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Gürtel: Historia de una conspiración

Gürtel: Historia de una conspiración
El autor de esta columna es Marcos Molinero, socio director de Abogados Penalistas Madrid. Carlos Berbell/Confilegal.
01/10/2018 06:15
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Actualizado: 01/10/2018 08:47
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Despertarse un plácido domingo y descubrir como todos los medios de comunicación revelan lo que los abogados de los condenados en el caso Gürtel venimos denunciando desde el estrado desde hace años no tiene precio.

Es tener la certeza personal de que el caso Gürtel fue una conspiración en toda regla, con protagonistas que uno piensa que sólo tendrían cabida en las mentes creativas de guionistas de cine y televisión.

Todo comenzó en 2005, cuando el magistrado Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, instruía la causa conocida como “BBVA-Privanza”.

En el transcurso de la misma , el magistrado ordenó el registro del despacho profesional del abogado Luis de Miguel Pérez(hoy condenado a 12 años y 9 meses de prisión en la sentencia Gurtel, Primera Época).

En ese registro, los policías, sin tener una autorización judicial concreta para ello, ampliaron el registro en el despacho del abogado a todas las empresas que eran sus clientes.

Entre ellas se encontraban las que se denominaron “empresas de Francisco Correa”.

Meses antes, el 6 de noviembre de 2007, José Luis Peñas, un exconcejal del PP en Majadahonda, población al oeste de Madrid, y colaborador de Correa, en paro, acudió a las dependencias de la UDEF  (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ), de la que era responsable José Luis Olivera.

Unidad que fue creada en 2005 por el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, colaborador de máxima confianza del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Peñas entregó a la UDEF, en concreto al inspector jefe, Manuel Morocho (autoproclamado “guardián de la Ley” ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que juzgo la pieza Fitur de Gürtel), unas “cintas” con cientos de horas de grabaciones de audio (previamente cortadas y adaptadas para evitar su propia incriminación).

Eran grabaciones de conversaciones que había mantenido con Correa y otras personas relacionadas con él en múltiples reuniones y encuentros privados a lo largo de tres años.

Por orden, y con la supuesta ayuda técnica de los hombres de José Luis Olivera y Manuel Morocho, el “aprendiz pobre de Villarejo”, Peñas, continuó grabando a Correa y a su entorno profesional y personal y se las fue entregando a la UDEF.

NO HUBO AUTORIZACIÓN JUDICIAL

No sabemos todavía hoy, a ciencia cierta, cuando la Fiscalía Anticorrupción conoció de la investigación de la UDEF con Peñas y si participó en la monitorización de las conversaciones privadas de Correa.

Difícilmente podemos afirmar que no tuviera nada que ver en esa intromisión ilegal sin autorización judicial alguna.

Según los audios de las “cintas de Villarejo” en agosto de 2008 “se reunieron el magistrado Baltasar Garzón, el comisario general González García, el mencionado Olivera y el entonces comisario José Manuel Villarejo, con el objetivo de “preparar la Gurtel”.

También en agosto de 2008 la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, presentó una denuncia ante el Juzgado del magistrado Garzón, quien incoó unas diligencias previas, declaró el secreto de las actuaciones y comenzó a intervenir las comunicaciones de los investigados.

DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY

La Constitución Española establece claramente como derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (artículo 24.2 de la CE).

Esto quiere decir que un juez no puede hacerse cargo de una investigación si no le es encomendada conforme a las reglas de reparto establecidas.

Con ello se persigue evitar que los jueces se hagan cargo de investigaciones siguiendo in interés personal o de terceros que buscan en ese juez un trato de favor para la investigación del asunto del que se hace cargo.

El entonces magistrado Garzón explicó que se hizo con la instrucción dado que existía una conexión BBVA-Privanza contra Gurtel a través del abogado Luis de Miguel Pérez.

Las “grabaciones de Villarejo” vienen a abundar en los que llevamos denunciando los abogados hace años: Baltasar Garzón, con la colaboración de la cúpula policial de la época, siendo ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió la instrucción de la Gurtel cuando no le correspondía.

¿Para qué? Villarejo lo ha explicado muy bien en sus audios.

UNA INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA

Esta historia debe ser contada por todos aquellos jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, oficiales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que cada día nos dejamos la vida física y la intelectual por el noble oficio de cumplir y hacer que se cumpla, la Ley, nos guste o no- Porque la Ley es la Ley, y no vale bordearla ni tomar atajos.

Cuando el fiscal general del Estado, don José Manuel Maza, ordenó en 2017 a los fiscales combatir la prospección en las investigaciones y los informes policiales de inteligencia, pensaba en el proceso de la Gürtel y en la iniciada instrucción del caso Lezo.

«Si no hay confidencialidad no puede haber defensa. Y sin defensa no puede haber un juicio justo», me dijo en una conversación personal.

«Cualquier juicio justo se sostiene sobre tres patas: un juez materialmente imparcial y formal, una acusación independiente que presenta las pruebas de cargo y una defensa profesional. Si falta alguna de ellas, la mesa se cae».

Aquellas cuatro frases no resultaron proféticas. Porque no lo eran.

Maza se limitó a relatar la génesis de cualquier procedimiento penal.

Las reglas del juego limpio que deberían imperar.

Luego, en la última Memoria de la Fiscalía que presentó en septiembre de 2017, también condenó “la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.

La cosa le preocupaba.

Doy fe personal.

A la vista de los audios que se han estado conociendo estos días, y en especial, los de ayer, parece ser que no ha habido juego limpio.

Y sí mucha investigación prospectiva.

La operación contra los investigados se reventó en la madrugada del viernes 6 de febrero de 2009.

Me cuentan los abogados actuantes en ese momento que cuando Garzón entendió que estaban suficientemente «fríos» algunos de los investigados los envió a la prisión de Soto del Real seis días después, el 12 de febrero de 2009.

Todos los abogados dedujimos con solvencia que la razón que provocó lo que ocurrió después es que radica en que las investigaciones del inspector jefe Manuel Morocho no parecían satisfacer a las fiscales anticorrupción, señoras Sabadell y Segura, y mucho menos al entonces magistrado.

GRABACIONES CLIENTES-ABOGADOS EN SOTO DEL REAL

En mi opinión, Garzón, para intentar obtener pruebas incriminatorias, autorizó la continuación de la investigación prospectiva (tenemos fundadas sospechas de que ya se habían iniciado antes), desde el 20 de febrero al 6 de Mayo de 2009, de las conversaciones de los letrados con sus defendidos en la prisión de Soto del Real.

De aquellas escuchas se obtuvieron numerosos indicios probatorios que fueron utilizados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción como base de su acusación.

Más aún, de esas escuchas se elaboraron informes policiales cuyo contenido incluso ha sido trasladado a los escritos de acusación punto por punto y como por coma.

El proceso de la Gürtel ha costado a los españoles muchísimo más que las responsabilidad civil que se reclama a los hoy condenados.

Francisco Correa hace tiempo que ofreció el pago de esa responsabilidad.

La sentencia, de mas años de cárcel que vidas posibles, ha sido redactada por el público defensor del ex juez Garzón, el señor don Ricardo de Prada y por un “durmiente”, el señor don Julio de Diego al que hoy el CGPJ tiene abierta una investigación dada su indolente pasividad durante el juicio oral al que asistió más tiempo dormido que despierto.

Aquella mala instrucción de la Gürtel le costó al entonces magistrado Baltasar Garzón su expulsión de la carrera judicial durante 11 años.

Una sentencia unánime que le impuso la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, compuesta por 7 magistrados.

¿Pudiera ser que Garzón se apropiara ilícitamente de la causa, saltándose todas las normas de reparto de la Audiencia Nacional? Yo pienso que sí.

Según se desprende de los audios de Villarejo, fue un plan urdido y maquinado por altos mandos cercanos al entonces ministro del Interior, Pérez Rubalcaba.

Pablo Crespo Sabaris, uno de los condenados en el juicio Gürtel, Primera Época, dijo  a preguntas de la fiscalía, que había escuchado rumores de que desde el despacho de Rubalcaba «se había organizado, con policías amigos, y gente de confianza, una operación que realmente iba dirigida contra el Partido Popular y que en esa operación estaba involucrado el señor Correa por su relación con el yerno del señor Aznar«.

¿Y ahora qué se va a hacer?, me pregunto.

¿Matar a los mensajeros, como pide el “compañero” Garzón, mirando para otro lado?

¿O tirar de la manta y limpiar el cáncer, caiga quien caiga, para evitar que se extienda la metástasis?

La pregunta se responde por sí misma. Si queremos que el sistema judicial y la democracia misma pervivan, sólo queda una cosa por hacer.

Y espero que la hagan.

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