La Asociación de la Prensa de Sevilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exigen a Instituciones Penitenciarias que «deje de obstaculizar la labor de los periodistas y que autorice entrevistas con presos, como lo hace con el resto de profesionales».
Así lo han expresado hoy ambas organizaciones en un comunicado, en el que informan que entre 2015 y 2017 no se produjo «ninguna entrevista autorizada con internos», según se desprende de una respuesta escrita del Gobierno.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía hace hincapié en que el derecho a la comunicación y la expresión de los presos está recogido de manera específica en las Reglas Penitenciarias Europeas (artículo 24.2), que determinan que «los internos deben ser autorizados a comunicar con los medios»; así como en la Constitución Española, que fija que este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Ambas instituciones informan que hace dos años formularon una queja ante el Defensor del Pueblo a raíz de la sanción que la cárcel de Córdoba impuso a un preso por hablar con un periodista sevillano, que ha constestado ahora el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
Explican que éste ha recomendado a Instituciones Penitenciarias que «regule el acceso de periodistas a las cárceles a través de un procedimiento para que los profesionales puedan mantener entrevistas» con los presos.
Detallan que el Defensor del Pueblo considera que debe existir «un procedimiento escrito con garantías» que concrete las razones por las que, en su caso, se deniega la autorización de la entrevista.
Para ambas asociaciones, dicha recomendación «viene a evidenciar la censura previa que está impidiendo el acceso de profesionales de la información a las prisiones, limitando así el derecho a la libertad de expresión e información de las personas presas y del colectivo de profesionales del periodismo».
Lamentan que la administración penitenciaria haya «justificado» la negativa a autorizar la entrevista de donde parte la formulación de la queja «amparándose en la protección del derecho a la intimidad de las personas presas, como si de menores o personas con discapacidad se tratase».
