La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para 11 miembros de los CDR

La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para 11 miembros de los CDR

Para otros dos encausados solicita un año

5 / 09 / 2018 10:51

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para 11 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) que el pasado 23 de febrero participaron en una protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para exigir la libertad de los independentistas presos, y bloquearon los accesos del edificio. Los acusa de desórdenes públicos.

También ha solicitado un año de cárcel para otros dos encausados, por delitos de desobediencia y resistencia grave, por supuestamente enfrentarse a los Mossos d’Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio.

La protesta, en el 37 aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, se saldó con 14 detenidos, uno de ellos que era menor de edad quedó en libertad.

La movilización arrancó a primera hora de la mañana, en la escalinata de acceso a la corte. Los separatistas cantaron “L’Estaca”, la canción del cantautor y exdiputado de Junts pel Sí Lluis Llach, que entonan habitualmente en sus actos de protesta.

Desplegaron pancartas con lemas (en catalán) como  ‘Es la hora del pueblo’ y ’23-F, paremos el golpe de Estado’.

Algunos individuos se encadenaron a las puertas del edificio para “parar el máximo órgano de la injusticia del Estado español”, según publicaron en las redes sociales, lo que obligó a los agentes a liberarlos con tenazas.

‘SU OBJETIVO ERA BLOQUEAR EL TSJCAT’

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que un grupo de unas 200 personas convocadas por los CDR, la CUP, Arran y otras organizaciones independentistas, se congregaron sobre las 8 de la mañana a las puertas del TSJCat, y «de mutuo acuerdo y con la finalidad de impedir el normal funcionamiento del tribunal», cerraron y bloquearon las puertas con cadenas.

Algunos de los concentrados se encadenaron entre ellos y a las columnas exteriores del edificio, mientras otros permanecían sentados en las escaleras de la puerta principal con pancartas con los lemas»23F, paremos el golpe de estado» y repartieron un manifiesto en el que mencionaban que su objetivo era «bloquear este Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

La fiscal detalla que mientras los acusados «imposibilitaban el acceso del personal y del público en el interior del edificio», un grupo numeroso de manifestantes se concentraba delante del mismo ocupando el paseo Lluís Companys.

Considera que los acusados hicieron caso omiso a las órdenes de los agentes de los Mossos d’Esquadra que les requirieron para que abandonaran el lugar «con pleno desprecio hacia el principio de autoridad», y añade que la falta de colaboración les obligó a cortar las cadenas con unas cizallas.

También indica que posteriormente un grupo trató de superar la línea policial y que dos de los concentrados propinaron una patada y una patada y un puñetazo a los agentes, que no sufrieron lesiones, por lo que pide para estos dos individuos un año de cárcel por desobediencia y resistencia grave.

El Ministerio Público señala que tuvieron que movilizarse más de un centenar de agentes para lograr que abandonaran la calzada y reabrir la vía al tráfico, ya a las 10.15 horas.

ALERTA SOLIDÀRIA HABLA DE ‘PERVERSIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL’

Para el colectivo Alerta Solidària, que lleva la defensa de los acusados, que se estén pidiendo penas de prisión por una «legítima protesta ante la perversión a la que está llegado el sistema judicial español, constituye la prueba más evidente de la irracionalidad del mismo sistema penal».

«Se persigue hasta la obsesión la militancia independentista y se blindan de impunidad constantes muestras de violencia e intimidación españolista. Como era de esperar, ningún cambio real en la política represiva del Gobierno de Madrid», afirma el colectivo.

Por su parte, Arran se ha preguntado en Twitter que si «éste es el supuesto ‘gobierno del cambio'».

«Basta mentiras! La misma represión de siempre, con una nueva careta», ha expresado, y ha asegurado: «Ningún partido ni ningún gobierno, nos detendrá en nuestra lucha».

Noticias relacionadas:

ACVOT acata la sentencia del TJUE, pero niega la amnistía a los CDR por terrorismo

«Las bajas largas seguirán el mismo camino»: el aviso de una empresa por WhatsApp convierte el despido en nulo

Perder la movilidad del pulgar en un accidente laboral no es suficiente para la incapacidad permanente

El castellano no puede ser excluido de la rotulación de los colegios públicos catalanes, según el Supremo

EL TSJCat condena a una empresa que castigó «dos veces» al empleado: le quitó el salario y le despidió

Un trabajador del Ayuntamiento de La Llagosta, despedido por no trabajar ni tres horas al día

Lo último en Tribunales

RACC

El Supremo anula la reducción unilateral del teletrabajo a los empleados con discapacidad del Real Automòbil Club de Catalunya

Problemas vecinales: no se pueden pintar las líneas del parking de la comunidad al ocupar superficie común 

Un parking, sancionado con 150.000€ por negarse a dar las imágenes a un cliente después que le rayaran el coche

Leire Díez y Boye

El coronel de la Guardia Civil purgado por investigar el ‘lazo’ Puigdemont-Putin se persona contra Leire Díez

CRistóbal Montoro

Caso Equipo Económico: ocho años de instrucción, secreto del sumario prorrogado 83 veces y un informe de la UCO oculto que exculpaba al despacho

Cuatro claves para entender la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad

Arriaga Asociados logra la exoneración máxima de una deuda con la Seguridad Social bajo la Ley de Segunda Oportunidad