La conocida cadena mundial de cafeterías Starbucks y 90 otras compañías proveedoras de café han recibido un revolcón sin precedentes ante la justicia de Los Ángeles que ha dictaminado que las tazas de café tienen que estar etiquetadas con la advertencia de que contienen una sustancia cancerígena.
El juez del Tribunal Superior de California, Elihu Berle, ha dado así la razón al Consejo para la Educación e Investigación sobre Tóxicos, un grupo sin ánimo de lucro muy poco conocido, que ha convencido al magistrado de que el café contienen una sustancia peligrosa para la salud: la acrilamida, clasificada como componente cancerígeno en la ley de California y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
La acrilamida aparece como consecuencia del proceso de tostado y en otros productos de alimentación cocinados como las patatas fritas.
La industria de café reconoce la presencia de dicho producto químico, pero afirma sus niveles son inofensivos y compensa por el bienestar que se obtiene de tomar café, una opinión que no comparte el magistrado.
Para el juez Berle, ni Starbucks ni otras compañías, como Green Mountain Coffee Roasters o Kraft, han informado del «riesgo significativo» para la salud que deriva de dicho proceso de tostado.
Su sentencia no es firme.
Las citadas compañías tienen hasta el 10 de abril para recurrir.
Sin embargo, si en la apelación volvieran a recibir un nuevo revolcón, podrían ser multadas con 2.500 dólares por persona expuesta cada día.
Dichas sanciones se podrían remontar a ocho años atrás en un estado que cuenta con 40 millones de residentes.
Todo un negocio para los demandantes.
Dos de los demandados, la red de gasolineras BP West Coast Products que gestiona tiendas de productos en las que se sirve café diariamente, accedió a incluir avisos sobre la peligrosidad del café en los recipientes así como a pagar 675.000 dólares; Yum Yum Donets Inc. llegó a un acuerdo similar, si bien la cantidad pactada fue de 250.000 dólares.
La demanda contra Starbucks ha sido posible gracias a la Ley de Agua Potable Segura y Tóxicos, aprobada en 1986 en ese estado, que permite a ciudadanos, grupos de defensa de derechos y abogados presentar demandas en nombre del estado y recibir, a cambio, una parte de las sanciones civiles que se impongan.
