El magistrado el Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el ‘procés’ en el Tribunal Supremo, ha denegado al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat) permiso para salir de prisión y acudir al Pleno de investidura fijado para el próximo lunes 12 de marzo en el Parlament de Cataluña. También rechaza la petición de excarcelación que hizo su defensa en su escrito del pasado miércoles.
El magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.
El mismo argumento esgrimido hoy por la fiscalía para oponerse a ambas peticiones.
El juez Llarena pidió informe sobre la petición de excarcelación realizada por la defensa de Sánchez tanto a la Fiscalía como a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, y les dio plazo para responder hasta el mismo lunes, 12 de marzo. Vox no presentará su informe hasta el lunes.
Según el auto del juez Pablo Llarena, “La investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron a perseverar en su táctica”, señala el auto, que subraya además la reciente integración de Jordi Sánchez en una candidatura electoral “que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon”.
Y por ello, sostiene que “Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”.
No al «permiso específico» para ir al Pleno
Sobre la petición de Sánchez, en caso de no quedar en libertad, de obtener un permiso específico para acudir al Pleno del día 12 convocado para debatir su investidura, el magistrado la deniega tras realizar una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que tratan de protegerse.
Explica que si bien el artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones, esos derechos se pueden limitar fundándose en finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad.
Concluye al respecto que, “aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
La defensa del que fuera presidente del la Asamblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, pidió expresamente al magistrado que se pronunciara sobre esta cuestión antes del próximo lunes y anunció que, si esta respuesta no se produce a tiempo o es negativa acudirá a denunciarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pedirá allí que se decrete su libertad para ejercer sus derechos políticos.
En este mismo sentido, el presidente del Parlament, Roger Torrent, recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Tribunal Supremo de denegar a Jordi Sànchez el permiso para acudir al pleno del Parlament convocado el día 12 para investirle como presidente de la Generalitat.
Fuentes de la presidencia del Parlament han indicado que Torrent «agotará todas las vías legales» para «defender los derechos de los diputados y la soberanía» de la cámara.
