Ante la inminente votación de mañana por parte de los eurodiputados en el Parlamento Europeo de esta directiva de los derechos de autor, crece la temperatura y la tensión por lo mucho que se juegan todos los interlocutores implicados.
El viaje del ministro de Cultura y Deporte José Guirao hace unos días a Bruselas ha provocado una marejada importante en nuestro país. Según señala a esta publicación un representante de una asociación profesional, ha sido el Gobierno español el único que en Europa se ha significado pidiendo el llamado voto país a todos los eurodiputados en la directiva copyright.
En los últimos días los contactos han sido frecuentes y finalmente se ha configurado un frente formado por las patronales AMETIC, representante del sector de la industria digital en España, Adigital también patronal de la economía digital, así como ICMEDIA y ASGECO que representan a consumidores, la Asociación Española de Startups y la de Internautas, la más beligerante hasta el momento.
En el otro bando, la industria de creadores y muchos medios de comunicación que se han significado públicamente sobre este tema defendiendo una mejor remuneración de los contenidos y que plantean medidas para luchar contra los contenidos piratas.
Dos situaciones que se reflejan en los controvertidos artículos 11 y 13 de la citada Directiva y que se votará hoy artículo a artículo en el Pleno del Parlamento Europeo.
La oposición a la directiva copyright en esta plataforma está encabezada por Pedro Mier, presidente de AMETIC; Carina Szpilka, presidenta de ADIGITAL; José Luis Colás, presidente de ICMEDIA; José Carrero, presidente de ASGECO Confederación; y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. Junto a ellos, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Esta preocupación también es compartida a nivel europeo, como demuestra la carta abierta que 56 académicos europeos y más de medio centenar de ONG del Viejo Continente han firmado en contra de la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en Internet y en defensa de las libertades, así como la alerta de 83 asociaciones de startups e industrias europeas.
Buscar equilibrio entre derechos
Consumidores, internautas, startups y proveedores de servicios defienden que los autores deben ser justamente remunerados. Para ello existen otras medidas que pueden garantizar este derecho sin ser tan perjudiciales para el desarrollo del Mercado Único Digital, la economía innovadora y para el respeto de otros derechos fundamentales.
Este gran colectivo agrupado pide al Gobierno español que reconsidere su postura.
A juicio de esta plataforma se trata de obtener un equilibrio entre los derechos de los interesados, sin perjudicar el ejercicio de otros derechos como el de libertad de expresión. Una cuestión nada sencilla.
Desde este lado de la contienda se observan algunas implicaciones negativas:
En primer lugar, el filtrado de contenidos supondrá que los proveedores de contenidos se conviertan en “policías” de la web, debiendo monitorizar y filtrar activamente los contenidos compartidos por usuarios.
Para estas asociaciones esto supondrá que tengan fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor, al reinterpretar el concepto de comunicación pública y hacer responsable al proveedor.
Este filtrado de contenidos perjudica, a juicio de este gran colectivo a la creación de contenidos generados por los usuarios, tanto en las redes sociales como en otros servicios online para compartir contenidos.
También creen que dificulta el ejercicio de derechos fundamentales y que supondrá una importante barrera de entrada a nuevas empresas, debido a la dificultad práctica y las inversiones necesarias para poner en marcha estos sistemas.
Derechos de los ciudadanos dañados
A nivel de derechos, consideran que perjudica la libertad de expresión en Internet, limita el derecho de acceso a la información y afecta de lleno a la privacidad e intimidad, acceso a la cultura y al derecho de libertad de negocio. La propuesta eleva los derechos de autor por encima de otros derechos fundamentales.
Al mismo tiempo convierten a las empresas proveedoras en jueces de las posibles infracciones, al mismo tiempo que presupone que los usuarios vulneran los derechos de propiedad intelectual. Los expertos en Ética y Derecho de la Información siempre han defendido la eficacia de la autorregulación o la co-regulación.
Desde esta plataforma también se observa que puede haber un riesgo de fragmentación en la transposición de la Directiva en cada país, lo que minaría el Mercado Único Digital que se pretende.
Peligra la seguridad jurídica actual
En definitiva, esta directiva genera preocupación porque pudiera establecer un cambio radical en la regulación, frente a la seguridad jurídica que ha aportado durante más de una década la Directiva de Comercio Electrónico, trasladando la responsabilidad del contenido a la plataforma, mero proveedor del servicio de alojamiento de contenidos.
Para este gran colectivo que ha formado el frente común, el control sobre la legalidad de los contenidos no puede ser sometido o juzgado de forma previa por una autoridad, un algoritmo o una herramienta tecnológica de filtrado: corresponde tan sólo los tribunales aplicar la ley civil o penal en cada caso.
Al mismo tiempo consideran que los responsables de actos como plagio o piratería son los autores de tal acto, y no se puede considerar a un servicio de Internet como si fuera un cómplice o cooperador necesario.
Por último, estiman la defensa del actual régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de alojamiento, ya que ha demostrado su eficacia, buena fe y rápida actuación en la protección efectiva de los derechos de autor.
