Presunción de inocencia versus Estado de Derecho

El artículo 24 de nuestra Constitución, ése que ha de ser desarrollado cuanto antes hasta convertirlo en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, contiene el paradigma de todo lo que se entiende por derecho de defensa en la aplicación de la justicia en un Estado de Derecho:

Derecho a la tutela judicial efectiva

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Derecho a un juez ordinario

Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

En lo reflejado en el párrafo anterior estriba la diferencia entre un Estado bananero y un Estado de Derecho. Pero, atención, podríamos encontrarnos ante la tesitura de que no todo Estado autoproclamado de Derecho, realmente lo es.

Es el caso de aquéllos en los que la proclamación de los principios referidos en el párrafo anterior es meramente formal.

De esa situación de constitucionalidad presunta, derivan instituciones, prácticas y situaciones que dejan al descubierto las enormes carencias del sistema:

El jurado popular

La institución del Jurado en España es manifiestamente mejorable y debe ser reformada por sus enormes carencias en el ámbito de la presunción de inocencia. Todo acusado que comparezca ante el Tribunal del Jurado sin medios económicos suficientes para litigar, se enfrenta ante el poder absoluto de la acusación, con acceso a todos los medios materiales del Estado para la consecución de sus fines, con la consiguiente intoxicación del Jurado popular y la inevitable condena.

Presunción de inocencia

De entrada, quiebran la interdicción expresa de la indefensión, la utilización de los medios de prueba pertinentes para la propia defensa (sin medios económicos, no caben periciales de contraste que son denegadas sistemáticamente por el Magistrado Presidente si se solicitan de oficio) y, en definitiva, la presunción de inocencia. 

Al mismo tiempo, en los asuntos mediáticos por su gravedad y repercusión nacional, se produce de nuevo la quiebra de la presunción de inocencia. Grupos de presión en la calle proclamando desde el inicio de los procedimientos la culpabilidad de los acusados y exigiendo su inmediata condena. Sin olvidar los juicios paralelos en medios de difusión de cobertura nacional, en los que se materializa el linchamiento de los acusados.

En los últimos días, hemos asistido en todos los medios de comunicación, al espectáculo lamentable de unos padres, los de Diana Quer y otros de casos similares, haciendo política, manipulando e intoxicando a la opinión pública, al exigir que se ratifique en sede parlamentaria la pena de prisión permanente revisable, esa vulneración flagrante del artículo 25 de nuestra Carta Magna que enturbia aún más la vigencia real de nuestro Estado de Derecho.

Nos parece intolerable que se pretenda influenciar al legislador desde ese espíritu vindicativo y populista, aunque debemos dejar meridianamente claro que lamentamos las muertes de Diana y de todas las jóvenes asesinadas en circunstancias similares y nos solidarizamos con las familias en su dolor.

El penúltimo caso mediático con los atributos de los párrafos anteriores, es el de José Enrique Abuín, alias “el Chicle”, que presuntamente se ha declarado culpable de la muerte de Diana Quer.

on independencia de la repulsión que ése y otros crímenes similares nos producen, la ciudadanía no puede ser manipulada por quienes sobradamente conocen los mecanismos judiciales en un Estado de Derecho.

Los medios de comunicación, en su legítimo derecho de información, deberían ser más didácticos en estas materias.

No se trata sólo de obtener cuotas de pantalla, es preciso empezar a concienciar en serio a la ciudadanía sobre la relevancia que en un Estado de Derecho tiene la presunción de inocencia hasta que una condena devenga firme y determine, en su caso, la culpabilidad.

Derecho de defensa

En estos casos quiebra, a veces, algo que nunca debería hacerlo, que es el derecho de defensa.

Por un lado, no es de extrañar que -ante una brutal presión mediática y ciudadana, con insultos e incluso atentados flagrantes contra la intimidad, como ha sido el caso-, haya compañeros que desistan de defender a investigados en este tipo de crímenes horrorosos.

Las fuerzas de seguridad del Estado, los Colegios profesionales y el resto de compañeros del colectivo de la Abogacía, debemos ser ecuánimes y contundentes en nuestro apoyo a estos compañeros en circunstancias tan difíciles

Pero no podemos entender muy bien que se produzca la indefensión de un investigado, en estas circunstancias, con argumentos como “no creer en el caso o que es necesario defender con pasión”.

No estamos de acuerdo. La pasión es (o, mejor dicho, debería ser) connatural al ejercicio de esta bendita profesión que es la abogacía. Con esa premisa, todo lo relativo a cualquier excusa adicional deviene irrelevante.

Para casos tan complejos como el de «el Chicle», se ha tenido que recurrir a la “caballería”, es decir al Turno de Oficio, ese magnífico colectivo de abogados apasionados por la profesión que, sin lugar a ningún género de dudas, hará un magnífico trabajo en la defensa de éste y de cualquier otro investigado, sea cual sea la relevancia mediática del caso.

Para finalizar, la pregunta del millón: ¿cuántos años deben transcurrir todavía en España para que se consolide esa Constitución democrática y social de 1978, hasta conseguir que nuestro Estado de Derecho deje de ser una entelequia puramente formal?…