Al magistrado Félix Azón, nuevo director General de la Guardia Civil, se le acumula el trabajo en estos pocos días que lleva en el cargo. Ahora tendrá que buscar una normativa nueva que regule el asociacionismo en este colectivo.
En una sentencia que muchos ya califican de histórica, y que se dio a conocer el pasado viernes, el Tribunal Supremo declara “nula de pleno derecho” la Orden General de la Dirección General de la Guardia Civil de 2015 que regulaba el desarrollo de los derechos de las asociaciones profesionales del Cuerpo y de sus representantes.
El Supremo, en su sentencia, 2049/2017 de 9 de julio del 2018, de la que fue ponente José Luis Requero, establece que la Orden General supone una “infracción del artículo 97 de la Constitución, del artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y del artículo 24 de la Ley del Gobierno”, y que su “nulidad pretendida lo es en su totalidad por aprobarse bajo la misma un reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 11/2007 por un órgano incompetente, al margen del procedimiento exigible”.
Es decir, el fallo deja claro que dicha Orden General excede las competencias de la Dirección General al injerir en una Ley Orgánica aprobada en 2007, y de rango por tanto muy superior. Nos encontramos ante una extralimitación de sus funciones por parte de la Dirección General con una finalidad muy clara: continuar restringiendo la capacidad y los derechos de las asociaciones profesionales en la Guardia Civil.
El abogado experto en Derecho militar y asociacionismo, Mariano Casado ha sido el profesional que ha gestionado este asunto jurídicamente en nombre de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), asociación mayoritaria en la Guardia Civil con más de 31.000 asociados. “ El fallo es importante porque anula la Orden General que regulaba todo este derecho de asociación en la Guardia Civil, muy criticada por todas las asociaciones”, aclara.
Desde AUGC se señala que con esta Orden General, la Dirección General intentaba cercenar y vaciar de contenido el núcleo esencial de la Ley Orgánica que recoge la existencia de las asociaciones profesionales en el Cuerpo.
Casado recuerda que “ha habido que superar varios obstáculos. Hay que recordar que el fallo del TSJ de Madrid no nos dio la razón y también tuvimos que superar el trámite de admisión del recurso en el Tribunal Supremo, con vista incluida a la que acudimos. Superada la admisión, la sentencia declara nula de pleno derecho dicha Orden General”. También recuerda que en la tramitación de dicha Orden General, la propia AUGC ya indicó los problemas de esta normativa.
Se trata de un notable varapalo contra la Guardia Civil, puesto invalida los expedientes abiertos durante los dos últimos años contra representantes de AUGC en el ejercicio de sus funciones.
Desde esta asociación profesional señalan que en un intento por imponer la jerarquía laboral a la interlocución con las asociaciones como legítimas representantes de los trabajadores del Instituto Armado, algunos altos mandos estaban aprovechando esta Orden General como herramienta de castigo y advertencia.
Expedientes de expulsión anulados
Este fallo anula los expedientes que tuvieron como consecuencia la expulsión de trabajadores contratados por AUGC de dependencias oficiales, que generó la pérdida de puestos de trabajo de personal laboral y civiles que llevaban años trabajando, al no poder reubicarlos en otro lugar.
Casado señala que “ahora habrá que valorar el daño generado porque AUGC perdió a trabajadores y unas sedes y ver si existe alguna responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto”.
En este sentido, desde AUGC hacen un llamamiento al nuevo director General «para que afronte la reorganización del Gabinete Técnico de la Dirección con la incorporación de un equipo mixto y cualificado que sepa afrontar el tránsito de la Guardia Civil hacia su modernización y democratización”.
Sobre la influencia de este fallo en el movimiento asociativo de otros colectivos, como militares o policía nacional, Casado destaca que “en el entorno militar, está claro, hace falta una regulación que aún no existe que desarrolle la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas. La Sentencia marca una línea aplicable en este sentido”. Para este jurista, en el entorno militar y de guardia civil aún hay muchos temas pendientes de resolver a nivel de asociacionismo profesional.
A su juicio “lo que falta es aceptar, como un fenómeno normal que el asociacionismo profesional en estos cuerpos profesionales ha llegado para quedarse. Son ciudadanos con sus derechos y creemos que este tipo de entidades ayudarán a mejorar por dentro tanto la guardia civil como las Fuerzas Armadas. Es importante que se asimile su papel clave en estos entornos profesionales lo antes posible”.
