Jueces, fiscales y funcionarios de Justicia inician las protestas reivindicando mejoras laborales
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04/4/2018 06:15
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Actualizado: 04/4/2018 08:40
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Las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos de funcionarios CSIF y STAJ han convocado concentraciones ante el Ministerio de Justicia y los juzgados para este miércoles y jueves con el fin de reivindicar mejoras laborales.
Los primeros en parar serán los funcionarios que se concentrarán, a las 13.00 horas de mañana día 4 ante el Ministerio de Justicia, según han informado STAJ y CSIF para protestar por la «actitud» del ministro Rafael Catalá y su equipo ministerial frente a sus reivindicaciones.
Desde el CSIF reclaman el fin de la discriminación salarial de los funcionarios de Justicia en relación a las CC.AA. transferidas. “La diferencia salarial alcanza hasta los 500 euros al mes en el complemento específico por pertenecer a los mismos cuerpos nacionales, asumir las mismas responsabilidades, realizar las mismas funciones y acceder a estos cuerpos por la misma vía”, señalan desde la central sindical.
Según señala STAJ en un comunicado, este departamento no cumple el acuerdo de diciembre de 2015 firmado con los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo y resalta que «continúa con su actitud de no negociar, a pesar de que la ley les obliga».
Asimismo, tildan de «mentiras evidentes» las 50 enmiendas que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados a la Proposición de Ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), porque se suponía que «iba a ser un trámite urgente» para la devolución de los permisos a los funcionarios de justicia y Jueces y fiscales.
Jueces y fiscales pueden reforzar la independencia judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas
Por otro lado, el jueves serán los jueces y fiscales los que salgan a la misma hora a las puertas de todas las Audiencias Provinciales y juzgados de España, donde el decano, fiscal jefe provincial o algún juez o fiscal designado leerán un manifiesto en el que piden a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con «urgencia» se acuerden las siguientes medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.
El paro de este jueves dará comienzo a las movilizaciones que ya anunciaron el pasado 5 de marzo las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– y las tres de fiscales -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales–.
Las siete asociaciones acordaron que la primera movilización se produzca el 5 de abril, a las 13 horas, en todas las sedes judiciales del país, con la lectura del documento “14 propuestas para la mejora de la Justicia”, que son la base de las reivindicaciones del colectivo judicial, en poder del Gobierno y del CGPJ desde el pasado mes de julio.
Las del colectivo fiscal comprenden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implatación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su independencia presupuestaria.
Además, los jueces y fiscales piden al Ministerio de Justicia un plan de inversión «suficiente y prolongado» para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea. También, piden la convocatoria «inmediata y formal» de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Este es el primer paso, de no ser escuchadas sus reivindicaciones sus protestas culminarán el 22 de mayo próximo con una huelga general de los 5.500 jueces y los 2.407 fiscales de toda España si el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen mano sobre mano, sin hacer nada, como hasta ahora.
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