El exvicepresidente del gobierno autonómico, Oriol Junqueras, el expresidente Carles Puigdemont y la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell el pasado día 27, cuando declararon la independencia. EP.
La magistrada Lamela mantiene la fianza de 6,2 millones de euros a Puigdemont, Junqueras y los 12 exconsejeros
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15/11/2017 06:05
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Actualizado: 03/12/2021 10:50
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La magistada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha mantenido la fianza solidaria de 6,2 millones de euros impuesta al expresidente del gobierno autonómico catalána, Carles Puigdemont, al exvicepresidente, Oriol Junqueras, y a los 12 exconsejeros -los 7 encarcelados, el que está en libertad y los 4 huídos con Puigdemont en Bruselas- al confirmar, mediante auto, la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra todos ellos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Son 442.857 euros lo que tienen que aportar cada uno so pena de ver incautadas sus propiedades.
La juez insiste que aunque «la Intervención General de Cataluña haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum -del pasado 1 de octubre- con dinero público no destinado a estos fines».
De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.
En este sentido, el abogado de los exconsejeros lamenta que se haya pedido ese dinero incluso antes de haber citado a los investigados y sin estar presente el letrado.
Insiste en que la jueza «no explicita ningún argumento basado en razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil», una forma indirecta de sustentar la concurrencia de un supuesto delito de malversación.
En el mismo auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por Junqueras y los exconsejeros de ERC, Carles Mundó, Dolors Bassa, además de Raül Romeva, todos ellos en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre.
Les recuerda que los investigados eran «participantes» que efectuaron «su aportación al plan secesionista que habría de llevar a cabo la declaración unilateral de independencia».
Los recursos de los exconsejeros alegaban que sufren «una situación de indefensión evidente» y hacían hincapié en que «ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia».
Además, impugnaban la querella del Ministerio Fiscal en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.
INVESTIGACIÓN CONJUNTA
En su auto, la magistrada instructora explica que el hecho de que se esté ante una organización que trabajó para sacar adelante el denominado ‘procés’, «hace necesario la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que puedan merecer».
Recuerda que los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista «perfectamente organizado y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas» como la Asamblea Nacional Catala (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión incondicional investigados por un delito de sedición.
Los exconsejeros resaltan en sus escritos de oposición a la admisión de la querella que la Audiencia Nacional no es competente para los delitos que se le imputan, escudándose en un auto de diciembre de 2008 de este órgano judicial que determinaba su incompetencia.
LOS CASOS PODRÍAN TERMINAR EN EL TRIBUNAL SUPREMO
Ayer el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió un informe a la magistrada Lamela para resolver sobre su competencia y la acumulación de la causa que se sigue contra los exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de ANC y Omnium. EP.
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