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Luis Pineda y Miguel Bernad, a juicio por presuntas extorsiones

'CASO AUSBANC'El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y el expresidente de Ausbanc, Luis Pineda.
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad; la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas por integrar una supuesta organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

El juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

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La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que supuestamente usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el ‘Caso Nóos’ a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presuntamente presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

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Por otra parte, en el auto, Pedraz ha ratificado la prisión provisional de Luis Pineda -preso desde abril de 2016-, así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, además de la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.

Miguel Bernad quedó libre en diciembre de 2016 bajo fianza de 50.000 euros.

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El juez Pedraz cerró el pasado mes de octubre la causa, tras más de dos años de investigación.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 finalizó la investigación asegurando que ha quedado acreditado la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pinedaa través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”, bajo la cobertura de una “defensa de los consumidores”.

LA FISCALÍA PIDE 118 AÑOS PARA PINEDA Y 24 PARA BERNAD

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda, y 24 años y 10 meses para Bernad.

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En su escrito, que trascendió el pasado diciembre, el Ministerio Público les imputa a ambos los presuntos delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso de Pineda -se le añade supuesta estafa y blanqueo de capitales, por lo que Fiscalía pide también una multa de 10 millones de euros.

Para la que fuera abogada de la acusación en el ‘caso Nóos’, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por presunta organización criminal y extorsión.

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El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación “sin finalidad de lucro” que denominó Ausbanc, pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas.

Estas actuaciones, según la Fiscalía, contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.

EL RESTO DE PROCESADOS

Los otros siete procesados son Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y el adjunto a la Presidencia de la asociación; Ángel Garay para quien pide 32 años y cinco meses de cárcel y multa de 10 millones de euros.

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Los miembros de la Junta Directiva que se encuentran en un tercer nivel y que también serán juzgados son María Teresa Cuadrado (se piden para ellas 21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión), Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses) y Luis María Suárez (16 años).

Ha quedado fuera del caso Hermenegildo García, para quien la Fiscalía pedía 15 años y 11 meses de cárcel, y que no será juzgado.

SUPUESTA EXTORSIÓN A LA DEFENSA DE LA INFANTA

El fiscal cuenta que primero Bernad exigió a Jaume Giró Ribas, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la Infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM por la “grave situación financiera” que atravesaba.

Ante la falta de contestación, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca Junyent, que llevaba la defensa, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado “hasta los tres”, refiriéndose a tres millones de euros.

Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien “seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda” y a otra de las imputadas, Rosa Isabel Aparicio.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos, como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la presunta extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel; la supuesta presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos; al Banco Santander y a La Caixa.

CAMPAÑA NEGATIVA POR MOTIVOS PERSONALES

En otros casos, los acusados supuestamente iniciaron una campaña negativa “exclusivamente por motivos personales”, como la que habrían puesto en marcha contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por la “enemistad” entre ambos y porque la asociación de consumidores era competencia directa de Ausbanc.

Pineda ha sido condenado en diversas ocasiones por un juzgado de Sevilla por difamar al periodista.

Lo mismo ocurrió con Fernando Puig de La Bellacasa, subsecretario de Sanidad bajo el mando de la entonces ministra de Sanidad Elena Salgado, contra quien se actuó tras la expulsión de Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

Igualmente, el Ministerio Público menciona los litigios de Ausbanc contra Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Unicaja (que llegó a pagar más de un millón de euros a Pineda), Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM y Europistas, la empresa concesionaria de la autopista de peaje AP-1, Burgos-Armiñón y Banc March, entre otras.

Por otro lado, el escrito también cuenta que entre 2004 y 2014 ‘Ausbanc Consumo’ recibió “subvenciones a entidad sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de consumo”, otorgadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Aunque en ningún caso excedieron de 120.000 euros por ejercicio, el fiscal apunta que Ausbanc “incumplía los requisitos de número de asociados para obtener las mismas, así como el fin real de la asociación”.