José Ignacio Prendes Prendes, vicepresidente del Congreso de los Diputados y diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pide al ministro de Justicia, Rafafel Catalá que le de «respuesta por escrito», «sobre el reparto de las cargas de trabajo en la Administración de Justicia».
Así, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, Prendes realizaba, el pasado 23 de febrero, sobre este asunto tres preguntas concretas dirigidas al ministro Catalá:
.- ¿Consideran oportuno fijar las cargas judiciales, tal y como solicitan las cuatro asociaciones judiciales?
.- ¿Cuál es la labor que su Ministerio ha desempeñado para mejorar, en la medida de lo posible, el reparto de las cargas y el trabajo judiciales?
.- ¿Qué medidas considera su Ministerio emprender en el futuro a los efectos de agilizar y racionalizar el trabajo de los jueces, tal y como, de acuerdo con la legislación aplicable, le corresponde realizar?
En su escrito, Ciudadanos recuerda que el pasado mes de julio de 2017, las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente, Juezas y Jueces para la Democracia y Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria) presentaron una demanda contra el Consejo General del Poder Judicial, más tarde extendida al Ministerio de Justicia y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, por no fijar las cargas de trabajo judiciales.
Y señalan que «El artículo 560.21.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial estipula que dicho Consejo, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, debe elaborar y aprobar los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo para determinar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales«.
Dado el incremento presupuestario en el Ministerio de Justicia en 2017 (un aumento del 7,6% respecto al año anterior), incluida una parte de 150 millones de euros destinados a la transformación digital y un aumento presupuestario sustancial para el Consejo General del Poder Judicial, las condiciones laborales de la Administración de Justicia deberían haber mejorado de manera proporcional. «Al contrario, recientemente han acarreado éstas una demanda contra el Ministerio de Justicia, citada al inicio de esta pregunta escrita».
En este sentido, desde la formación naranja insisten en que «El Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, dispone que es éste el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia. Es intención del Grupo Parlamentario Ciudadanos que esta disposición, que no fue elaborada sino por el propio Gobierno, sea cumplida en su plenitud».
Recientemente, el pasado 12 de febrero, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se declaraba incompetente para resolver la demanda de conflicto colectivo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero daba razón a las asociaciones judiciales sobre el hecho central: que le corresponde al CGPJ determinar la carga de trabajo de todos y cada uno de los jueces y que no lo ha hecho.
