La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ocho años y medio de cárcel para el empresario mallorquín Bartolomé Cursach, a quien atribuye los presuntos delitos de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones.
También reclama 15 años de inhabilitación especial para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo, así como una sanción económica de unos 60.000 euros.
El Ministerio Público ya ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma de Mallorca su escrito de acusación por el caso Cursach, en el que se investiga una presunta trama corrupta liderada por este empresario de ocio nocturno en la que estarían involucrados empleados de sus discotecas, policías locales de Palma, funcionarios del Ayuntamiento de la capital y de Calvià, y la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell.
La Fiscalía Anticorrupción acusa también a otras 23 personas, entre ellas 15 policías de Palma.
Los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau relatan en el escrito, de 70 páginas, cómo Cursach, de manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta el 2016, dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo Cursach.
Señala que así se fraguó y persistió en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados públicos de la comunidad, de los Ayuntamientos de Palma y de Calviá y de la Policía Local de Palma, por sí mismos o dando órdenes e instrucciones ilegales, beneficiaban los intereses de los locales y negocios del Grupo apartándose de sus obligaciones administrativas.
Los fiscales describen cómo el Grupo Cursach agasajó al menos hasta finales del año 2009, con prebendas de diversa índole -fiestas privadas en sus establecimientos y apartamentos donde se les ofrecía servicios sexuales, consumiciones y sustancias estupefacientes- a jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local de Palma con competencias en el control de la normativa de los locales de ocio.
LOS OTROS ACUSADOS
La Fiscalía acusa a Bartolomé Sbert Nicolau, que fue director general del Grupo Cursach Ocio cuando tuvieron lugar los hechos denunciados, de pertenencia a un grupo criminal, prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones y pide 18 meses de cárcel, 15 años de inhabilitación en actividades relacionadas, 10 años para todo cargo o función pública y una multa de 60.000 euros.
Para la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, reclama la inhabilitación especial por 10 años para todo cargo o función pública por participar en un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada.
Otros de los acusados son Antonio Bergas Monserrat, Jaime Lladó Rubí, Arturo Segade Navas, Juan Miguel Mut Carcía, Bartolomé Capó Amengual, Gabriel Torres Pericás, Feliciano Franco Sánez de la Fuente, Gabriel Mayol Amengual, José Mayans Alcina, Miguel Estarellas Sastre, y Rafael Amengual Henry.
El empresario Bartolomé Cursach ya estuvo en prisión preventiva 13 meses, desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 18 de abril de 2018.
La Audiencia de Palma atendió parcialmente su recurso y decidió mantener la prisión provisional, pero eludible bajo fianza de 1 millón de euros, que Cursach abonó aquel mismo día.
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 6 DE PALMA INVESTIGA UN SUPUESTO DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS
Otro juzgado de Palma, el de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, del que es titular Miguel Jesús Florit Mullet, investiga un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre este caso.
El pasado martes, el juez Florit, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ordenó la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, el registro de las redacciones de Europa Press en Baleares y del Diario de Mallorca y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press.
El jueves Europa Press, el Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados se querellaron contra este juez por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas.
