La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, sin duda la juez que ha sufrido más «correctivos» de su propia Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en el año en curso, aseguró ayer al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, y al teniente fiscal, Luis Navajas, que los retrasos indebidos en las macrocausas que instruyen «estaban justificados».
Y en todo caso no fueron culpa suya.
«En ninguno» de los casos señalados, afirmó ayer su abogado, Agustín Azparren, las supuestas dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedecían en unos casos a trámites pendiente de informe, diligencias pendientes de periciales, exhortos o recursos de apelación que aún no se habían resuelto.
De Lara ha contratado a Azparren, el mejor abogado especialista en asuntos disciplinarios de jueces de España. Es exvocal del CGPJ y miembro de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces entre 2001 y 2008.
Y se ha notado.
La magistrada depuso durante más de tres horas en la sede central del Consejo, asistida por Azparren, para responder por un expediente disciplinario que Conde le ha abierto por la supuesta comisión de una falta muy grave, dos graves y una leve, previstas en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 y 418.16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La muy grave, la 417.9, consiste en “La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”; está castigada con suspensión, traslado forzoso o separación.
Las faltas graves con reprensión o multa y las leves con advertencias o reprensión.
Es decir, que De Lara se la está jugando en este procedimiento disciplinario que le fue abierto el 30 de octubre pasado.
«Tenemos una sensación muy buena porque contestó con bastante firmeza y con todo lujo de detalles y memoria sobre cada uno de los procedimientos, exponiendo que los retrasos estaban justificados y cuando no, era porque dependía de otros funcionarios o de trámites que estaban pendientes y no se podía hacer nada mientras tanto», explicó Azparren tras el interrogatorio a De Lara.
Un interrogatorio, que según ha sabido saber Confilegal, se ha preparado a conciencia.
Su línea de defensa ha sido la de echar balones fuera: Las supuestas dilaciones que se le atribuyen no fueron responsabilidad suya.
En unos casos los retrasos se produjeron porque estaban pendientes de informes.
En otros porque dependían de periciales, de exhortos o de recursos de apelación que todavía no se habían resuelto.
Sin olvidar el fondo: la falta de medios materiales y humanos que frenan cualquier macroinstrucción, más propia de un Juzgado Central de la Audiencia Nacional, que de un Juzgado de Provincia, según la magistrada.
De Lara, en su defensa, arremetió contra el informe que elaboraron los inspectores del CGPJ que examinaron su Juzgado durante diez días el pasado mes de mayo, afirmando que contiene afirmaciones falsas, erróneas o sesgadas.
Según Azparren, «casi todas» las objeciones versaron sobre la macrocausa por la ‘Operación Carioca’ que investiga corrupción y prostitución en Lugo.
En su opinión es razonable, dado que se trata de una causa más voluminosa incluso que la de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Tiene 272 tomos, unos 130.000 folios y diez fiscales asignados. La causa del 11-M contaba con 241 tomos y 43.000 folios y un juez asignado en exclusiva, mientras ella «no sólo lleva esa instrucción».
En esta jornada estaba prevista también la declaración de la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Lugo, pero ante la extensión de la intervención de De Lara, se ha pospuesto.
