El actual presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, conoce muy bien la Justicia madrileña al haber estado en cargos de responsabilidad desde hace cerca de 20 años/ Poder Judicial
Vieira propone soluciones a la Justicia de Madrid en su último discurso
COMO PRESIDENTE DEL TSJM ANTES DE MARCHARSE A LA AUDIENCIA NACIONAL
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04/10/2018 07:00
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Actualizado: 04/10/2018 08:31
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, desgranó ayer en el acto de apertura de tribunales madrileños, en el que fue último discurso como máxima autoridad judicial en la región antes de su marcha a la Audiencia Nacional, los principales problemas que enfrenta la Administración de Justicia en la Comunidad y propuso una serie de medidas para atajarlos.
Y es que tras cinco años como presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y casi diez como presidente de este Tribunal Superior de Justicia, Vieira, de 63 años, conoce muy bien la Justicia madrileña.
INGENTE CARGA DE TRABAJO
Ha dicho que en términos generales la Justicia madrileña cumple su cometido de manera adecuada, pero que hay una «ingente carga de trabajo» que recae sobre los juzgados y tribunales, en los que están especialmente afectados los de las jurisdicciones civil -por la masiva entrada de determinadas demandas relativas a consumidores- y social, como efecto de la crisis laboral en vías de mejora paulatina.
Además, ha destacado la «sensación de fatiga generalizada en el sistema de Justicia», que requiere la «superación de alguno de los esquemas tradicionales que imposibilitan su evolución hacia métodos más ágiles y eficaces».
«Fatiga en la que no quedan al margen todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, algunos incluso, como los jueces y magistrados, sometidos a una tensión profesional creciente, que ni siquiera es compensada en parte con el reconocimiento de derechos que se han recuperado en el resto de la función pública tras la superación de los efectos de la crisis económica, como algunos permisos o licencias», ha añadido.
ESPECIALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
Asimismo, ha reiterado por enésima vez la necesidad de aprovechar la potencialidad del gran número de órganos judiciales madrileños en todas las jurisdicciones para lograr una especialización que mejoraría la calidad de la respuesta judicial y, al mismo tiempo, reduciría el esfuerzo de los jueces, magistrados y todos los funcionarios de la Administración de Justicia.
Vieira ha señalado que «un ejemplo de la bondad de esta especialización es la establecida desde junio del año pasado para afrontar la resolución de la masiva entrada de demandas relativas a préstamos con garantía hipotecaria suscritos entre particulares».
Y ha indicado que este juzgado especializado, el Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, «aún no ha logrado resolver un mayor número de asuntos de los que ingresa» y que «su existencia es cuestionada por algunos», pero ha permitido aplicar métodos modernos y eficaces en la tramitación y resolución de pleitos.
Por ejemplo, ha citado el emplazamiento por vía electrónica, que «ha erradicado prácticamente el papel de estos procedimientos judiciales», la distribución del trabajo en la oficina judicial, la consulta de actuaciones mediante expediente judicial electrónico, y la organización colectiva del trabajo judicial, a imagen de los llamados “Tribunales de Instancia”.
«Métodos que pueden servir de experiencia a trasladar a otros órganos judiciales, superando el inmovilismo y el corporativismo que muchas veces atenaza las instituciones«, ha remarcado.
MEJOR ORGANIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA
Vieira ha expuesto también que para salvar el efecto de la litigación masiva, esta experiencia positiva debe ir seguida de una mejor organización de la segunda instancia, «con superación del modelo decimonónico de Secciones de Audiencias Provinciales integradas por tribunales aislados».
Según ha manifestado, la segunda instancia debe perseguir, en todo tipo de asuntos, como objetivo primordial, la unificación de criterios y la obtención de resoluciones totalmente homogéneas, para lo que «es preciso cambiar el papel que desempeñan los Presidentes de Sección, a los que debe encomendarse como tarea esencial la detección, con la mayor anticipación, de los criterios discrepantes con otros tribunales para provocar reuniones unificadoras entre magistrados”.
Asimismo, ha hablado de las «necesarias reformas legislativas, ya imprescindibles, que eviten el bloqueo de la Administración de Justicia que periódicamente sufrimos».
Al respecto, ha señalado que pueden resultar eficaces medidas como la obligatoriedad de presentación de demandas colectivas en estos casos o el establecimiento de procesos “piloto”, que permitan la aplicación automática y masiva de su decisión final al resto de las demandas.
En esta pretensión de especialización de órganos judiciales, ha puesto también la atención en los juzgados de Tutelas e Incapacidades, «órganos cuya importancia va a incrementarse debido al envejecimiento de la población».
Para Vieira, el incremento constante de personas afectadas por alguna limitación de su capacidad requeriría una especial atención a este tipo de juzgados, que deberían “estardotados de un especial auxilio de equipos de auditoría para el control judicial de la administración de patrimonios, en algunos casos de importante cuantía”.
«Quizá sería el momento para plantear la creación de una especialización de ámbito provincial que permitiera la centralización de sistemas de control patrimonial», ha señalado.
Entre las reivindicaciones que ha hecho también está la «necesidad de mejorar la gestión de las oficinas judiciales» para que, bajo la supervisión última de los titulares de los órganos judiciales, «sean más eficaces».
REESTRUCTURACIÓN DE LAS PLANTILLAS
Asimismo, Vieira Morante ha recordado que está pendiente la reestructuración de las plantillas de funcionarios en los distintos órganos judiciales, para homogeneizar en lo posible la carga de trabajo de todos los funcionarios y evitar el «desequilibrio existente entre unos órganos deficitarios de personal al lado de otros con un número excesivo de funcionarios».
«Es quizá la triple dependencia administrativa que sufrimos en el ámbito de la Administración de Justicia –magistrados y jueces, del CGPJ; letrados de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, y resto de funcionarios, de la Comunidad Autónoma- uno de los factores que más ralentizan y complican el funcionamiento de la Justicia», ha relatado.
El presidente del TSJM ha reclamado que, al menos, los letrados de la Administración de Justicia dependan orgánicamente del CGPJ, lo que «resultaría más respetuoso con la separación constitucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo».
CONSEJERÍA DE JUSTICIA EXCLUSIVA
Por otra parte, ha destacado que se ha logrado una vieja reivindicación: la de contar con una Consejería de Justicia exclusiva.
Según ha explicado, aunque ya anteriormente, con el actual presidente de la Comunidad como Consejero de presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, se había notado un cambio sustancial, con el incremento del presupuesto de Justicia en el último año y la puesta en marcha de una Mesa para la Mejora de la Justicia, ha sido con la creación de la Consejería de Justicia exclusiva cuando se ha promovido con más ímpetu, en el poco tiempo que lleva su consejera al frente, las medidas de mejora de la Administración de Justicia.
Considera que con este impulso y con el apoyo explícito de todos los grupos políticos a la puesta en marcha de mejoras en la Administración de Justicia, se logrará en pocas legislaturas poner a la Justicia madrileña «en el liderazgo que debe ocupar en el conjunto nacional, imprescindible para garantizar a todos el ejercicio de los derechos constitucionales».
VIOLENCIA DE GÉNERO
En su discurso también ha hecho alusión a la violencia de género: «En el funcionamiento global de los órganos judiciales, es el drama de la violencia contra la mujer, no obstante, uno de los que más nos acongoja y nos hace cuestionar la eficacia real de la Administración de Justicia«.
Vieira ha apuntado que «a pesar de la especialización creciente de los juzgados y tribunales en esta materia y de la atención legislativa y pública constante hacia este ámbito, nos vemos sorprendidos en los últimos días con sucesos brutales, incluso con muertes despiadadas de menores, que demuestran la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente a esta lacra social”.
“Cuando comprobamos que la intervención de una autoridad judicial no ha servido para alertar del peligro en el que se hallaban algunas mujeres, debemos profundizar en el esfuerzo y explorar nuevas medidas que contribuyan a reducir este fenómeno alarmante”, ha destacado.
En este sentido, ha abogado por la dotación de mayores medios a los juzgados de violencia de género para poder detectar prematuramente situaciones de riesgo de violencia, y ha dicho que es necesario incidir, aún en mayor medida, en los procedimientos judiciales derivados de una ruptura matrimonial, que «deben ofrecer métodos de resolución de estos conflictos con reducción de su conflictividad y con alerta de las situaciones de riesgo latente para poder afrontarlas con la conveniente anticipación».
Según ha indicado, esta conflictividad acrecienta la excesiva demora en la resolución de los asuntos, que se aproxima a los dos años en la segunda instancia en las Secciones de Familia de la Audiencia Provincial».
LA POSVERDAD, EN EL MUNDO JURÍDICO
El presidente del TSJM cerró su intervención con la defensa de la Constitución y sus valores.
Ha recordado que paradójicamente, en el 40 aniversario de la Constitución, «cuando ya creíamos plenamente consolidados los valores y garantías constitucionales, y sentadas las bases para una convivencia pacífica, es el momento en el que surgen con mayor ímpetu estos casos de violencia, que se añaden a un clima de crispación social y de cuestionamiento de muchas de las concepciones que considerábamos indiscutibles».
«Estamos asistiendo a un maquillaje consciente de principios, tergiversándolos para justificar el desprecio a la legalidad”, ha denunciado.
Y ha advertido que “la llamada ‘posverdad’ se ha trasladado al mundo jurídico, donde algunos tratan de imponer planteamientos jurídicos tramposos bajo la apariencia de construcciones doctrinales novedosas”.
«Campañas de desprestigio son puestas en marcha, bajo el amparo de las facilidades de comunicación que ahora gozamos con las nuevas tecnologías, para desarbolar las instituciones y manipular la información», ha criticado.
Ante este panorama, ha expresado que “la firmeza de la Justicia, la confianza en la actuación de los tribunales, la actuación decidida de todos en la aplicación estricta de la ley se erige en el único remedio”.
Asimismo, ha indicado que como en otros momentos históricos donde también se puso en peligro la democracia en nuestro país, «la Constitución supone la mayor garantía para superar estos ataques al sistema democrático».
También ha recordado que como dijo el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en su reciente discurso de apertura del Año Judicial, «la democracia no existe sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen la sociedad y no preservan los derechos y libertades de todos».
Por ello, ha destacado que «la neutralidad del Poder Judicial, que debe mantenerse inmune a cualquier influencia política, no puede significar nunca comprensión y tolerancia con actitudes de incumplimiento de las leyes, aunque estas sean propugnadas al amparo de alguna ideología o de movimientos de masas».
Además, ha apuntado que como decía María Ostiz en una famosa canción de la época de la transición, Un pueblo es, “a un pueblo hay que ganarlo con respeto».
«En la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución, ganemos el respeto del pueblo, de los ciudadanos, sin engaños, con la verdad por delante, con ejemplaridad pública y con acatamiento de las normas democráticamente aprobadas», ha sentenciado.
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