El “sheriff” de Coslada se enfrenta a más de 26 años de prisión por extorsión, amenazas, cohecho y blanqueo

Ginés Jiménez, apodado el "shérif" de Coslada, ha sido acusado por la Fiscalía de los supuestos delitos de delitos de extorsión, cohecho, amenazas condicionales, tenencia ilícita de armas, y blanqueo de capitales.
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El próximo día 15 tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el ex responsable de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, conocido como el “sheriff” de Coslada, para quien el fiscal reclama más de 26 años de prisión por los delitos de extorsión, amenazas,  cohecho, depósito y tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

El juicio llega 10 años después de iniciarse la instrucción, por el “caso Bloque”, centrado sobre una supuesta trama policial en el municipio madrileño de Coslada, al este de la Comunidad de Madrid, y que tiene como imputado pricipal al exjefe de la Policía Local, Ginés Jiménez Buendía y otros 6 policías locales.

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En su escrito, al que ha tenido acceso CONFILEGAL, el representante del Ministerio Público señala que siendo en 2008 el máximo responsable policial en dicha localidad madrileña se aprovechaba de su cargo de agente de la autoridad para vulnerar el ordenamiento legal “movido por intereses personales en beneficio propio”.

La Fiscalía relata hasta doce episodios en los que el acusado se valía de su cargo para extorsionar y amenazar, incluso en un caso concreto a punta de pistola, a los propietarios de distintos establecimientos dedicados a la hostelería para que no le cobrara ni a él y a sus agentes las consumiciones que tomaban a cambio de permitir que sus locales siguieran abiertos.

También atribuye al acusado, a su mujer María del Carmen Pérez Martínez y al hijo de ambos Ginés Jiménez Pérez un enriquecimiento ilícito fruto de importantes cantidades de dinero “cuyo origen no está justificado” y que sirvió al matrimonio para gastos cotidianos de la unidad de convivencia, así como para la cancelación de préstamos hipotecarios o para la realización de inversiones inmobiliarias, en concreto para la compra de dos casas dos plazas de garaje y un trastero por valor de 414.518 euros la primera vivienda y 212.215 euros la segunda.

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A la mujer y al hijo de Ginés Jiménez les solicita 4 años de prisión para cada uno por un delito de blanqueo de  capitales.  

En el registro practicado el 8 de mayo de 2008 en el domicilio familiar del acusado fueron halladas “numerosas” armas blancas y de fuego “sin su correspondiente documentación reglamentaria” así como munición  en buen estado de conservación “sin poseer licencia y guía de pertenencia de armas”.

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3 rumanos y 6 policía locales, acusados de prostitución y cohecho, respectivamente

Dentro de la misma causa tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados tres ciudadanos rumanos (Catalin Avramescu y los Francisc Gurica y Ionot Guirca, aunque estos dos últimos se encuentran huidos de España y el tribunal los considera declarados en rebeldía) a quienes se les imputa un delito de prostitución y otros seis policías locales de Coslada que trabajaban a las órdenes de Ginés Jiménez Buendía por un delito de cohecho (Carlos Martínez, Felipe Guerrero Lerma, Fernando Jiménez Martínez, Mario Fonseca Novoa, Antonio José Carvajal Álvarez y Antonio Carrascosa Chacón).

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Según el escrito de la Fiscalía, los tres rumanos ofrecían protección a algunas prostitutas de la zona de Vicálvaro a cambio de una cantidad de dinero semanal que oscilaba entre los 300 y 600 euros.

Una vez que las mujeres eran reclutadas les obligaban a permanecer en la calle, en concreto en el polígono industrial de Vicálvaro, “pese a enfermedades, molestias físicas, la lluvia o el frío, sin ni siquiera un paraguas o con ropas húmedas, y a todas ellas después d exigirles su permanencia hasta altas horas de la madrugada”.

Carlos Martínez, para quien el fiscal pide dos años y ocho meses de prisión, era la persona que, según los rumanos, iba a proteger a las mujeres que ejercían la prostitución, se dedicaba, en cambio, “teniendo conocimiento” de la situación incluida la de que estaban obligadas a entregar dinero a Avramescua y a los hermanos Guirca, a mirar hacia otro lado porque “no realizó actuación alguna para perseguir el posible delito”.

Es más, la Fiscalía señala que todos los policías locales acusados se aprovechaban de su situación de agentes de la autoridad “para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de las mujeres que ejercían la prostitución”.

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