Manuel Almenar: «Nadie quiere situaciones de conflicto, pero el plazo de cortesía no se puede extender más allá de septiembre»
Sobre estas líneas, Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. Carlos Berbell/Confilegal.

Manuel Almenar: «Nadie quiere situaciones de conflicto, pero el plazo de cortesía no se puede extender más allá de septiembre»

Es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, la más numerosa en número de afiliados de las 4 existentes
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22/7/2018 06:15
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Actualizado: 21/7/2018 22:55
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Manuel Almenar Belenguer, de 54 años, es magistrado y presidente de la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Galicia. También es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de jueces y magistrados, con más de 1.400 afiliados -de los 5.500 que conforman la carrera judicial-.

Entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, lo que le permitió adquirir una experiencia y una visión del papel de la justicia en la estructura del Estado. Un tiempo en el que pudo dejar de poner sentencias y mirar a lo lejos, al horizonte, y contribuir a establecer la hoja de ruta del órgano de gobierno de los jueces.

Casi dos años después, en 2015, fue elegido presidente de la APM y apenas un mes y medio más tarde, en acuerdo con las otras tres asociaciones de jueces -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- consiguió forjar una unidad de acción entre todas ellas que ha venido imperando desde entonces.

Almenar era muy consciente de que al principio establecido por Julio César, del «divide y vencerás, había que aplicar el otro de «la unión hace la fuerza». Y ha obtenido sus resultados.

El pasado mes de noviembre, Confilegal, los les otorgó su Premio a la Combatividad, junto con los jueces decanos. Porque si es cierto que hay un antes y un después a la unidad asociativa.

Esta semana, Almenar,  junto a sus compañeros de las tres asociaciones restantes y las 3 de los fiscales -la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)-, con los que han hecho piña y frente común, se reúnen por vez primera con la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, «una de los nuestros», hasta hace apenas un mes.

Delgado es miembro de la UPF, lo mismo que Manuel Jesús Dolz, su secretario de Estado.

Antonio Viejo, nuevo secretario general de la Administración de Justicia, por otra parte, es miembro de la Francisco de Vitoria y era, también hasta el cambio de gobierno, juez decano de Madrid y uno de las figuras más reivindicativas dentro de las asociaciones.

Todos ellos jugaban con la misma camiseta que Almenar y el resto de las asociaciones. ¿Qué  pasara ahora? ¿Será más fácil la negociación? ¿Se conseguirán cosas? ¿Se harán las reformas durante tanto tiempo demandadas? ¿Se concederán las reivindicaciones salariales? ¿Habrán cambiado sus excompañeros, de la misma forma que cambió Luis Enrique cuando dejó el Real Madrid y se marchó al Barcelona o cuando Figo dejó el Barcelona y fichó por el Madrid?

Son incógnitas, todas ellas, que pronto quedarán despejadas mañana lunes, cuando se reúnan con Delgado en el Ministerio de Justicia.

Sobre estas cosas y otras muchas versa esta entrevista con Almenar. Un tipo con la cabeza muy bien amueblada. Doy fe.

El triunfo de la moción de censura parlamentaria interrumpió el proceso de negociación con el Ministerio de Justicia del Gobierno del PP. Mañana retoman ustedes las negociaciones con el Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son sus expectativas?

Las negociaciones se encuentran en punto muerto a la espera de la reunión prevista para el próximo 23 de julio y en la que las asociaciones partiremos de los compromisos alcanzados con el anterior Gobierno, como recuperación del licencias y permisos, retribuciones, implantación de los tribunales de instancia, supresión de la figura del magistrado autonómico…

El Ministerio de Justicia admitió una pérdida de 1 punto adicional respecto de los grupos A1 de la Administración, que a su vez perdieron más de 1 punto sobre el conjunto de la función pública, así como la paulatina asimilación de la retribución por guardias al existente en otros sectores como la sanidad, el incremento de la retribución variable o la reforma y actualización de los grupos de población.

Por otra parte, el grupo parlamentario socialista incluyó en sus enmiendas de febrero a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, medidas como la supresión de la fase de sustitución o refuerzo en el período de prácticas o el permiso sabático para estudio y formación.

Espero que las cumpla.

Aunque la reunión se ha retrasado más de lo deseable, quiero creer que habrá resultados. Recordemos que la Ministra de Justicia participó activamente en las movilizaciones y es consciente de que se trata de peticiones totalmente justificadas. Nadie quiere situaciones de conflicto, pero el plazo de cortesía no se puede extender más allá de septiembre.

Máxima colaboración; pero también máxima firmeza.

Ayer sábado fue elegido nuevo presidente del Partido Popular Pablo Casado. ¿Cómo valora usted este cambio en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, prevista para el próximo 4 de diciembre?

Nos parece positiva. Además, en el equipo de Pablo Casado va Rafael Catalá, el ministro saliente de Justicia. Catalá siempre ha dicho que las instituciones tienen que renovarse a su tiempo. Por lealtad institucional al sistema democrático. Con este nuevo equipo del PP la renovación es más probable que se lleve a cabo cuando toca. Desde la APM ya hemos seleccionado a nuestro candidatos.  

Manuel Almenar considera que la Orden Europea de Detención y Entrega se basa en la confianza mutua entre los países de la UE y la contestación del Tribunal Regional a la extradición de Puigdemont a España puede suponer un torpedo a su línea de flotación.  Confilegal.

En recientes declaraciones, la Ministra de Justicia rechazó el cambio del sistema de elección de los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial aludiendo a intereses corporativos. ¿Está de acuerdo?

No parece muy coherente con la posición que sostenía hace apenas dos meses, aunque recordemos que fue el Gobierno del PSOE el que acabó con la elección de los vocales judiciales por los propios jueces en 1985.

La APM siempre ha defendido la elección directa de los vocales de origen judicial por los mismos jueces. Y no se trata de intereses corporativos, sino de que un sistema en el que los vocales sean elegidos por las Cortes Generales, a propuesta de uno u otro partido político siempre va a generar la duda de si los así nombrados, por profesionales que sean, van a actuar como correa de transmisión del que los propuso.

Y esa sombra de duda es devastadora para la credibilidad de la Justicia.

En cualquier caso, la elección directa no basta.

Igualmente importante es la reorganización interna que recupere el régimen colegiado, la dedicación exclusiva, la recuperación de competencias…

¿Una hipotética negativa a participar en el proceso de renovación del CGPJ contribuiría a cambiar el sistema? ¿Es posible presentar una lista única de candidatos al CGPJ para forzar un sistema de elección directa?

La negativa a participar en el proceso es tan lícita como la decisión de participar, con una diferencia, desde dentro pueden intentar cambiar las cosas.

Ir no garantiza llegar, pero no ir sí que garantiza no llegar.

Una lista única exigiría el compromiso formal de los 5.500 jueces de no presentarse al margen de las listas que pudieran votar los compañeros, lo que, en principio y a título personal, me parecería lo procedente porque la APM lleva 38 años defendiendo la elección directa.

Pero desde el momento en que está legalmente previsto y que, ya antes de que se convoque oficialmente el proceso de renovación, hay compañeros que han expresado su voluntad de hacer uso de esta posibilidad y presentarse al margen de las listas, es evidente que la propuesta resulta utópica.

Actuar conjuntamente incrementa las posibilidades de conseguir soluciones, y, en todo caso, porque, si queremos construir una carrera que no dependa de los vaivenes políticos, hemos de sentarnos y buscar puntos de encuentro

La Constitución de 1978 reconoció expresamente el derecho de los jueces y magistrados a asociarse. Hoy, transcurridos cuarenta años, ¿tienen sentido asociaciones como la suya o las tres otras?

La Asociación Profesional de la Magistratura fue, inicialmente, la única asociación. Se constituyó en 1980 por compañeros de todas las tendencias y desde entonces ha tratado de trabajar por la mejora de la Justicia.

Las asociaciones tienen hoy más sentido que nunca por dos motivos. Primero, porque, al ser elegidos los vocales judiciales por el Parlamento, constituyen la única voz y representación de los jueces.

Segundo, porque, ante la debilidad o pasividad de las instituciones a las que constitucionalmente correspondería, han asumido la defensa de la independencia judicial, anteponiendo este objetivo a cualesquiera diferencias que pudieran existir.

Usted es un firme creyente en la unidad asociativa. Nunca tuvo duda alguna, después de muchos años de unos y otros yendo por su lado. ¿Por qué?

Porque es conveniente y en determinadas cuestiones, necesaria. En la mayoría de temas que nos preocupan existe una gran coincidencia en los planteamientos. Actuar conjuntamente incrementa las posibilidades de conseguir soluciones, y, en todo caso, porque, si queremos construir una carrera que no dependa de los vaivenes políticos, hemos de sentarnos y buscar puntos de encuentro.

Esto implica diálogo, debate y consenso, sin perder de vista los principios propios, pero sin olvidar que tampoco podemos elevar a la categoría de principios lo que no son sino formas de actuar. Principios son el diseño del Estado, el modelo de Poder Judicial y de Juez constitucional y la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas que encarnan nuestras raíces.

A partir de ahí no hay que tener miedo a debatir. La excusa de “siempre se hizo así” conduce al inmovilismo y éste a la frustración.

¿Por qué debemos renunciar a acuerdos que faciliten mejoras únicamente por considerar adversarios o competidores a quienes son compañeros?

Manuel Alemenar, junto a los líderes de las otras tres asociaciones de jueces y a los jueces decanos, recibió el primer premio a la combatividad que Confilegal otorgó el pasado mes de noviembre. Amapola Producciones.

Hace aproximadamente un año, las asociaciones judiciales plantearon conjuntamente 14 propuestas para la mejora de la Justicia a la clase política. Las presentaron ante el Congreso y ante el Senado. ¿En qué consistían?

Es el resultado de una reflexión compartida sobre los problemas de la Administración de Justicia en España, diagnóstico de sus causas y posibles soluciones.

Por primera vez desde 1978 existe un análisis y una posición común sobre las medidas necesarias para mejorar nuestra Justicia y que giran en torno a tres ejes, fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad en la Justicia, modernizar la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia para que sea capaz de garantizar una tutela judicial realmente efectiva y un servicio público eficaz, ágil y de calidad, y lograr unas condiciones profesionales dignas para el ejercicio de nuestra función.

Todo ello exige un Pacto de Estado por la Justicia, posible siempre y cuando los grupos políticos asuman que la Justicia debe ser una prioridad, como la educación o la sanidad, por encima de intereses partidistas.

Algunas de las propuestas giraban en torno a la credibilidad del Poder Judicial. ¿Cree usted que la sociedad ya no confía en los jueces? ¿Son ciertos los indicadores que hablan de la falta de independencia de los jueces?

La sociedad española confía en sus jueces. Y la prueba es que nuestro país es uno de los que presenta mayor tasa de litigiosidad en Europa. Porque el ciudadano quiere que su asunto lo vea un juez.

Cuestión distinta es que, efectivamente, se haya instalado en el imaginario popular una sensación de falta de independencia o de politización de la Justicia que, aunque no responde a la realidad, está ahí.

Sus causas las conocemos todos: judicialización de la política, confusión de la responsabilidad política, social y penal, el tratamiento público de determinados procesos penales, la misma regulación del proceso penal con instrucciones que se prolongan durante muchos años, el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, la ausencia de una política adecuada de comunicación del CGPJ, la deficiente regulación de las puertas giratorias, el régimen de aforamientos…

Quizá es que, quien puede solucionarlo, prefiere que las cosas se mantengan así porque afectan a la solidez del Poder Judicial.

La sociedad española confía en sus jueces. Y la prueba es que nuestro país es uno de los que presenta mayor tasa de litigiosidad en Europa. Porque el ciudadano quiere que su asunto lo vea un juez

Se habla de jueces conservadores, jueces progresistas y jueces mediopensionistas. ¿Está justificado? ¿Tienen motivo los ciudadanos para pensar que la sentencia que se dicte en su asunto dependerá de la ideología del juez?

En absoluto. Los jueces, todos, tenemos como marco y límite la Constitución y la ley.

No hay jueces conservadores o progresistas, sino profesionales que todo su esfuerzo en no dejarse arrastrar por otras ideas que no sean las contenidas en las leyes como regla objetivada de convivencia social, y dispuestos a asumir las invectivas del grupo de la mayoría, cuando entienden en conciencia que la ley le ordena proteger el derecho de un solo individuo.

Otra cosa es que, como ciudadanos, cada uno tenga su ideología.

La propuesta conjunta también hacía hincapié en la modernización de la Justicia. ¿Los jueces españoles no tienen medios suficientes?

Desgraciadamente, no. Durante muchos años, la Justicia ha sido la gran olvidada en España. Es verdad que últimamente ha habido inversiones millonarias en materia tecnológica, pero no se han plasmado en la modernización real del sistema

Es más, el 6 de julio de 2018 se presentó ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial el primer informe de riesgos psicosociales de la carrera judicial, que aprecia una situación deficiente, con un riesgo por exceso de carga de trabajo que afecta al 85% de los jueces.

El propio Consejo General del Poder Judicial admitió en 2017 que más de 730 órganos unipersonales superaban el 150% del nivel de trabajo normal.

Hacen falta jueces, sí.

Pero también diseñar un nuevo modelo de carrera judicial que permita la promoción y facilite la conciliación personal y profesional, racionalizar la litigiosidad, una nueva organización de la Administración de Justicia adecuada a la realidad social y económica actual, con tribunales de instancia implantados con arreglo a una demarcación sensata, una oficina judicial que realmente sirva como instrumento para el ejercicio de la función judicial, una reformulación del régimen de competencias –hoy distribuido entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Los 7 líderes de la asociaciones judiciales y fiscales el 4 de mayo pasado se manifestaron ante el Ministerio de Justicia junto a compañeros llegados de toda España. De izquierda a derecha, Concepción Rodríguez, de FJI, Miguel Pallarés, de APIF, Raimundo Prado, de AJFV, Emilio Fernández, de UPF, Cristina Dexeus, de AF, Manuel Almenar, e Ignacio González Vega, de JJpD. Carlos Berbell/Confilegal.

El pasado mes de mayo ustedes, jueces y fiscales, hicieron huelga. La cuarta en democracia. Que por cierto, no les descontaron ni un euro por ello, para no reconocer que se hizo.  ¿A qué obedeció? Y, sobre todo, ¿cree que puede volver a repetirse?

El mes de junio de 2017, las asociaciones judiciales consensuamos las 14 propuestas para la mejora de la Justicia en España, que se presentaron a los diversos grupos parlamentarios y al Ejecutivo.

En marzo de este año, se ampliaron con las propuestas de las Asociaciones de Fiscales.

A pesar del tiempo transcurrido, ninguna de ellas ha visto la luz.

Los sucesivos Gobiernos han preferido, salvo honrosas excepciones, apostar por otros sectores más rentables en términos electorales.

En otras palabras, el mal funcionamiento de la Justicia no tiene coste electoral.

La huelga culminó una serie de medidas que tenían por objeto evidenciar el malestar, la decepción, por el reiterado incumplimiento de las promesas y los compromisos adquiridos para la mejora de la Justicia, al tiempo que trataba de hacer ver la urgente necesidad de apostar de verdad por la Justicia, más allá de las meras palabras huecas.

Confío en que no sea necesario repetir lo andado porque el Gobierno sea receptivo a las propuestas. En otro caso, no habrá más remedio que retomar las medidas de conflicto. Nadie entendería otra postura porque no es un problema corporativo, sino de la situación de un Poder del Estado y del servicio que presta a los ciudadanos.

En los últimos meses el Poder Judicial ha abierto la portada de los medios de comunicación casi diariamente, por razones de muy diversa naturaleza, relacionadas con determinadas sentencias, ya sabe usted, los casos de «la manada» o de Gürtel, con el proceso independentista o con ciertos comportamientos de algunos jueces. ¿Qué está pasando?

Confluyen varias causas interrelacionadas.

Las nuevas tecnologías globalizan la información al minuto. Las redes sociales imponen la sustitución de los artículos razonados por los twits o titulares como mecanismo de información. Las tertulias de taberna se han traslado a los telediarios, que se han convertido en El Caso.

Una sociedad supuestamente más formada pero al tiempo más superficial, todos pretendemos opinar de todo y ya.

Y, por supuesto, la existencia de intereses claros en descalificar al Poder Judicial como garante de la Constitución y la ley y presupuesto de convivencia pacífica; intereses que utilizan las redes con tanta habilidad como desprecio al sistema que parasitan.

¿Está usted de acuerdo con lo que se dice de que en España tenemos una Justicia con una visión patriarcal o machista? ¿Es necesario aplicar la ley a través de una perspectiva de género? 

No comparto en absoluto esa afirmación. ¿Una justicia patriarcal cuando más de la mitad la carrera judicial son mujeres? Hablar de una justicia machista es tanto como desconocer la realidad y el trabajo del día a día de los 5.500 jueces y juezas que tutelan los derechos y libertades de nuestros ciudadanos.

No creo que la ley deba aplicarse a través de otras técnicas o con otras perspectivas que las que prevé la propia ley. Cualquier otra interpretación implicaría dejar que la perspectiva de cada juez se imponga a la ley como expresión de la voluntad de la soberanía popular.

Lo que no quiere decir que la ley no deba y pueda mejorarse para corregir disfunciones y adecuarla a la realidad social. Pero esa misión corresponde a las Cortes. Los jueces nos limitamos a aplicar la ley aprobada conforme a los mecanismos constitucionalmente establecidos.

No creo que la ley deba aplicarse a través de otras técnicas o con otras perspectivas que las que prevé la propia ley

El Tribunal Regional alemán del estado de Schleswig-Holstein ha rechazado la entrega de Puigdemont por el delito de rebelión y la ha limitado al delito de malversación. ¿Puede interpretarse como un apoyo a las tesis independentistas? ¿Supone una crítica encubierta al Magistrado Instructor o a la Sala Segunda del Tribunal Supremo español? 

Primero, dejemos a un lado los complejos y el fatalismo. España tiene la suerte de disponer de un Tribunal Supremo de lujo por la preparación, experiencia, solidez y dedicación de sus miembros; es el ejemplo en el que se miran otros países.

Y a la Sala de lo Penal se llega tras un arduo proceso de selección basado en los principios de mérito y capacidad.

No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

¿Puede afectar a la relación entre ambos países o al Acuerdo de Schengen?

El problema está en la interpretación que ha hecho el tribunal regional alemán del ámbito competencial que le atribuye la Orden Europea de Detención y Entrega. Puede suponer una bomba en la línea de flotación de la Euroorden, ya que, si esta figura se basa en la confianza recíproca y el tribunal alemán no confía en nosotros, ¿cómo pretenden que nosotros confiemos en ellos cuando cursan una orden de detención y entrega?

Recordemos que Alemania es, después de Rumania, el país de la Unión Europea que más peticiones dirige a España.

La decisión afecta, lógicamente, a los prófugos, pero carece de relevancia alguna para el resto de encausados.

Almenar en una de las reuniones de trabajo de la Ejecutiva de su asociación. Carlos Berbell/Confilegal.

La firmeza del auto de procesamiento de varios diputados por el delito de rebelión comporta la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones. ¿Esta decisión afecta al principio de separación de poderes? ¿Puede negarse el Parlamento de Cataluña a retirar el acta a los diputados suspendidos provisionalmente por orden judicial?

El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

No es una decisión opcional, sino impuesta por la ley aprobada por las Cortes Generales.

Si el Parlamento de Cataluña se negara a cumplir la ley, entrarían en acción los mecanismos propios del Estado de derecho para cualquier supuesto en que se incumple la ley, comenzando por la suspensión y anulación de la decisión por el tribunal competente y por la depuración de las responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir.

Los presos en prisión preventiva por el proceso independentista han sido trasladados a Cataluña. ¿Qué ocurriría si hubiera tratos de favor?

No creo que esa situación se pueda llegar a producir porque confío en la probidad de los funcionarios correspondientes.

En un Estado de derecho, como es el nuestro, la ley es igual para todos. Nadie está por encima de la ley. Y si alguien piensa lo contrario, como suele suceder en los regímenes totalitarios o supremacistas, tiene que saber que los tribunales harán cumplir este principio básico de convivencia.

Algo que añadir…

A los compañeros: cuando las cosas vayan mal, como a veces suelen ir, pensemos en el día en que aprobamos y el orgullo que sentimos. Luchemos por no olvidarlo y por aquello en lo que creemos.

Todos juntos, organizados, somos un Poder del Estado; uno a uno, aislados, no tenemos fuerza ninguna. Creo que las asociaciones somos el camino.

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