La Hacienda de la «república catalana» preveía recaudar entre 70.000 y 100.000 millones de euros en impuestos

La Hacienda de la república catalana preveía una recaudación mínima de 70.000 millones -y máxima de 100.000 millones de euros de elevar la tasa de presión fiscal-, de haber conseguido la independencia, de acuerdo con uno de los informes realizado por el Consejo de la Transición Nacional que se ha incorporado al procedimiento abierto en el Juzgado número 13 de Barcelona.

El titular de dicho órgano judicial es el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, quien investiga la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

La puesta en marcha de la Hacienda catalana habría podido costar entre 350 y 500 millones de euros. Estimaban en 5.000 perosnas los recursos humanos necesarios y un presupuesto en tecnologías de información y comunicación (TIC) de entre los 50 y 80 millones anuales.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones reflejada por los expertos independentistas era la obtención de los datos de los contribuyentes.

Para ello proponían, si no había acuerdo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), hacerse con la información dispersa en diferentes bases de datos, para la que no se necesita acceder con una «autorización expresa» y, el resto, pedírselo a los ciudadanos mediante una «campaña social».

En este texto, a disposición del magistrado Ramírez Sunyer, se expone que el «objetivo estratégico y prioritario» durante la primera fase del proceso de implantación de la Hacienda catalana era el acceso a la información de los contribuyentes catalanes para poder disponer de una base de datos que es la herramienta fundamental para alcanzar la «soberanía fiscal».

SANTIAGO VIDAL

Estas investigaciones se enmarcan dentro de la causa contra el exmagistrado y exsenador de Esquerra Republicana de Catalunya, Santiago Vidal, por las declaraciones que realizó sobre la posesión ilegal de datos fiscales de los catalanes.

Vidal, que después se vio obligado a dimitir, declaró en varias charlas recopiladas por ‘El País’ en noviembre del pasado año a lo largo de la geografía catalana, que el gobierno autonómico disponía de todos los datos fiscales de los ciudadanos de Cataluña y que habían sido obtenidos de forma ilegal.

COMPRA DE EQUIPOS, AL MENOS 100 MILLONES DE EUROS

Para poner en marcha dicha Hacienda, de acuerdo con el informe incautado al Consejo de la Transición Nacional, hubieran sido necesarios unos 100 millones de euros el presupuesto inicial de inversión TIC en lo referente a la adquisición de equipos informáticos, la compra de licencias, el diseño del sistema y la formación del personal técnico responsable de su implantación y mantenimiento.

Hacen esta estimación de acuerdo con los ratios internacionales en presupuesto TIC de las grandes organizaciones ya que, dicen, no han podido analizar en profundidad las inversiones necesarias para la creación de un organismo tributario de nueva planta.

En cuanto a las necesidades de personal, señalaban que si la plantilla de la Administración Estatal Tributaria destacada en Cataluña se traspasara a la Generalitat sumaría junto con los empleados de la Agencia Tributaria Catalana más de 5.000 personas.

No obstante, precisaban que la Comisión Europea señala que debería haber unos 1.000 empleados públicos por cada millón de habitantes para la gestión tributaria. Lo que supondría, en el caso de Cataluña, entre 7.000 y 8.000.

En cualquier caso, cifraban entre 200 y 300 los inspectores para realizar tareas de comprobación, inspección y auditoría fiscal; entre 1.000 y 1.200 los empleados necesarios para desarrollar las tareas de aplicación del sistema tributario, sobre todo la gestión, recaudación y comprobación masiva de declarantes; entre 100 y 200 Técnicos Superiores de la Generalitat catalana para la gestión y administración de recursos humanos y de 300 a 500 Mossos d’Esqudra con titulación superior y debidamente formados para la lucha contra la delincuencia fiscal y el control de aduanas.

A ellos se tendrían que sumar de 200 a 300 empleados de nivel formativo superior para dotar el resto de organismos que configurarían la Administración Tributaria del Estado propio y un Servicio de Informática propio con una plantilla de 200 a 300 efectivos, entre ingenieros, técnicos informáticos y personal de apoyo.

En cuanto a la recaudación, estimaban que si se aplicara la presión fiscal media que hay en España, el 34 por ciento, ésta estaría en torno a los 70.000 millones; que podría elevarse a los 80.000 millones si se eleva la presión fiscal hasta alcanzar la media de la UE (el 40 por ciento) y hasta los 100.000 si se aplicara la presión fiscal de los países que más recaudan, que está entre el 45 y el 50 por ciento.

En ese informe destacaban también como una pieza importante del desarrollo institucional del Estado propio la creación de un Banco Central de Cataluña para centralizar el flujo de la tesorería tributaria y poder emitir deuda pública destinado a «cubrir temporalmente el diferencial de recaudación que se obtendría en condiciones normales».

El informe especificaba las cuestiones que se deberían tener en cuenta en una primera fase de implantación de la Hacienda catalana en un Estado independiente, entre las que citaba ir dotándola de infraestructuras como el sistema informático y las oficinas de la ATC.

Además, consideraban que sería necesario de garantizar la continuidad entre los sistemas tributarios catalán y español y para ello proponían establecer, de manera transitoria, un periodo de prescripción de las infracciones tributarias más largo que el actual que es de cuatro años; declarar la aplicación transitoria de la normativa fiscal española vigente; asumir la gestión de las obligaciones tributarias pendientes y regular la concurrencia de las jurisdicciones fiscales. CONFILEGAL/EP.