

Informar a la opinión pública

Y que no es otra que la que establece, entre las funciones del Ministerio Fiscal, desglosadas en nuestro Estatuto Orgánico, la de “informar a la opinión pública”.

Una función casi olvidada por propios y ajenos y que no ha sido objeto de más desarrollo.

La única concreción de esta labor viene establecida en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 3/ 2005 sobre las relaciones del Ministerio Fiscal con los medios de comunicación.

Un texto del que llama la atención, de una parte, su vejez, porque a nadie se le escapan los cambios que en esta cuestión se han operado en los últimos doce años.

Y, de otra parte, su casi total desconocimiento por parte, entre otros, de los propios afectados, tantos fiscales como medios de comunicación, por no hablar de la ciudadanía.

Ello motiva que, en muchas ocasiones, se lean las cosas que se leen sobre fitraciones e injerencias.

Según la citada Instrucción, en todas las fiscalías ha de existir una portavocía, que asume el propio fiscal jefe –o jefa- o que puede delegar en otro fiscal.

Este es precisamente el caso de quien firma estas líneas, portavoz de la fiscalía provincial de Valencia desde hace más de ocho años.

El texto no es demasiado explícito a la hora de determinar cómo se realizará la elección, los méritos a valorar ni en qué casos es obligatorio o recomendable delegar esta función de la jefatura, por ejemplo, en fiscalías con un volumen importante de trabajo y número de fiscales.

Tampoco la figura del portavoz es tenida en cuenta en el organigrama de la carrera fiscal ni de las diferentes fiscalías, ni sus funciones contempladas en la estadística que mes a mes se nos obliga a hacer a cada fiscal.

Es más, en la Memoria anual de la Fiscalía desde hace varios años no es ni siquiera un apartado obligatorio, al margen de lo que quiera hacer constar cada fiscal jefe haciendo uso de sus atribuciones para hacer comentarios en caulquier cuestión que crea de interés.

¿Cómo se configura la figura del portavoz y sus funciones?

Otra de las cuestiones a plantear es el modo en el que se configura esa figura del portavoz y sus funciones.

Habida cuenta que ni existen gabinetes de comunicación ni se hacen cargo los respectivos gabinetes de los Tribunales Superiores de Justicia, nos encontramos con que quien ejerce de portavoz, y pretende hacerlo con seriedad, tiene que actuar como un gabinete, proporcionando la información que se demanda en los términos que la propia Instrucción exige, organizando ruedas de prensa o emitiendo notas de prensa si procede, además de la atención inmediata y diaria.

Y no es por hacer de plañidera, pero resulta realmente difícil realizar esta labor de un modo satisfactorio sin contar con medios personales ni materiales ni, por supuesto, con exención ninguna de trabajo, compatiblilizándolo con las labores de fiscal “de trinchera”, como diría una compañera.

Desde un punto de vista estrictamente personal, puedo asegurar que es muy frustrante chocar con este desconocimiento, por parte de los propios medios, de las circunstancias en que se ejerce esta función.

Es difícil comprender que quien se debe encargar de atender a los medios no pueda hacerlo porque está haciendo juicios, o guardia, o cualquier otra cosa.

Y que tampoco tiene posibilidades ni obligación de estar disponible las 24 horas del día, por más que inteente atender las llamadas fuera de horas de trabajo e incluso en vacaciones. Es difícil explicar que la atención, facilitando incluso el número de telefóno personal, es cuestión de mero voluntarismo, porque no hay ninguna disposición que establezca cómo hacer nuestro trabajo y en qué condiciones u horario.

Por mi parte, soy una firme defensora de la transparencia informativa, como no podía ser de otro modo.

Pero no es solo una cuestión personal, sino que es consustancial a la labor del Ministerio Fiscal que, como garante de los derechos, debe velar por el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz.

Falta cultura de la información

Nos falta cultura de la información, falta una clara apuesta por un tema esencial hoy en día, y esto no es algo que se transmita desde la fiscalía a los propios fiscales. Ni siquiera hay un interés en la formación en esta materia, que es una de las grandes olvidadas en nuestros planes de formación. Y, para rizar el rizo, adolecemos de una mínima comunicación entre las diversas portavocías, más allá de los vínculos personales que, fruto de la casualidad, pueda tener cada cual.

Es, en definitiva, muy positivo que se reclame un gabinete acorde a la importancia de nuestra institución.

Pero resulta paradójico que no se confiera a la vez mayor importancia a las herramientas, escasas, que existen, las portavocías.

Creo que en plena sociedad de la información y la comunicación no se puede continuar con un sistema en que cada jefatura decide cómo y hasta dónde cumple con este mandato, si delega en alguien o lo asume y en qué modo.

Dudo mucho que en aquellos sitios donde no hay portavoz, los fiscales jefes faciliten su teléfono a los medios para que demanden la información que necesitan.

Y olvidamos que, si no lo hacemos nosotros, que somos la fuente oficial, quizá la información parta de cualquier otro sitio, no oficial y bastante menos imparcial.

Por último, al César lo que es del César. No puedo por menos que reconocer que desde la Fiscalía en la que yo trabajo, la Fiscalía Provincial de Valencia, se ha hecho y se hace cada día un esfuerzo por la transparencia.

Pero es difícil llegar a todo en unas condiciones como las descritas, por más que se intente.

Así que aprovecho este atril virtual para hacer un llamamiento o, más bien, expresar un deseo.

El de que, de una vez por todas, la fiscalía entre en el siglo XXI y pueda comunicar, a pie de igualdad, como cualquier otra de las instituciones del estado.

Con dignidad, reconocimiento y medios. O, al menos, con interés, que no es poco.

@gisb_sus

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