Arranca el juicio contra los padres de Nadia Blanco por presunta estafa con la enfermedad de su hija
Están acusados de estafa por recaudar dinero para operar a la niña sabiendo que no necesitaba cirugía./ EP

Arranca el juicio contra los padres de Nadia Blanco por presunta estafa con la enfermedad de su hija

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para cada uno
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02/10/2018 11:57
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Actualizado: 03/10/2018 09:37
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Comienza en la Audiencia de Lérida el juicio contra los padres de Nadia Blanco, acusados de quedarse 1,1 millón de euros en donativos que recaudaron a través de una campaña fingiendo que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.

Hoy declaran el padre de la pequeña, Fernando Blanco, y la madre, Margarida Garau, para quienes Fiscalía pide seis años de cárcel por presuntamente estafar a los donantes que aportaron dinero para tratamientos de la menor de la que decían que estaba en peligro de muerte.

Además, el Ministerio Público solicita que sean condenados a pagar 9.720 euros de multa y a devolver a los donantes el dinero que recaudaron a través de la cuenta de la ‘Asociación para la Tricotiodisfrotia y Enfermedades Raras de Baleares’.

Blanco está en prisión provisional desde diciembre de 2016. Fue detenido en la Seu d’Urgell (Lérida) huyendo de un control policial en la comarca de la Cerdanya, durante un operativo que los Mossos d’Esquadra había activado ante su riesgo de fuga. Llevaba una pistola de fogueo.

La madre quedó en libertad con cargos y perdió la custodia de la niña. Ambas residen en Baleares, y puede verla los sábados y los domingos. 

La pequeña vive con una tía materna en Binissalem desde diciembre de 2016.

En el juicio están citados una treintena de testigos, entre ellos agentes de los Mossos d’Esquadra y médicos forenses. Se ha personado como acusación particular Grupo Inversor para el Desarrollo, SL que hizo aportaciones de unos 13.000 euros.

Estaba previsto que se celebrara el 5, 6 y 7 del pasado junio, pero el cambio de abogado del padre hizo que el nuevo letrado solicitara un aplazamiento alegando la dimensión de la causa, que suma 11 tomos.

El anterior letrado del acusado renunció a defenderle. Como no se designó otro, el Tribunal de la Audiencia de Lérida pidió al Colegio de Abogados de Lleida que aportara un abogado de oficio.

Cabe destacar que la Fiscalía no ha citado a declarar a la niña.

RECAUDARON FONDOS CON LA INTENCIÓN DE DESTINAR EL DINERO A SU PROPIO CONSUMO Y OCIO, SEGÚN LA FISCALÍA

La Fiscalía sostiene que lograron 1.111.317 euros, de los que 2.707 se destinaron a tratamientos médicos, y que «con ánimo de obtener un lucro patrimonial ilícito», cuando la niña tenía cinco años, en 2009, crearon la ‘Asociación para la Tricotiodistrofia en Baleares’, con la excusa de recaudar fondos para el tratamiento de la enfermedad, siendo su verdadera intención destinar el dinero a su propio consumo.

Los padres vivieron en Baleares hasta 2013. A principios de ese año se trasladaron a Fígols (Lérida) e inscribieron a la hija en un colegio de Organyà, donde contaron en una reunión de padres que sufría una enfermedad grave y que necesitaba tratamientos muy costosos, consiguiendo que vecinos de varias poblaciones iniciaran campañas de recaudación, con venta de lotería incluida.

Las pruebas practicadas a lo largo de la instrucción del caso confirmaron que la menor sufre tricotiodistrofia, una enfermedad de origen genético que consiste en alteraciones cutáneas, oftalmológicas y trastorno del desarrollo del lenguaje, pero descartaron que esa dolencia suponga un riesgo para su vida.

El fiscal relata que al ser detenidos en noviembre de 2016, en las cuentas solo quedaban 300.000 euros, y que se ha podido identificar a 5.574 donantes por transferencia bancaria, pero no se ha podido identificar a 1.006 personas que hicieron ingresos en efectivo ni a los centenares de personas que participaron en las recaudaciones mediante huchas o subastas de objetos donados por terceras personas.

El Ministerio Público señala que el grueso del dinero recogido lo destinaron a «su propio enriquecimiento personal, costeando su alto nivel de vida y la compra de artículos de lujo», ya que desde 2007 tenían ninguna actividad laboral, ni consta que la tienda de vinos que abrieron generara suficientes beneficios. El alquiler lo pagaban con los donativos.

Tras su detención, en los registros en su domicilio y en los locales que tenían alquilados en Organyà, los Mossos d’Esquadra encontraron 2.180 euros en metálico y una colección de relojes valorada en 60.000 euros, teléfonos móviles, ordenadores, equipos e instrumentos informáticos, que se encontraban apilados junto con objetos de diversa índole que evidenciaban «un consumo de artículos de lujo innecesarios y en clara contradicción con la situación de necesidad económica en la que los acusados decían estar».

Según el juez instructor, de los 1.111.317 euros recaudados a través de la Asociación, a los que se suman donativos en metálico, la pareja sólo destinó a gastos médicos de la niña un total de 2.707 euros.

LA DEFENSA DEL PADRE DICE QUE NO CONCURREN INDICIOS DE UN DELITO DE ESTAFA

Por su parte, el abogado del padre de la menor ha asegurado que su cliente ha pedido devolver a los donantes el dinero obtenido en 2016.

En un comunicado el despacho del letrado cuenta que «el dinero recaudado en la campaña de noviembre/diciembre de 2016 se encuentra bloqueado judicialmente, ya que las cuentas bancarias fueron intervenidas en diciembre de 2016».

«A pesar de ello y de haberlo solicitado el señor Blanco Botana, no se ha procedido a retornar ni un céntimo de euro a los presuntos perjudicados, siendo la Administración de Justicia quien debe dar la orden de retorno de dichos importes», añade.

El abogado del padre asegura que ha aceptado defenderle porque, tras el estudio de los antecedentes, tiene «absolutamente claro que no concurren indicios de un delito de estafa, ni mucho menos delito de estafa continuado, y todavía menos de un delito de estafa en la modalidad hiperagravada», y constata que en septiembre recurrió alegando que la Audiencia no puede ser competente y solicitó la libertad provisional de su defendido.

El despacho afirma que ha solicitado la citación a juicio de todos los profesionales de medicina que han tratado y/o visitado en España a la menor desde su nacimiento -ya que la niña está gravemente aquejada de una enfermedad denominada como rara- y de todos los presuntos perjudicados que reclaman la devolución de sus aportaciones efectuadas de finales de noviembre de 2016 a principios de diciembre de 2016.

En esta campaña, según el letrado, «se pretendía recaudar 90.000 euros y finalmente se recaudaron cantidades superiores», de las que jamás pudo disponer su defendido, cuyo saldo bancario fue bloqueado.

Sostiene que en la campaña de recogida de fondos de 2012 se pretendía recaudar 47.000 euros recaudados y que siempre han sido destinados a la menor, y «cuando existió algún sobrante se hizo llegar a otras personas necesitadas».

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