La ministra, Dolores Delgado, con los miembros del consejo asesor que ha elegido para verificar que se respeta la perspectiva de género en el futuro proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Gobierno nombra un consejo asesor para supervisar el fusionado proyecto de LECRIM desde un enfoque de género
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01/9/2018 00:15
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Actualizado: 01/9/2018 00:29
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, cumplió con lo avanzado a Confilegal el 28 de junio pasado. El Consejo de Ministros ayer nombró un consejo asesor para que revise el proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) -una fusión del anteproyecto de Ley del Gobierno del PSOE de 2011 y el borrador del Gobierno del PP de 2013- desde un enfoque de género, «a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual», según una nota de prensa de Justicia.
No han sido «tres mujeres juristas», como afirmó la ministra aquel día, sino cuatro, y un hombre: Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala del Supremo de Criminalidad Informática; María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares; y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación.
Delgado, consciente de las circunstancias en las que se encuentra este Gobierno, dijo, con mucha sensatez: “No voy a hacer borrón y cuenta nueva. Voy a aprovechar lo que se ha hecho hasta ahora”.
El hecho de que Delgado haya dado luz verde al proyecto fusionado de LECRIM tiene los mejores augurios para que finalmente pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados ya que es imprescindible el consenso básico, al menos, de los dos principales partidos, PSOE y PP, que juntos suman 218 diputados, de los 350 que conforman la Cámara Baja.
IMPULSADO POR CATALÁ
Dicho trabajo fue encargado por el antecesor de Delgado en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, a cuatro expertos: Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado; Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado; y Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Progresista de Fiscales.
Crespo, que inicialmente formó parte de este equipo, lo abandonó cuando Confilegal publicó la noticia, esta pasada primavera.
Moreno Catena, Marchena y González-Cuéllar se repartieron los dos proyectos -no tan alejados el uno del otro- y avanzaron hacia una versión final cuando ocurrió la moción de censura que echó del poder al Partido Popular.
Los «hacedores» de la «fusión»: Nicolás González-Cuéllar, Manuel Marchena, Víctor Moreno Catena y Pedro Crespo Barquero, que después se salió.
El primero, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal fue elaborado en 2011 por un grupo de juristas progresistas impulsado por el entonces ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño, bajo la dirección del Juan Carlos Campo, secretario de Estado. Entre ellos se encontraba Pedro Crespo.
Y el segundo, el borrador de código procesal penal del PP, se materializó en 2013. Fue redactado por otra comisión de juristas, dirigida por Marchena, y de la que formó parte González-Cuéllar, bajo el mandato del ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.
El anteproyecto de LECRIM del PSOE constaba de 789 artículos y el código procesal penal del PP de 707.
La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y pese a los repetidos parches aplicados a lo largo de sus 136 años de vida, es generalizado el consenso de que es necesario aprobar una nueva que venga a sustituir a la actual.
20110728_ANTEPROYECTO DE LECRIM DEL PSOE
2013 BORRADOR DE CÓDIGO PROCESAL PENAL PP
LO QUE VA A HACER EL CONSEJO ASESOR
Los 5 miembros del nuevo consejo asesor podrán, además, «pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal».
Parte de su trabajo tendrá que consistir en la redacción del artículo 128 de la «LECRIM fusionada», calificado por algunos de los redactores como la clave de bóveda del proyecto resultante.
Su redacción había quedado asignada, en un principio, a Crespo, pero su salida lo ha dejado huérfano de autor.
En dicho artículo tenía que definirse la relación entre el juez de garantías y el fiscal instructor y la capacidad del primero para supervisar el trabajo del segundo. La versión del PSOE de 2011 dejaba al albedrío del fiscal instructor la dirección del procedimiento, sin dar cuenta de las investigaciones a la defensa, hasta el final de la instrucción. La versión del PP contemplaba que el juez de garantías supervisaba toda la instrucción y en la misma la defensa podía instar a la Fiscalía a la práctica de diligencias.
Ambas partes habían llegado a un consenso que ahora habrá que reconstruir. El nuevo consejo asesor, cuyos miembros no cobrarán un euro y a los que sólo se les abonarán los desplazamientos y el hospedaje a la catedrática González Cano, que vive en Sevilla, y a María Durán i Febrer, que vive en Palma de Mallorca, podría asumir ese cometido.
El Ministerio de Justicia ha justificado la creación de este consejo asesor con la siguiente argumentación: «Desde la aprobación de la Constitución Española se han llevado a cabo reformas normativas en diferentes ámbitos para introducir la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar discriminaciones por razón de sexo. Recientemente, la ministra de Justicia subrayó el firme compromiso del Gobierno con esta demanda social. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio defendió la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque ‘no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada’”.
EL SUPREMO YA HA DICTADO TRES SENTENCIAS CON «PERSPECTIVA DE GÉNERO»
La Sala Segunda, de la que forma parte Ana Ferrer, ya ha dictado, a lo largo de este año, tres sentencias en las que se contempla la perspectiva de género, introduciendo este factor, que la ministra de Justicia considera capital, en la jurisprudencia del alto tribunal.
De las tres ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, uno de los grandes especialistas españoles en violencia de género.
Dos de ellas fueron de tentativas de homicidio y la tercera un asesinato -el tribunal lo elevó de homicidio a asesinato- porque entendió que era un crimen de género ya que quedaron probados los hechos previos de maltrato habitual denunciados; se equiparó la confianza que la mujer tenía en su cónyuge en la alevosía de la que se valió el marido para acabar con ella de 51 puñaladas.
«La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplicado la perspectiva de género como uno de los factores a tener en cuenta en este tipo de crímenes. En este sentido, se ha roto esa barrera invisible porque se ha reconocido ese tipo de situaciones que antes no estaban contempladas», declaró hace unos días Magro a Confilegal hablando precisamente sobre este tema tan importante hoy en día.
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