El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que pide a la Generalitat anular la Comisión Especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña por la «grave interferencia» que supone en el trabajo de los jueces y tribunales.
Así lo han acordado el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes y todos los vocales del órgano de Gobierno de los jueces a excepción de Concepción Sáez, designada a propuesta de IU, que ha votado en blanco.
En su declaración, el pleno del CGPJ, al igual que hizo la pasada semana la Comisión Permanente, ha mostrado la preocupación de los miembros del Poder Judicial por la creación de esa comisión, creada con el propósito de investigar las cargas policiales del 1-O al margen del trabajo que hagan los jueces en ese mismo sentido.
Por ello, el CGPJ entiende que la creación de la citada comisión es una grave interferencia en la labor de los jueces y tribunales encargados de esas investigaciones, labor «en la que no pueden ser inquietados por otros poderes públicos sin quiebra de la independencia que exige el principio de separación de poderes».
Del mismo modo, cree «infundada, injustificada y ofensiva la sombra de sospecha sobre la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales» que vierte el acuerdo por el que se creó esa comisión.
El órgano de gobierno de los jueces ha instado al Gobierno de la Generalitat a dejar sin efecto el citado Acuerdo Gov/138/2017, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, por el que se crea la “Comisión Especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña”. Y, de ese modo, «se restablezca la confianza de las instituciones y de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales».
Asimismo, el Consejo ha dado todo su apoyo a todos los miembros de la Carrera Judicial que cumplen su labor constitucional en Cataluña y que contribuyen con su trabajo diario al mantenimiento del Estado de Derecho, garantizando los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
este requerimiento del CGPJ es previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Generalitat por parte de la Abogacía General del Estado.
La semana pasada la Comisión Permanente la Comisión Permanente del CGPJ también acordó «poner en conocimiento del Ministerio Fiscal» las actuaciones de la Comisión Especial sobre la violación de los derechos fundamentales en Cataluña creada por la Generalitat «que suponga supervisión o injerencia de cualquier tipo en la labor realizada por jueces o magistrados, por si pudiera ser constitutiva de delito».
Una comisión criticadas por todas las instancias judiciales
Recientemente, los 43 jueces decanos calificaron de “esperpento sobrecogedor” la Comisión sobre violación de derechos catalana, al entender que “carece de toda justificación en nuestra democracia, en cuanto desconoce la sepración de poderes e ignora que los derechos y libertades están reconocidos y garantizados en nuestra Constitución».
Anteriormente, las cuatro asociaciones de jueces y las 3 de fiscales reafirmaron, de forma unánime, su compromiso con la Constitución y la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y calificaron la citada comisión de la Generalitat de “órgano innecesario”, a la que muestran su “rotundo rechazo” porque en el acuerdo de su creación se critica frontalmente al sistema judicial.
El propio Carlos Lesmes pidió la intervención del abogado General del Estado, Eugenio López Álvarez, para restablecer “el ordenamiento constitucional y legal que mediante el citado acuerdo se ha visto conculcado” por la
Una Comisión que supone, según Lesmes ‘una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial».
