El director del Máster de Cifuentes habría desviado dinero a su familia de la cuenta del instituto
La Justicia investiga a Enrique Álvarez Conde por las presuntas irregularidades destapadas en el Máster que realizó en 2012 la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes./ EP

El director del Máster de Cifuentes habría desviado dinero a su familia de la cuenta del instituto

SUPUESTAMENTE USÓ UNA 'tarjeta black' PARA GASTOS PERSONALES A CARGO DEL Instituto de Derecho Público
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19/9/2018 13:19
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Actualizado: 04/7/2022 16:57
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Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, habría realizado transferencias de dinero «no justificadas» de la cuenta del instituto a familiares, entre ellos sus hijos y su yerno.

Así consta en el sumario del caso que instruye la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga a Álvarez Conde por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Lo considera ‘el urdidor’ del sistema montado en el instituto para dar trato de favor a «un grupo escogido» de alumnos.

Además, el Juzgado de Instrucción número 34 investiga al catedrático por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según un informe policial aportado a la causa, que corresponde a la Pieza E de la instrucción, Álvarez Conde habría realizado transferencias a sus hijos que suman 27.750 euros, y otras de 20.000 euros en el caso de su yerno y el hermano de éste.

La Policía «va a proceder a la toma de nuevas declaraciones» para averiguar el motivo de esos movimientos de dinero.

Además, supuestamente realizó numerosos gastos personales como «compras en comercios, bares, restaurantes, gastos de taxis, compras en Spotify, recibos de Telefónica y Orange» con una ‘tarjeta black’ que usaba con fondos de la cuenta del instituto.

Son algunos de los numerosos gastos personales que recoge una denuncia de la Universidad Rey Juan Carlos. Entre ellos destaca, por ejemplo, un cargo de 581 euros realizado en el supermercado Simply del barrio del catedrático.

La Rey Juan Carlos indica que «no obedecen indiciariamente a ningún gasto relacionado con el ejercicio de la docencia amén de que en su caso, tampoco se encontrarían debidamente autorizados ni presupuestados con la autorización del Consejo de Gobierno de la URJC».

Afirma que el instituto funcionaba «sin contabilidad» y sin «presupuesto anual», lo que supone «una grave infracción» de la ley que regula esta materia. Afirma que no se seguía el Plan General de Contabilidad Pública ni la Ley General Presupuestaria del Estado.

Asimismo, sostiene que incumplía la Ley de Contratación, dado que figuran facturas de 86.000 euros, una cantidad superior a los 15.000 euros que obliga a una licitación pública.

EL DELEGADO DEL RECTOR DETECTÓ LAS ANOMALÍAS EN LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DEL INSTITUTO

Fue el delegado del rector quien detectó anomalías en los movimientos de la cuenta del instituto, y lo puso en conocimiento de la policía el pasado 4 de mayo en su declaración en sede policial.

Contó que había acudido a la sucursal bancaria de la cuenta del instituto para hacerse cargo de la misma y que el director de la entidad bancaria le informó de «la gran cantidad de movimientos, especialmente desde 2017″, así como «muchos gastos efectuados con la tarjeta de crédito».

Le informó de una transferencia de 100.000 euros a un banco italiano en el que el instituto tiene abiertas dos cuentas corrientes.

Según el delegado del rector, todos esos pagos «no estaban justificados».

Alertó de esta situación al rector de la universidad, Javier Ramos, y presentaron una denuncia ante los juzgados de plaza de Castilla.

HASTA EN TRES OCASIONES SE HA NEGADO A DECLARAR

En las tres ocasiones que Enrique Álvarez Conde ha sido citado a comparecer por Rodríguez Medel se ha acogido a su derecho a no declarar.

La última vez fue el pasado 10 de septiembre. Se limitó a leer un manifiesto en el que se ha quejado de la “indefensión” que está sufriendo en la causa.

Además, criticó el informe de la Guardia Civil y a la juez por llevar a cabo “una causa general” contra su persona.

Aquel día declararon las profesoras Clara Souto y Cecilia Rosado, que figuraban como miembros del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes.

Ambas afirmaron que Conde era el que “mandaba” en todo y el que decidía quien defendía o no el trabajo de fin de Máster, ya que era “una mera formalidad”.

Explicaron que eran profesoras visitantes sin autonomía académica y que “todo se hacía por la bendición de Conde”.

Rosado también reconoció que se aprobó a algunos alumnos aunque no hubiesen defendido el trabajo final ante un tribunal porque Conde decía que eso era “una mera formalidad”.

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