El periodista Carlos Ramón Sosa Báez, compañero sentimental de la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, y el partido político Podemos -del que la mencionada fue diputada- son acusaciones populares «separadas» en la causa que se está siguiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el magistrado Salvador Alba. Sin embargo, comparten la misma procuradora: María Teresa Díaz.
La magistrada Rosell, que aparece en el caso como perjudicada, solicitó estar presente como acusación particular pero le fue denegada porque procesalmente no encajaba en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Carlos Sosa, por su parte, es director del periódico digital regional Canariasahora.com, el cual mantiene una alianza con Eldiario.es, y con Canarias 7, otro diario del archipiélago canario.
Es público, y de todos conocida, la posición abiertamente crítica de Sosa hacia Alba en todas sus informaciones.
Precisamente el proceso de venta de una frecuencia de radio -propiedad de Sosa-, al club de futbol Unión Deportiva Las Palmas, del que es presidente el empresario Miguel Ángel Ramírez, por 300.000 euros, está el origen de este caso, convertido en un culebrón mediático-jurídico-deportivo digno de inspirar una de las muchas series de televisión que suelen producir cada año Netflix o HBO.
Un caso al que esta semana pasada la magistrada del caso, Margarita Varona, del TSJC puso fin, después de 20 meses de instrucción, convirtiendo las diligencias previas en procedimiento abreviado.
Lo que desembocará en la apertura de juicio oral o, por el contrario, en su archivo.
En el «auto de conversión en PA» -o «auto de PA», como se le conoce en la jerga legal-, Varona dice entender que hay indicios suficientes para juzgar a Alba como supuesto autor de un delito de prevaricación judicial, otro de cohecho, un tercero de falsedad, y, por último, un delito de revelación de secretos.
Recurso de apelación
Acusaciones con las que el abogado defensor de Alba, el catedrático Nicolás González-Cuéllar, socio director del despacho González-Cuéllar Abogados, está en completo desacuerdo, por lo que, según ha avanzado a Confilegal, solicitará el sobreseimiento y el archivo de la causa en el consiguiente recurso de apelación que su despacho presentará en los próximos días.
«Estamos satisfechos de haber llegado, finalmente, a este punto, porque ahora le corresponderá a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC tomar una decisión. Durante todo el tiempo que ha durado la instrucción no ha resuelto ninguno de nuestros escritos, a pesar de que se lo pedimos de un modo reiterado”, explicó a este diario.
De acuerdo con González-Cuéllar, el auto de la magistrada Varona «adolece por completo de motivación porque no dice de donde surge cada delito. Desde nuestro punto de vista no existe delito alguno».
El supuesto delito de prevaricación, según la magistrada, estaría comprendido en una providencia de 18 de marzo de 2016 en la Alba cita, cinco días más tarde, al empresario Ramírez como investigado.
En opinión de González-Cuéllar, «una providencia es una resolución de mero trámite. No veo donde está la prevaricación».
Como catedrático de derecho procesal, el abogado también muestra su perplejidad sobre el supuesto delito de cohecho.
«Porque la magistrada no expone cuál es el hecho. Aquí nuestro cliente no ha pedido soborno alguno y nadie le ha ofrecido ningún soborno», cuenta.
El supuesto delito de «falsedad documental», en opinión del abogado también es inexistente.
«El auto habla de ‘faltar a la verdad en la narración de los hechos’. En ninguno de los tres documentos el magistrado Alba ha cometido falsedad alguna. Lo concretaremos en nuestro recurso de apelación».
Y sobre el presunto delito de «revelación de secretos», basado en la supuesta filtración al periodista Fernando Lázaro, del diario El Mundo, de la declaración que realizó el citado empresario, Miguel Ángel Ramírez, en la comparecencia del 23 de marzo de 2016, ante Salvador Alba, González-Cuéllar niega que tenga relación personal alguna con el periodista y que hubo otras personas que también tenían acceso a copias de dicha declaración.
