Carles Puigdemont ha pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que anule todas las actuaciones contra él por no haberse podido defender de ellas hasta este momento, pero no da ninguna explicación del porqué se fugó a Bélgica, que es la razón principal de esa supuesta»indefensión», y porque no se presentó ante la Justicia cuando fue requerido.
Puigdemont permanece en estos momentos en una prisión alemana a la espera de que la justicia de ese país decida sobre la petición de euroorden presentada por el Supremo de España.
La petición se ha producido dentro del recurso de reforma que su abogado -el exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona-, Jaume Alonso Cuevillas, ha presentado hoy ante Llarena.
En el mismo solicita al magistrado que revoque el auto de procesamiento contra su persona por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
En su escrito, en el que se representa de forma conjunta a Puigdemont y a los exmiembros del Govern igualmente huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig, este abogado defensor argumenta, desde su punto de vista, y a lo largo de 85 páginas, que no existen los delitos de rebelión y malversación de los que se les acusa.
Alonso Cuevillas afirma que sus clientes han sufrido varias «violaciones de procedimiento», entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento, lo que considera contrario al derecho europeo e internacional.
Además, pide que se anule toda la causa por varias razones, como la falta de competencia del Tribunal Supremo para entender de este asunto que a su juicio debería haberse sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
DEJAR SIN EFECTO LOS 2,1 MILLONES DE FIANZA
Por otra parte, Alonso Cuevillas tampoco está de acuerdo con la fianza de 2,1 millones de euros, fijada en el auto de procesamiento, al no existir -a su juicio- constancia alguna de que se haya malversado o destinado ninguna cantidad y por supuestamente existir, por el contrario, constancia documental de que no se ha dispuesto de cantidad pública ninguna para sufragar el referéndum de autodeterminación celebrado en fecha 1 de octubre de 2017.
Una afirmación que choca con los informes de la Guardia Civil de las últimas semanas.
Alonso Cuevillas combate el cargo de violencia -el eje central del delito de rebelión- porque, según aprecia, en las manifestaciones del 20 y del 1 de octubre, no existió. EP.
