«El Tribunal Supremo -y también el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional- no están cayendo en las trampas procesales que están poniendo los separatistas. Y lo están haciendo muy bien», afirma Javier Ortega Smith, acusación popular de Vox en el caso contra los dirigentes independentistas encarcelados preventivamente.
«El último ejemplo, es el viaje de Carles Puigdemont a Dinamarca es un buen ejemplo. Puigdemont buscaba la provocación de su detención. Anunció premeditadamente que iba a viajar a Copenhague. Contó el día, la hora, incluso el vuelo de avión. Con ese anuncio, es evidente, trataba de contrarrestar el informe de los letrados del parlamento autonómico que dice que si libremente no comparece un diputado no puede estar en la sesión de investidura», explica.
«La manera de saltarse ese informe es que le detuvieran. Porque desde ese momento podía decir que no podía comparecer de manera voluntaria porque no le dejaban. ¿Y qué efecto buscaba? Situarse en la misma posición, aunque fuera desde Dinamarca, que los detenidos en prisión provisional en Madrid. Y así se metía en el supuesto del voto delegado, cosa que, con buen criterio, vio el magistrado instructor, Pablo Llarena«, continúa.
La otra derivada, según Ortega Smith, es la famosa teoría de la restricción de título de imputación, o principio de especialidad, que significa que, en caso de solicitar una euroorden, el país en el que se encuentra el buscado sólo concedería la entrega con la condición de que fuera juzgado por los delitos autorizados expresamente por los que se concede.
«Llarena ha evitado todo esto y está demostrando ser un magistrado que tiene una concepción no formalista del derecho. De no aplicación automática, como hacen algunos jueces. La aplicación automática es lo que ha hecho la Fiscalía. Es decir, si usted tiene cursada una orden de detención en España y ha habido una situación de prófugo en el extranjero. Lo que ha tenido que hacer usted, según el manual, es aplicar la orden internacional», señala.
Y agrega: «Este juez va más allá. Y dice: Si la aplicación formal del procedimiento va a llevar a que, en definitiva, se salte la norma. eso se llama fraude de ley. Y yo no le voy a permitir que se salga con su objetivo, que es provocar su detención».
Ortega Smith considera que el tribunal está a la altura del desafío al que hay que hacer frente.
«Porque tenemos una defensa que está utilizando argucias legales, procesales, con una apariencia de legalidad, pero que, en el fondo, buscan lo que se denomina fraude procesal. Pretenden llegar a un destino distinto del que prevé la ley. Y eso, hoy por hoy, la justicia lo está evitando. El auto, en este sentido, es soberbio. Una buena prueba», concluye.
