Nuevo varapalo judicial a los fondos buitres: un juzgado de Madrid estima el recurso colectivo de los inquilinos de Leganés
5 años después de interponerse el recurso, el fallo indica que se han vulnerado los derechos de los inquilinos a una vivienda digna
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15/9/2018 06:15
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Actualizado: 14/9/2018 22:47
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid mediante sentencia de 3 de septiembre ha estimado el recurso colectivo interpuesto por la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) en el año 2013 contra la venta de 2.935 vivienda públicas del antiguo Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), hoy Agencia de la Vivienda Social (AVS), al fondo buitre Azora-Goldman Sachs, que opera bajo la marca comercial Encasa Cibeles.
La sentencia reproduce y consolida los argumentos expuestos en el fallo emitido el pasado 21 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso nº 29 de Madrid al considerar que la enajenación produce, entre otras muchas vulneraciones, una «de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna».
Igualmente considera que la afirmación del IVIMA mediante la que justificaba la venta alegando la «innecesariedad»de las viviendas está totalmente injustificada. No se condena en costas a la parte denunciada a diferencia de la sentencia del juzgado número 29.
Esta segunda sentencia da la razón al equipo jurídico de PAVPS fallando a favor de varios recurrentes de Leganés.
Explican a CONFILEGAL que están ahora mismo a la espera de otras dos sentencias y que empiezan a ver los frutos de su trabajo en esta lucha judicial que perjudica a tantos ciudadanos con escasos recursos.
Para Felipe Serrano, abogado de este equipo jurídico “parece claro que se consolida, por fin, el camino para que después de cinco años los inquilinos afectados por la venta de sus viviendas públicas a fondos buitres empiecen a obtener sentencias favorables que dictaminan que aquella venta fue totalmente irregular, y que las viviendas vendidas a fondos buitre deben volver a ser públicas”.
El procedimiento ha sido excesivamente largo, lo que ha hecho que muchos de esos inquilinos tuvieran que abandonar su vivienda.
Desde instancias judiciales se llegó a decir que dichos inquilinos no tenían legitimación para recurrir dichas resoluciones. “Hasta que el Tribunal Supremo no se pronunció en dos sentencias santificando dicha legitimación no hemos podido avanzar en estas cuestiones”, señala.
Para este jurista, con esta sentencia se abre de nuevo la oportunidad para que la Comunidad de Madrid revierta esta negligente operación y repare el daño causado a miles de familias.
“La sentencia no se puede ejecutar todavía, se espera un recurso de apelación por parte del IVIMA. Sin embargo, está claro que la relación con el nuevo propietario queda anulada. Mientras no resuelva el tribunal el recurso de apelación no se podría pedir la ejecución provisional”, indica.
Sobre la situación de los inquilinos, detalla que hay algunos que siguen en sus viviendas pese a que cambió el propietario y otros que tuvieron que marcharse ante los nuevos alquileres elevados que se impusieron de forma unilateral.
Este nuevo fallo judicial coincide en el tiempo con las recientes declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que afirmó que «vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal». De alguna forma nuestros jueces empiezan a darse cuenta que esta venta a este tipo de fondos no era una decisión acertada, dice este abogado.
Desde la PAH se cree que Garrido tiene la oportunidad de demostrar que es coherente y no sólo no recurre esta sentencia, sino que revierte la totalidad de la venta que supuso el desmantelamiento del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid.
Lucha contra los fondos buitres
Al mismo tiempo, hemos podido conocer que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de vivienda pública de Madrid a fondos buitre, tanto en el caso de la EMVS como del antiguo IVIMA.
Así lo adelantaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que el Ejecutivo va a desarrollar una Ley de Vivienda para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional y «poner fin» a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre.
El Consejo de Ministros de este viernes lo ha ratificado.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez aseguró que al Ejecutivo «no le va a temblar la mano» para que las administraciones que están detrás de este «intolerable» abuso que ha afectado «a tantas personas humildes» asuman sus responsabilidades políticas y económicas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, los fondos buitre se hicieron con casi 5.000 viviendas públicas, 1.860 procedentes de EMVS y 2.935 procedentes del IVIMA.
Aquella venta, declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, es investigada por el Juzgado de Instrucción número 48 de la capital a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que considera que aquella operación presenta irregularidades que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación.
Es el principio de una lucha para devolver las viviendas a sus verdaderos propietarios. Una lucha en el que el papel de los jueces y sus fallos está siendo clave para cambiar las tornas.
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