Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, durante una jornada del juicio de la pieza política de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla.
Comienzan los interrogatorios a los acusados en la pieza política de los ERE
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12/2/2018 06:15
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Actualizado: 11/2/2018 20:58
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El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, se reanuda este lunes en la Audiencia de Sevilla con el inicio de los interrogatorios a los acusados.
Tras un mes de parón, para que el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, resolviera las cuestiones previas planteadas por las acusaciones y defensas en las primeras sesiones, el juicio se reanuda este lunes.
En su escrito de acusación, de 44 folios del escrito, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los acusados prevaricaron y malversaron al idear o mantener un sistema para repartir entre 2001 y 2011 más de 854 millones de euros en ayudas sociolaborales, de forma arbitraria y sin control, propiciando el fraude.
Para esta jornada, y según el orden fijado inicialmente por la Fiscalía, el primer acusado que deberá responder a las preguntas de las partes será el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Es uno de los principales implicados en el caso ERE, y de los pocos que ha pisado la cárcel, ya que ostentó el cargo durante gran parte del periodo (2001-2011) en el cual la Junta repartió de forma «arbitraria» más de 850 millones en ayudas sociolaborales -gestionadas por su departamento- con un «procedimiento específico», presuntamente creado para eludir controles administrativos.
Guerrero acuñó el término «fondo de reptiles»
Fue precisamente Javier Guerrero quien acuñó el término «fondo de reptiles» para referirse a la partida presupuestaria de la que salían las ayudas investigadas, aunque luego se retractó, y durante la instrucción mantuvo que sus superiores conocían y aprobaban las subvenciones que se daban.
Con 22 acusados sentados en el banquillo, una docena de peritos y más de un centenar de testigos -a los que se han sumado casi otros 50 propuestos por las partes en las cuestiones previas y admitidos por el tribunal-, la sección primera de la Audiencia ha fijado un calendario provisional del juicio hasta el 31 de octubre.
Entre los nuevos testigos incorporados destacan el actual vicepresidente andaluz Manuel Jiménez Barrios, los exconsejeros Antonio Ávila y Mar Moreno y una ex alto cargo del Gobierno central en la época de Aznar, la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova (investigada en la pieza separada del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, que cofinanció el Estado, donde declaró que la Junta podría haber dado sus ayudas con el mismo sistema que el Gobierno).
Ya no se les acusa de asociación ilícita
La novedad más relevante para los procesados desde la última vez que se sentaron en el banquillo, el 15 de enero, es que ya no se les acusa de asociación ilícita, un delito por el que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el juicio, pedía dos años de cárcel para cada uno.
El tribunal entiende que no concurren todos los requisitos del delito de asociación ilícita ya que en el auto de apertura de juicio oral «ninguna mención aparece a la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles» y solo se «describe un supuesto de mera codelincuencia, pero no de asociación ilícita».
Las defensas solicitaron quitar esta acusación incluida por el PP de forma «sorpresiva» al final de la instrucción (el fiscal y la acusación de Manos Limpias les apoyaron), y el tribunal lo ha hecho.
Ello supone que Chaves, los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río no se enfrentan ya a penas de prisión, pues ninguno está acusado de malversación sino sólo de prevaricación (castigada con inhabilitación).
El resto, entre ellos Griñán y cuatro exconsejeros, sí afrontan de 6 a 8 años de cárcel por malversación (y 30 de inhabilitación), dos menos que cuando se les acusaba también de asociación ilícita.
Las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa
En su escrito, la Fiscalía pedía un pronunciamiento expreso de que en esta pieza solo se juzga la creación y mantenimiento de un procedimiento específico con el que la Junta repartió 850 millones en ayudas entre el 2001 y el 2011 y no la concesión y pago de cada una de esas ayudas para las que se han abierto piezas separadas.
Ante eso, el tribunal ha dejado claro que «las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa». En principio no afecta a este juicio pero puede tener repercusión en las piezas separadas sobre cada ayuda dada.
Otros tribunales están archivando la imputación de varios excargos de la Junta en esas piezas por considerar que ya se les juzga por todas las ayudas concedidas en este proceso (y no se les puede enjuiciar dos veces por lo mismo), una interpretación que no comparte la sección primera de la Audiencia.
El tribunal rechaza también rechaza anular la instrucción del juez de refuerzo
El tribunal también rechazó otras cuestiones previas planteadas por las defensas como que los acusados declaren los últimos -tras los peritos y testigos- y anular la instrucción desde que la asumió en enero del 2016 el juez Álvaro Martín porque era el de refuerzo y no el titular del juzgado de instrucción 6.
La defensa de Griñán, que ejerce el abogado José María Mohedano, a la que se sumó la mayoría, considera que se vulneró el derecho al juez natural pero el tribunal afirma que «no se ha designado ningún juez ad hoc» para esta causa y «las sospechas de quien aduce la vulneración de la imparcialidad del instructor no constan objetivamente justificadas».
Sostiene que el reparto de trabajo entre la titular y el juez de refuerzo está «justificado» y acordado legalmente «atendiendo a las evidentes necesidades derivadas del retraso que se había originado por la acumulación de asuntos de una gran envergadura en un solo juzgado y en un solo juez».
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