El que fuera mano derecha de Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat, Josep María Jové, está muy preocupado por el análisis que se va a llevar a cabo sobre uno de sus 5 teléfonos móviles por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez Sunyer, y que, al parecer, contiene información «sensible» que podría incidir negativamente en la defensa de los imputados por el «procés»; él incluido.
Fue durante el registro al domicilio de Jové, llevado a cabo por la Guardia Civil bajo la autorización del magistrado Ramírez Sunyer, cuando se encontró el documento «Enfocats», la hoja de ruta secreta para la independencia elaborada, así como una agenda en la que figuraban todas las reuniones secretas, y sus fechas, que los dirigentes independentistas habían realizado desde agosto de 2015 con ese fin.
Dichos documentos han sido vitales para la imputación y encarcelamiento del líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Junqueras, el exconsejero de interior, Joaquim Form, y los presidentes de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cruixet.
DE 5 MÓVILES, 1 VITAL
Entre los efectos intervenidos a Josep María Jové, cuando fue detenido el pasado 20 de septiembre, había cinco teléfonos móviles. Uno de ellos se encontraba bloqueado por código de usuario en el momento de la incautación y su propietario se negó a facilitarlo.
El magistrado Ramírez Sunyer ha ordenado su desbloqueo. Para ese fin se ha contratado a la empresa israelí Cellebrite.
Jové, preocupado por el acceso a los contenidos de ese teléfono, está tratando de impugnarlo legalmente.
Para tal fin, ha presentado un escrito en el Juzgado en el que solicita al juez que le facilite la técnica de ataque de su terminal, con el fin de desacreditar a la compañía. recordando las acusaciones que pesan sobre ella en Estados Unidos.
En el texto afirma que la citada sociedad «ha adquirido cierta notoriedad a través de las críticas que la Asociación Americana de Derechos Civiles ha efectuado por su asistencia supuestamente irregular a la Policía en casos de investigación forense digital en los Estados Unidos».
Un agente y un informático de la Benemérita trasladaron el aparato a Munich, Alemania, donde Cellebrite tiene oficinas, el pasado 18 de octubre para que sus técnicos procedieran al desbloqueo y a la extracción de la información, dado que ninguna de las herramientas existentes en el mercado o el uso de técnicas forenses de las que disponía el laboratorio de la Benemérita pudieron lograrlo.
En un primer intento resultó imposible desbloquearlo, por lo que los agentes trajeron de vuelta a España el móvil de Jové.
Sin embargo, diez días después, el 28 de octubre, Cellebrite comunicó la disponibilidad de una forma de «ataque» al bloqueo del teléfono y sin necesidad de trasladarlo de nuevo a sus oficinas de Munich.
El juez autorizó entonces el desbloqueo con la técnica que prevé la empresa alemana y en presencia judicial.
Esto es lo que ha empujado a Jové a presentar el escrito en el Juzgado dicho escrito.
RECLAMA LA IDENTIDAD DE LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA
Por ello, además de pedir al juez que el propietario del terminal pueda estar presente en la práctica de la diligencia de desbloqueo y volcado de los datos, la defensa de Jové pide que, por parte del Juzgado se les informe de la «identidad de los peritos o técnicos de la empresa Cellebrite que hayan intervenido en el análisis del terminal móvil» de Jové durante el mes de octubre y los que actualmente estén ocupándose de las tareas de análisis del mencionado dispositivo.
La mano derecha de Oriol Pujol en la Vicepresidencia de la Generalitat quiere que se le informe de las acciones que hayan llevado a cabo en relación con el desbloqueo de su terminal, es decir, que le revelen la «técnica de ataque», así como la maquinaria empleada.
A ello añade la petición del software u otra tecnología que se ha usado y si éste es de código abierto o propietario, así como de la tecnología que se prevé usar en el futuro para desbloquearlo.
También quiere saber si el terminal telefónico ha sido trasladado fuera del territorio de la Unión Europea y, en caso afirmativo, en qué países ha estado.
Y en concreto, que se le informe de cuánto tiempo ha permanecido el teléfono en poder de Cellebrite y en qué condiciones de custodia y almacenamiento se ha tenido, así como la forma en la que se ha transportado.
Finalmente reclama saber si alguno de los procesos practicados se he hecho con la colaboración de otras empresas de tecnología y, en caso afirmativo, quiénes son esas empresas, así como la identificación de sus técnicos o trabajadores. Para ello, pide copia de los contratos o de los encargos realizados con estas empresas.
Jové, con esta estrategia, pretende que se aplique la doctrina del árbol envenenado, por la cual, cualquier prueba que se haya obtenido de forma ilegal no es válida. Confilegal con información de EP.
