La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, como jueza instructora del caso, ha acordado la apertura de juicio oral contra el también magistrado Salvador Alba, miembro de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como supuesto autor de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
La magistrada instructora del proceso, que ha declarado abierta la última fase del proceso penal en primera instancia, también requiere al juez Alba para que en el plazo de 24 horas preste fianza por importe de 85.000 euros para satisfacer las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir.
El auto da cuenta de la situación en la que queda Salvador Alba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora podría iniciar el proceso para suspenderle cautelarmente en sus funciones como magistrado.
Los delitos por lo que está acusado Salvador Alba se encuentran relacionados con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell cuando era candidata al Congreso de los diputados por Podemos.
Así, según la investigación, Alba prometió a Ramírez un supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell.
Por su parte, el Ministerio Fiscal avanza en su escrito de calificaciones provisionales que solicitará para el juez un total de 10 años de cárcel para el magistrados y 29 de inhabilitación.
En la causa también está personada Victoria Rosell en calidad de víctima, y como acusación particular su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa, quien vendió a una empresa de Ramírez una frecuencia de radio para emitir información del U.D. Las Palmas, y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares.
Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público.
Por su parte, Salvador Alba mantiene, a través de su dirección legal, que es inocente de los cargos que se le imputan, por lo que pide su libre absolución.
La fecha del juicio se señalará en los próximos meses.
Por último, indican que en el caso de que, cuando se suspenda al magistrado de sus funciones, no esté terminada la redacción de la sentencia del llamado caso Faycán (del que Alba es a fecha de hoy ponente), la Sección Sexta de la Audiencia Provincial adoptará la resolución que proceda, evitando si es posible la repetición del juicio.