Es la primera vez que el Gobierno descuenta a los jueces y fiscales la parte proporcional del sueldo por hacer huelga, reconociendo así su derecho a hacerla.
Hasta el momento no lo tenían reconocido oficialmente, pero tampoco la ley se lo negaba.
El Ministerio de Justicia, que dirige Dolores Delgado, ha ordenado detraer la parte proporcional del salario a los jueces y fiscales que hicieron huelga el pasado 19 de noviembre, y a los letrados de la Administración de Justicia, que pararon dos horas el 16 de noviembre.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ya ha firmado la orden.
Con esta decisión, Justicia ha reconocido este derecho, reclamado por el colectivo desde hace años, en aplicación del artículo 28 de la Constitución y del Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo sobre relaciones laborales.
Ha igualado a jueces y fiscales con el resto de funcionarios.
LAS RECLAMACIONES DEL 19-N: MEJORES SALARIALES, MAYOR INDEPENDENCIA JUDICIAL Y MÁS AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
La huelga del 19-N, que fue secundada por más de 3.300 jueces y 1.004 fiscales, según las asociaciones, fue convocada para reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Reivindicaciones que también hizo el pasado mayo la ministra Delgado, que siendo fiscal participó en la anterior huelga, cuando gobernaba el PP.
El paro fue promovido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra– y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Jueces y fiscales pidieron a Delgado que “asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo”, según manifestó la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús Del Barco, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla.
También han reclamado al Gobierno la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
Lo pedían para “evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las indicadas causas”.
Sin embargo, ayer venció el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas a raíz de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la LECrim, y no ha sido derogado.
Otra petición que hacen es el cambio del actual sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que jueces y magistrados puedan elegir a los vocales de extracción judicial (doce de los veinte).
“Seguiremos en la lucha por una Administración de Justicia de calidad, eficaz e independiente”, ha manifestado en Confilegal Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
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