La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Cecilia Rosado ha reconocido hoy ante la juez Carmen Rodríguez Medel, que investiga las supuestas irregularidades en el Máster de Cristina Cifuentes, que se aprobó a algunos alumnos aunque no hubiesen defendido el trabajo final ante un tribunal porque el director, Enrique Álvarez Conde, decía que eso era «una mera formalidad».
Ha explicado que en los estudios de posgrado que dirigía Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público era «una práctica habitual firmar por los profesores que debían hacerlo», y que el catedrático era el que decidía quien defendía el Trabajo de Fin de Master, según han informado fuentes jurídicas.
La juez de Instrucción número 51 de Madrid ha realizado una nueva toma de declaraciones, después de que un informe caligráfico de la Guardia Civil detectara anomalías en las rúbricas que aparecen en las actas de defensa del trabajo final de seis alumnos de la promoción de Cifuentes.
Además de Rosado, ha declarado una de las docentes que evaluó a Cifuentes, Clara Souto, y el exdirector del instituto Enrique Álvarez Conde. También estaba citada a declarar la exsubdirectora del instituto Laura Nuño, pero su comparecencia se ha aplazado el próximo 24 de septiembre porque su abogado no la podía asistir tras una lesión.
Los cuatro están imputados, acusados de presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación.
ÁLVAREZ AFIRMA QUE LA JUEZ LLEVA A CABO ‘UNA CAUSA GENERAL’ CONTRA ÉL
El primero en comparecer ha sido Enrique Álvarez Conde, que por tercera vez se ha acogido a su derecho a no declarar.
Se ha limitado a leer un manifiesto en el que se ha quejado de la «indefensión» que está sufriendo en la causa.
Además, ha criticado el informe de la Guardia Civil y a la juez por llevar a cabo «una causa general» contra su persona.
Por su parte, las profesoras Clara Souto y Cecilia Rosado, que figuraban como miembros del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, han declarado que Conde era el que «mandaba» en todo y el que decidía quien defendía o no el trabajo de fin de máster, ya que era «una mera formalidad».
Asimismo, han dicho que eran profesoras visitantes sin autonomía académica. «Todo se hacía por la bendición de Conde», han aseverado.
Souto ya compareció el pasado mayo, pero como testigo. Fue una de las profesoras del tribunal que supuestamente evaluó a Cifuentes y cuya firma aparecía en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Afirmó que su rúbrica estaba falsificada.
Hoy ha comparecido tras el informe de la Guardia Civil que da autenticidad a cuatro de las firmas que aparecen en seis actas de alumnos que no realizaron el trabajo.
Ha negado que fuese suya la firma que aparece en el acta de calificación de un alumno y ha dicho que nunca autorizó a nadie para que firmase por ella. Habría reconocido que sí plasmó su rúbrica en una de las actas, pero no en el resto, según las fuentes.
Además, ha señalado que Conde consideró que no era necesario que algunos alumnos defendieran ante un tribunal su trabajo final.
Celicia Rosado también compareció como investigada en esta parte de la investigación.
En una de sus anteriores declaraciones afirmó que había recibido presiones presuntamente de Maite Feito, exasesora del Gobierno regional. Además, afirmó que el director del Máster la presionó para «fabricar» el acta.
En esta ocasión, ha reiterado que Conde mandaba y que era «una práctica habitual firmar por los que debían hacerlo». Al igual que su compañera, ha señalado que si se evaluaba a los alumnos, era porque habían aprobado, si bien a veces no defendían el trabajo.
A su salida del juzgado, la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC, Laura Nuño ha sido preguntada por el Máster de la ministra de Sanidad Carmen Montón, y ha dicho que no hubo «ninguna» irregularidad en la obtención del título y que ésta presentó un trabajo para aprobar el posgrado.
