El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a apostar por el mismo naipe. Su Comisión de Calificación ratificó ayer las cuatro candidaturas que llevan meses enquistadas para presidir las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo, preparando un nuevo intento de desbloqueo el próximo 23 de julio.
La decisión confirma lo que ya era un secreto a voces: Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta competirán por la Sala de lo Penal, mientras Pilar Teso y Pablo Lucas Murillo de la Cueva se disputan la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Las mismas fichas, la misma partida.
El empate que se enquista
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, había devuelto el pasado 7 de mayo la propuesta de nombramiento a la Comisión de Calificación. Un movimiento que tanto progresistas como conservadores interpretaron como una prórroga para negociar.
Pero el tiempo no ha ablandado las posiciones.
Los números siguen siendo inamovibles: diez vocales progresistas apoyan a Ferrer y Teso, diez conservadores respaldan a Martínez Arrieta y Lucas, y Perelló mantiene su voto en blanco. Cuatro votaciones, mismo resultado. Ninguna candidatura obtuvo los trece votos necesarios.
Más que nombres: poder y control
Estos nombramientos trascienden las biografías personales. La Sala de lo Penal del Supremo investiga y juzga a los aforados —desde ministros hasta diputados como Ábalos—, incluyendo al fiscal general del Estado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo. En ambos casos, el control del Estado.
El sector conservador defiende la veteranía de Martínez Arrieta y Lucas (este último encuadrado en el sector «progresista»), que ya ejercen interinamente y están próximos a la jubilación.
«El colofón merecido», argumentan.
Los progresistas anteponen los proyectos de Ferrer y Teso, rechazando que deban aparcar su promoción profesional para coronar carreras ajenas.
La carta de la paridad
Bajo la superficie late el debate sobre la paridad en los nombramientos discrecionales. Los progresistas defienden aplicarla «caso a caso» —lo que beneficiaría a las dos candidatas—, mientras los conservadores prefieren valorar «el conjunto de la carrera judicial».
El escenario del 23 de julio
Si el Pleno del 23 de julio mantiene el empate, la convocatoria se declarará desierta. Los cuatro candidatos actuales podrán repetir, pero la puerta se abrirá a nuevos aspirantes.
Una escalada que nadie desea pero que parece inevitable.
Fuentes del CGPJ reconocen que ambos bloques se mantienen «firmes en sus posiciones iniciales».
Los conservadores califican el acuerdo de «difícil», aunque admiten que «hasta el último minuto todo puede cambiar». Los progresistas confían en que incluir estos nombramientos en un paquete mayor —con decenas de plazas, incluidas las audiencias provinciales de Madrid y Valencia— facilite la negociación.
El curso judicial se agota y el CGPJ sigue sin resolver una de sus principales pruebas de madurez institucional. Los nombres pueden cambiar, pero el fondo permanece: quién controla la justicia que controla al poder.
