El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un empleado de una entidad bancaria de la Vall d’Uixó a 3 años y 4 meses y medio de prisión y a una multa de 2.030 euros por apropiarse de 3.297.735,59 euros.
La sentencia condena al hombre por un delito continuado de apropiación indebida agravado en concurso real con un delito continuado de falsedad en documento mercantil con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Además le obliga a indemnizar a la entidad con 3.273.401,98 euros más el interés legal desde el 23 de noviembre de 2005 y 30.000 euros por daños morales.
El tribunal absuelve a la esposa y al hermano del condenado del delito de cooperadores necesarios del que se les acusaba, aunque declara su responsabilidad civil a título lucrativo.
Según la sentencia, los hechos se desarrollaron entre 1998 y 2005 cuando el acusado desempeñaba el cargo de apoderado de una entidad bancaria, en el área de cartera comercial, cargo que le permitía introducir en los registros contables anotaciones de corrección no automáticas que requieren código de acceso solo disponible para dicho puesto de trabajo.
Durante este tiempo, y sin que conste que estuviera puesto inicialmente de acuerdo con su esposa ni con su hermano, urdió un plan para obtener un ilícito beneficio patrimonial, que consistía en desplazar importantes cantidades de dinero de dicha entidad bancaria a sus cuentas corrientes.
REMESAS SIMULADAS
El acusado efectuó estos desplazamientos mediante la creación de remesas simuladas de efectos comerciales, cuyo importe era ingresado en las referidas cuentas de titularidad de los acusados y de la empresa familiar.
Dichas remesas quedaban grabadas en el sistema operativo de la entidad, que utilizó el programa Toga hasta octubre de 2003 y el programa Iris hasta que fueron descubiertos los hechos en 2005, al percatarse el interventor de una diferencia importante -de 1.800.000 euros aproximadamente- del paso de un programa al otro.
El hombre, que llegó a desviar a sus cuentas 3.297.735,59 euros, entregó una carta al director de la entidad en la que reconocía la autoría de los hechos.
Posteriormente presentó un escrito en el juzgado en el que manifestaba que había obtenido financiación irregular y no consentida por la entidad, pero no reconoció realmente la cantidad debida como fruto de las operaciones realizadas. EP.
