El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha citado como investigados al consejero de Interior catalán, Miquel Buch, y a la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, ambos del PDeCAT, por promover el referéndum ilegal del 1-O entre los alcaldes. Están acusados de presunta desobediencia.
Tendrán que comparecer el próximo 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, a raíz de una querella que la Fiscalía presentó contra ellos en septiembre de 2017, cuando Buch era presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y Llovera de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).
El Ministerio Público les atribuía los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por emplazar a los alcaldes a promover el referéndum y a facilitar locales para celebrar el 1-O.
Considera que hicieron «actos inequívocos de promoción y organización del referéndum», pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y de los carteles de promoción de la campaña.
El TSJCat la admitió a trámite, pero sólo por el delito de desobediencia.
Cuando el Tribunal Supremo asumió la causa por presunta rebelión contra los líderes independentistas, el TSJCat remitió la investigación sobre Buch y Lloveras al magistrado Pablo Llarena, para evitar «resoluciones contradictorias» y posibilitar «la investigación y enjuiciamiento conjunto» del caso ‘procés’.
Sin embargo, el juez Llarena la devolvió al TSJCat, «sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que aquí se depura».
La querella se dio a conocer el mismo día que empezó la campaña del 1-O. Llovera denunció en el acto central celebrado aquel día por los independentistas que era un ataque al mundo municipal que demostraba que España es «un Estado en decadencia y sin valores democráticos».
Ayer, publicó un tuit diciendo que se trata de una querella «por hacer política, por expresar públicamente el apoyo al referéndum».
Citada a declarar el 6 de novembre a les 10.00 al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Querella per fer política, per expressar públicament el suport al referèndum. pic.twitter.com/FgpbE5yFM7
— Neus Lloveras?️ (@neuslloveras) 15 de octubre de 2018
El magistrado instructor del caso, Jordi Seguí, señala que Buch y Lloveras enviaron el 6 de septiembre de 2017 un correo a alcaldes catalanes indicándoles que «debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación» y se les facilitaban «un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum».
Dice que el 12 de septiembre volvieron a enviarles otro correo «bajo el rótulo ‘material de campaña para el referéndum del 1 de octubre’, que contenía el modelo de sendos carteles de fomento de la participación y -en el caso de la AMI- de defensa del voto afirmativo».
Asimismo, Lloveras mandó un tercero el 13 de septiembre, una vez que el Constitucional había difundido que iban a notificar a los alcaldes la suspensión cautelar del 1-O y las consecuencias de su incumplimiento, Neus LLoveras remitió un nuevo correo a los regidores catalanes con un informe jurídico que defiende la legalidad del procés y la inexistencia de delito alguno.
El informe que LLoveras adjuntó fue elaborado por SITxCAT (un grupo integrado por funcionarios públicos partidarios de la independencia, formado secretarios, interventores y tesoreros de la administración local).
“Con esta retorcida tesis se pretende conceder una supuesta cobertura jurídica” a la celebración del referéndum de autodeterminación, destacaba la Fiscalía en su escrito.
Indica que «con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC».
Entonces, Miquel Buch era presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), y Neus Llovera, presidenta de la AMI, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y diputada en el Parlamento catalán por JxSí.
El pasado septiembre, la asociación Hablamos Español, que preside Gloria Lago, también presentó una querella contra el consejero de Interior catalán por impedir que la manifestación que convocó contra el adoctrinamiento en las escuelas catalanas llegara hasta la plaza Sant Jaume de la Ciudad Condal. Lo acusa de presunta prevaricación.
