Dos periodistas de dos medios nacionales diferentes fueron los que alertaron -de forma separada-, la tarde del sábado 28 de abril, a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, y al director de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Gonzalo Ruiz Eraso, de la existencia de la «brecha de seguridad» que, a través del Código Seguro de Verificación (CSV) que figuraba en la sentencia de «la manada», permitía acceder al fallo completo, con el nombre completo y el DNI de la víctima.
La presidenta Erice, ante la gravedad de la información, se puso en contacto rápidamente con los máximos responsables de la Consejería de Justicia del Gobierno Foral de Navarra y con la letrada de la Administración de Justicia y en poco tiempo se inhabilitó el acceso a la sentencia vía internet.
Dicha «brecha de seguridad» existió en una ventana temporal de apenas 48 horas, desde la distribución de la sentencia a los medios de comunicación, el 26 de abril, y el 28 del mismo mes.
Los dos periodistas -que prefieren mantener el anonimato de su medio y de su identidad y que no publicaron ni hicieron uso del nombre de la víctima del caso- recibieron la información de dos abogadas progresistas que forman parte de un grupo de WhatsApp y que fueron las primeras que descubrieron que entrando en la dirección de Internet adecuada y tecleando el CSV de la sentencia tenían acceso pleno a la misma.
Quien haya publicado el nombre de la víctima de La Manada se enfrenta a responsabilidades penales y de protección de datos.
Pero la reacción nunca puede ser matar al mensajero en genérico, atacar a quienes evitaron que este error creciera y fuera a mayores, ni atribuir responsabilidades a los letrados sin preguntarse qué pudo ocurrir.
Un accidente es siempre el fruto de muchas causas concatenadas que desembocan en el fatal desenlace.
Así lo demostró el premio Nobel Richard Feynman en la investigación del siniestro del transbordador espacial Challenger y así lo confirma todo experto en seguridad laboral cuando estudia de manera global un accidente de trabajo.
En el caso del CSV de la sentencia de La Manada, ocurre lo mismo.
Ahora se trata de buscar «qué» ha pasado, con una aproximación objetiva para prevenir que vuelva a ocurrido en el futuro. Y, por lo que sabemos, pasó que el acceso a las resoluciones a través de los CSV de Navarra estaba abierto al todo el público; esto es, no había necesidad de tener que cumplimentar un filtro de usuario y contraseña previo, filtro que ahora existe.
Y pasó también que los operaciones jurídicos recibieron escasa formación en el uso de estas trazabilidades electrónicas.
