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Objetivo: Salvar a la juez María Victoria Rosell Aguilar

Carlos Berbell
Objetivo: Salvar a la juez María Victoria Rosell Aguilar
Carlos Ramón Sosa Báez hace unos años, en una foto tomada en los juzgados de Las Palmas; a la izquierda, su pareja, la magistrada María Victoria Rosell Aguilar. Arcadio Suárez.
20/9/2018 06:15
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Actualizado: 19/9/2018 23:47
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Es altamente probable que si el Gobierno del PSOE sobrevive a la actual tormenta política que lo está castigando se pueda producir la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una candidata que opta a uno de los puestos de vocal del órgano de gobierno de los jueces es la magistrada María Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y exdiputada nacional de Podemos.

Es en ese contexto en el que hay que entender la publicación del artículo que hizo ayer su pareja de hecho, Carlos Ramón Sosa Báez, director del digital Canarias Ahora, en su medio, con el fin de desacreditarme profesional y públicamente.

Un artículo que responde a la operación puesta en marcha por él mismo y que tiene el objetivo de salvar a la juez Rosell.

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Salvarla de sus propios errores personales y meteduras de pata para que pueda ser vocal del CGPJ con el apoyo de Podemos, acallando las voces críticas, como las de Confilegal.

Reconozco que me ha hecho gracia el relato conspirativo construido por Carlos Ramón Sosa Báez. Este señor sabe que no hay nada que venda más que una conspiración, con alguien moviendo los hilos por detrás.

Conozco a Salvador Alba y a cientos de jueces y magistrados -entre los que se encuentra su pareja de hecho, María Victoria Rosell Aguilar-, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, funcionarios, políticos, personas de todo tipo y condición. Es lo que conlleva ejercer la profesión de periodista para obtener información.

Son gente, casi la completa mayoría, con personalidad, con las ideas claras y una experiencia vital de largo recorrido, como el magistrado Alba.

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Pretender hacer creer, o sugerir, a los lectores que yo escribo o edito denuncias o notas de prensa para esta persona es un insulto a la inteligencia.

Es muy fácil manipular documentos digitales y atribuir sus autorías a otros. En la red se pueden encontrar decenas de páginas -y de vídeos en Youtube- que te dicen cómo hacerlo en tres minutos.

Les invito a que lo prueben. Se sorprenderán de lo fácil que se consigue ese conocimiento

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Estoy seguro de que este periodista sabe muy bien cómo hacerlo, después de haber pasado por el «caso Salmón».

Aquella querella que presentó en 2009, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra el presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno Autonómico, José Manuel Soria, al que «le une» una profunda enemistad, cosa que es pública y notoria.

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Una querella que, según los metadatos del documento, había sido escrita en el ordenador de la pareja de hecho del periodista, la magistrada María Victoria Rosell Aguilar.

El caso fue finalmente archivado, pero el periodista aprendió.

A las pruebas me remito ahora.

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No voy a entrar a describir cómo es mi relación con el magistrado Alba porque eso entra dentro de mi secreto profesional como periodista.

De la misma forma que Carlos Ramón Sosa Báez lo hace lo propio con sus fuentes.

A la espera de lo que diga la Comisión Disciplinaria

Pero querer montar una historia conspirativa en la que su compañera sentimental es la pieza a abatir no se sostiene.

La magistrada no necesita ninguna ayuda para meterse en problemas, ya lo hace ella de forma natural.

En el CGPJ son muy conscientes de ello.

Y es lógico que María Victoria Rosell Aguilar esté nerviosa.

Y su pareja, también.

Porque el próximo 27 de septiembre, la Comisión Disciplinaria del Consejo tiene que decidir si le impone un mes de suspensión de empleo y sueldo, tal como proponen el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, por haber incurrido en una falta muy grave de “revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella” al publicar en su cuenta de Twitter un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, con del fin de opinar en redes sociales.

Una sanción disminuiría de forma drástrica sus posibilidades de entrar en el CGPJ.

Pero es que a la resolución de esta queja le tiene que seguir otra, esta presentada por el periodista de Radio Las Palmas, Juan Santana Hernández, quien el martes pasado acusó a «Su Señoría», como la llama él, de haberse mofado de su persona.

Lo contamos ayer en Confilegal. 

Por sus hechos los conoceréis

Sé que Carlos Ramón Sosa Báez vende la imagen de «periodista serio y riguroso». Sin embargo, una pequeña consulta a la base de datos del Centro de Documentación Judicial del CGPJ, lleva a concluir lo contrario.

Porque entre 2006 y 2013 sus diferentes empresas y él, como máximo responsable, han sido condenados nada menos que 9 veces, siempre por lo mismo: intromisión en el derecho al honor, la forma que toman en la jurisdicción civil las injurias y las calumnias de la jurisdicción penal. 

Todas las sentencias conllevaron el pago de diferentes cantidades.

Desde 36.000 euros del caso mayor, a los 4.000 del menor, siendo la más común la de 6.000 euros. 

Tres de esas sentencias son de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Dos de 2011 y una de 2013.

En todas ellas es el mismo ponente: Juan Antonio Xiol Rius, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional.

En la STS 5512/2011, de 20 de julio, el magistrado le reprocha que haya publicado la noticia basándose en un rumor, «sin soporte probatorio alguno, pues de la prueba practicada no se obtuvo información alguna acerca de la posible compra del citado partido» de fútbol [Universidad de Las Palmas-Cádiz C.F.].

En las tres, entre las que se incluye la STS 4625/2011 de 11 de julio, como en la de STS 3252/2013 de 5 de junio, las condenas son por vulneración del derecho al honor.

En la segunda, Xiol Rios dice de forma categórica «declaro que se ha vulnerado el derecho al honor del actor por la información inveraz e inexacta sobre su persona». 

Las seis restantes, firmes, como las anteriores, corresponden a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en la jurisdicción civil.

La primera sentencia es de la Sección Tercera, SAP 2543/2006 de 27 de septiembreponente Rosalía Mercedes Fernández Alaya-; la segunda, de la Sección Primera, SAP 1941/2007 de 4 de junio -ponente Víctor Caba Villarejo-; la tercera, de la Sección Quinta, SAP 178/2009 de 15 de enero -ponente Ángel Guzmán Montesdeoca Acosta-; la cuarta, de la Sección Cuarta, SAP 763/2009 de 20 de marzo -ponente Emma Galcerán Solsona-; la quinta, de la Sección Quinta, SAP 723/2012 de 30 de marzo -ponente Carlos Augusto García Van Isschot-.

La sexta sentencia es de la Sección Primera. Y explica muchas cosas actuales. Porque el ponente –SAP 1607/2007 de 19 de junio– fue nada menos que Salvador Alba.

El magistrado condenó a la empresa que entonces dirigía Carlos Ramón Sosa Báez a una multa de 4.000 euros. ¿De aquellos polvos estos lodos?

El ser humano es siempre lo mismo.

Cualquiera puede consultar estos datos en la página del CENDOJ y tener acceso a las diferentes sentencias, para bajarlas y leerlas.

Basta con pinchar sobre este enlace.

Así de simple.

Por estas razones, después de leer las sentencias, no quise contestar a los dos «Whatsapp» que me envió la pareja de la magistrada candidata a vocal del CGPJ, Carlos Ramón Sosa Báez, quien me requirió que le respondiera a sus preguntas en su tono peculiar.

Comprensible, ¿no?

Hay que salvar a la juez Rosell. Siempre lo tuve claro.

 

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