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El exmagistrado De Urquía declara ante la AN que no se sintió chantajeado por el marido de Ana Rosa

El abogado -y exmagistrado- Francisco Javier de Urquía en una foto de 2011 con la sala en la que declaró, de fondo.
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El exmagistrado y abogado en ejercicio, Francisco Javier de Urquía, de 49 años, negó ayer al juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, Diego de Egea, en el marco de la instrucción del caso Tándem, haberse visto extorsionado o amenazado por el empresario Juan Muñoz, esposo de Ana Rosa Quintana, el hermano de éste y los abogados de ambos con dos vídeos encontrados en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en un supuesto encargo.

De Urquía es el abogado de los deudores de los hermanos Muñoz.

De acuerdo con fuentes jurídicas, De Urquía, que actualmente ejerce la abogacía en el despacho marbellí Lexland Abogados, se reconoció en los dos vídeos pero aseguró que no habían sido utilizados contra su persona.

Uno de ellos es de 2006 y en él se le ve en una fiesta privada, una época en la que era magistrado.

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En el segundo vídeo, de fecha posterior, aparece solo en un cuarto de baño, de espaldas, hablando por teléfono y aparentemente esnifando cocaína.

El exmagistrado relató al juez que lo grabó un chileno, al que estaba investigando cuando ejercía la jurisdicción y que trató, con ello de extorsionarle.

Fueron unos hechos que denunció ante el Ministerio Fiscal.

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VILLAREJO TIENE ABIERTAS SEIS PIEZAS DIFERENTES

En esta pieza, ya declararon a finales de julio Juan Muñoz, su hermano y los abogados de ambos, que quedaron en libertad.

La comparecencia De Urquía se produjo en el marco de la pieza denominada ‘Pintor’, una de las 6 causas en las que se investiga al comisario Villarejo.

El comisario investigado se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017, hace más de 11 meses, que es cuando estalló el citado caso Tándem, al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el comisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

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Villarejo actualmente está siendo investigado en 6 procedimientos separados diamantes de la causa principal bautizada con el nombre de “Pieza Principal (Pieza King)” -diligencias previas 96/17-: “Pieza II (Pieza Iron)”, Pieza III (Pieza Land)”, “Pieza IV (Pieza Pit)”, “Pieza V (Pieza Carol)” y “Pieza VI (Pieza Pintor)”.

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La mayor parte de las piezas de la causa investigan las actividades presuntamente delictivas que habría realizado Villarejo a petición de diferentes clientes que habían contactado con él.

Villarejo iba a usar supuestamente ese vídeo para extorsionar al magistrado inhabilitado, tal y como se desprende de las grabaciones contenidas en la causa, en las que el marido de Ana Rosa Quintana y el excomisario lo visionan y comentan juntos.

Sobre la pieza ‘Pintor’ y la supuesta extorsión que investiga ya fue interrogado Villarejo, justo antes de que lo hicieran los hermanos Muñoz. El comisario jubilado se negó a responder a las preguntas de De Egea y de los fiscales Anticorrupción.

URQUÍA, UN MAGISTRADO EXPULSADO

De Urquía fue condenado en agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a 2 años de prisión, 7 de inhabilitación y multa de 73.800 euros como autor de un delito de prevaricación en su relación con la trama corrupta desarticulada en la «Operación Malaya», cuando era titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella.

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La citada cantidad le habría sido entregada por uno de sus investigados, el ‘cerebro’ de la trama y exedil de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, y fue utilizada en la compra de una vivienda por De Urquía.

En abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo.

Los firmantes de la sentencia fueron los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado.

En mayo de 2010 De Urquía fue nuevamente juzgado por el TSJA y condenado a 2 años de prisión y a 17 de inhabilitación para empleo o cargo de juez por un delito de cohecho y otro continuado de prevaricación por ofrecer favores judiciales a cambio de dinero uno de los imputados de la  ‘Operación Hidalgo’ contra el blanqueo de capitales, que él mismo instruyó.

En marzo de 2012, el Supremo confirmo el fallo y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial lo expulsó de la carrera.

El exmagistrado es hijo del que fuera presidente de la Audiencia provincial de Alicante, Faustino de Urquía.