La Audiencia de Navarra mantiene en libertad al guardia civil de «la manada»
rechaza la petición de encarcelamiento de las acusaciones por supuesto quebrantamiento de medida cautelar
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24/7/2018 09:39
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Actualizado: 24/7/2018 11:49
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La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha acordado mantener en libertad provisional al guardia civil de «la manada», Antonio Manuel Guerrero, quien tres días después de su puesta en libertad habría acudido a dependencias policiales para intentar renovar su pasaporte, según informó la Policía Nacional en un tuit.
?Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte… teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado.#AsíNO pic.twitter.com/0LufjLXzt1
— Policía Nacional (@policia) 28 de junio de 2018
La resolución, hecha pública hoy, rechaza la petición de encarcelamiento de las acusaciones por supuesto quebrantamiento de una medida cautelar.
Cuenta con el voto particular discrepante del presidente de Sección Segunda, Francisco Cobo, que aboga por el encarcelamiento de Gerrero al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto de su excarcelación, dictado el pasado 21 de junio.
La Fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, reclamaron en la vista celebrada el pasado 5 de julio en la Audiencia Provincial el ingreso en prisión por riesgo de fuga de Guerreno, al considerar que intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas.
La sesión se prolongó durante más de cuatro horas. Comparecieron nueve testigos.
El guardia civil de «la manada» declaró por viodeoconferencia desde Sevilla, junto a su abogado. Según el letrado de Guerrero, Jesús Pérez, ambos hicieron “todo lo posible por explicar lo que verdaderamente ha sucedido, el malentendido”.
La defensa sostiene que el joven fue a la Comisaría a informarse sobre el estado de su pasaporte, que tendría caducado, para ver cómo actuar ante el juzgado. Considera “lamentable” que por parte de la Policía Nacional se haya levantado “este bulo”.
«No hay delito, ni incumplimiento, ni quebrantamiento, sino un malentendido», insistía.
La Policía, sin embargo, aseguró que Guerrero se presentó en una oficina para renovar su pasaporte y que alegó que lo hacía porque lo había perdido. Remitió un oficio a la Audiencia Provincial de Navarra contando lo que pasó.
REACCIONES AL AUTO
El abogado de Antonio Manuel Guerrero ha dicho que tanto él como su cliente están «muy contentos» por el mantenimiento de la libertad provisional, una decisión que, según ha señalado, era la «esperada» porque su cliente «en ningún momento tuvo intención de incumplir el auto» que decretó la excarcelación.
Por otra parte, sobre el expediente abierto por la prisión de Alcalá para aclarar si Guerrero tuvo un móvil en su celda durante su estancia en la cárcel, Jesús Pérez ha negado que su cliente dispusiera de un teléfono y ha afirmado que se trata de «otro bulo informativo, exactamente igual que lo del pasaporte».
El pasado 21 de junio, la Audiencia de Navarra dictó la libertad de los cinco miembros de ‘la manada’, condenados a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016.
Al día siguiente salieron de la cárcel de forma provisional, a la espera de sentencia firme, tras abonar cada una fianza de 6.000 euros.
Su excarcelación también contó con el voto particular del presidente del tribunal, que se mostró partidario de la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta, 4 años y 6 meses.
Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la fianza, el tribunal impuso a los jóvenes la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la prohibición de obtenerlo en un futuro, y están obligados a comparecer en el juzgado de guardia tres días a la semana -los lunes, miércoles y viernes- en el juzgado de guardia su localidad de residencia.
También tienen prohibido acudir a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de la víctima, la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio o procedimiento, y la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).
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