SUP, CEP, UFP y SPP denuncian que Interior ‘desactiva una medida que protege la seguridad de los policías frente al acoso y las amenazas’

Denuncian que Interior «desactiva una medida esencial» contemplada en dicha ley para proteger la seguridad de los agentes «frente al acoso y las amenazas» y «para el desarrollo de las propias investigaciones».

La Secretaría de Estado de Seguridad remitió el pasado miércoles a las fuerzas de seguridad dicha instrucción, que, entre otras cosas, también dicta medidas para unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias, como los cacheos, y en la interpretación de algunas infracciones tipificadas en dicha ley, como la desobediencia a los policías, y las faltas de respeto.

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, informó ayer que el Gobierno ha dictado esta instrucción para «racionalizar» la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que el PP la promovió en 2015, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, y sus detractores denominan ‘Ley mordaza’.

Según explicó, interior ha constatado «deficiencias, desproporcionalidades y situaciones extremas de aplicación» que no garantizaban los derechos y libertades de los ciudadanos ni otorgaban seguridad jurídica a los agentes en el ejercicio de sus tareas.

La ‘número dos’ de Interior recordó que la reforma de esa ley, que el PP aprobó en solitario con su mayoría absoluta y que el PSOE y otros partidos tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional, corresponde al Congreso, pero explicó que mientras se avanza en su modificación, el Gobierno ha pedido que se «racionalice» su aplicación.

«No podemos permitirnos que haya diferencias de aplicación porque sería anticonstitucional», subrayó.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), en el que cargan contra la instrucción cuarta, sobre el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  (artículo 36.23).

Interior expone que la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes «no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales».

Indica que en estos último supuestos los agentes actuantes deberán obrar en cada caso conforme a las normativas de seguridad y autoprotección, materias clasificadasm protección de datos de carácter personal, penal o civil aplicables al efecto, según corresponda.

«Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de identificar a la persona que haya tomado las imágenes, al objeto de proceder, en su caso, al ejercicio de las actuaciones oportunas para salvaguardar los derechos de los actuantes, o a su sanción administrativa o penal si se hiciese un ulterior uso irregular de los datos o imágenes en el sentido antes expuesto», añade.

Por su parte, los cuatro sindicatos policiales mayoritarios hacen hincapié en que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada para protegerles «frente a un uso indebido, por particulares, de sus imágenes con un fin que pusiera en riesgo su seguridad y la de su familia», algo que no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de información, pero sí con «las reiteradas y acreditadas campañas que han buscado de manera periódica condicionar, mediante el hostigamiento, el trabajo de muchos compañeros».

Destacan que la imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal y su inclusión en redes sociales o soportes de Internet de cualquier tipo supone un tratamiento no autorizado.

Los cuatro sindicatos mayoritarios consideran que los matices que Interior introduce ahora «sólo pueden ser entendidos como un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles».

«Somete nuestro trabajo a un entorno de mayor riesgo al establecer exigencias y requisitos para una sanción administrativa que busca proteger mejor a los compañeros frente a intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones», advierten.

Además, destacan que conllevará «más trabas para su aplicación, más obstáculos para su cumplimentación y, en definitiva, un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que defiende a los policías nacionales».

También denuncian que Interior se arrogue este nuevo enfoque interpretativo de la Ley «puesto que es el Tribunal Constitucional el encargado de someter a parámetros de idoneidad jurídica una norma sobre derechos fundamentales».

«Se trataría de una vía alternativa para desactivar preventivamente esa norma en un ámbito político, escapando de las limitaciones que establece el Poder Legislativo», subrayan.

Asimismo, dicen que les parece una «falta de respeto» que Interior haya elaborado esta instrucción «sin contar con los legítimos representantes de policías nacionales».

En un principio, sobre la mesa había dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana: la del PNV, que planteaba una reforma, y otra del PSOE, que abogaba por derogarla directamente

Los grupos llegaron a presentar enmiendas a ambas iniciativas, pero finalmente decidieron no convocar dos ponencias paralelas, sino una única que trabajará sobre el texto de los nacionalistas vascos, que no deroga la ley del PP, sino que la reforma.

Un total de 16 expertos en diversos ámbitos (dos por grupo) desfilarán por la Cámara Baja.

Por ejemplo, el PP ha propuesto al vicepresidente de la Unión de Oficiales, Javier Montes Robles, y al portavoz del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Ramón Cossío; el PSOE quiere llamar a Luis Arroyo Zapatero, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a una magistrada; mientras que el Grupo Mixto, representado por los Compromís y EH Bildu, quiere que acuda la portavoz de ‘No somos delito’, Sara López Martos, y el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

ACUERDO SÁNCHEZ-IGLESIAS PARA REVERTIR VARIOS ARTÍCULOS

Los trabajos para su reforma se han iniciado justo una semana después de conocerse los criterios que el Gobierno y Unidos Podemos han acordado en su pacto presupuestario para suavizar esta Ley.

En concreto, PSOE y Podemos quieren revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión».

En ese sentido, las partes se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos».

Además, defenderán la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación «claramente visible», que el registro corporal sólo se aplique en casos de «indicios concretos y comprobables» y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar «en profundidad» los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e «introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan».