Tres de las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), consideran que los jefes de los Mossos d’Esquadra o responsables políticos catalanes podrían haber incurrido en algún delito si ordenaron no actuar contra los Comités de Defensa de la República (CDR) durante los incidentes del pasado fin de semana.
Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, manifiesta que no tiene los datos suficientes para poder hacer esas afirmaciones, para calificarlos jurídicamente.
“En todo caso, lo que diría es que si hay alguna actividad supuestamente delictiva lo que se tiene que hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial”, ha añadido González Vega.
El sábado, los CDR bloquearon la autopista AP-7 durante casi un día, sin que los Mossos intervinieran. El día anterior, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, había apremiado al consejero del Interior, Miquel Buch, a emprender cambios en los Mossos, tras las cargas de los antidisturbios a manifestantes contrarios a actos de VOX, en Gerona y Terrassa (Barcelona).
Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha manifestado que “la magnitud de los hechos que hemos podido presenciar este fin de semana en varios puntos de Cataluña naturalmente no se compadecen bien con la función de cualquier cuerpo o fuerza de seguridad, ya sea del Estado o autonómica”.
“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por definición legal, por su propia esencia, tienen la función inequívoca e irrenunciable de garantizar la paz pública, y cuando hay disturbios que alcanzan las dimensiones que hemos conocido si alguien ha impartido órdenes que conduzcan a la pasividad y, por lo tanto, al abandono de las funciones que son propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sí podríamos estar hablando de la existencia de un delito”, ha detallado.
El portavoz de la AFV, Raimundo Prado, también ha expresado que «si hay un político, un jefe o un superior que da una determinada orden para que no se actúe, aún sabiendo que se están cometiendo hechos delictivos, eso puede ser responsabilidad de la persona que da la orden».
Además, Prado ha recordado que Josep Lluís Trapero está acusado de rebelión en la Audiencia Nacional por no cumplir las resoluciones judiciales que impedían la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
En el mismo sentido se ha pronunciado Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente.
“Si ha habido órdenes expresas para que no se intervenga ante estos hechos es constitutivo de delito, está tipificado en el Código Penal”, ha subrayado.
Ha destacado también que los Mossos son autoridad y “si tienen conocimiento de un hecho que es constitutivo de delito, tienen que intentar evitar que se cometa, no pueden permitirlo”.
La presidenta de Foro Judicial Independiente ha explicado que los CDR que cortaron la autovía habrían cometido un delito de coacciones “al impedir que se circule por las carreteras” y “que el hecho de que los Mossos no evitaran la comisión de ese delito, sería un presunto delito contra la administración».
“Han hecho omisión del deber de socorro a la gente que estaba metida en la carretera”, ha recalcado Rodríguez.
Sobre si la actuación de los CDR sería competencia de los tribunales catalanes o los posibles delitos podrían ser estudiados en la Audiencia Nacional, los portavoces de la APM, AJFV y FJI no han querido aventurar ninguna posibilidad porque consideran que el asunto debe ser objeto de un análisis más pormenorizado de los hechos ocurridos.
Al respecto, el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, ha descartado que deba hacerse cargo del caso la Audiencia Nacional. A su juicio, decir que la actividad de los CDR es terrorismo parecería «algo sacado de contexto».
Considera que «podrían ser desórdenes públicos, aunque habrá que ver el caso concreto».
González Vega entiende que «si es un problema de orden público corresponderá a las autoridades policiales identificarlos, detenerlos y entregarlos y ponerlos a disposición de la Justicia».
Concepción Rodríguez, por su parte, ha expresado que “la competencia a priori es muy difícil determinarlo porque habrá que analizar las concretas causas en las que se haya cometido el hecho”, pero ha señalado que “de entrada no hay que descartar ninguna posibilidad”.
