La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros a repartir entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.
Las indemnizaciones deben ser abonadas por las partes ya condenadas: el capitán del barco, Apostolos Mangouras; la compañía aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association; el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC); y subsidiariamente por Mare Shipping INC (propietaria del buque).
La Audiencia de A Coruña ya decretó en noviembre de 2017 una responsabilidad civil de 1.573 millones de euros para el Estado, en ejecución de la sentencia del caso, dictada por el Supremo en enero de 2016, que condenó a 2 años de cárcel al capitán del petrolero.
El Alto Tribunal ha elevado esa cantidad al estimar los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Estado francés y parcialmente el de FIDAC contra el auto de la Audiencia de A Coruña.
Los planteados por el resto de responsables civiles los ha desestimado.
REBAJA LA INDEMNIZACIÓN DE LA XUNTA Y ELEVA LAS DEMÁS, AL INCLUIR EL IVA Y LOS INTERESES
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, modifica diversos aspectos del auto de la Audiencia.
Atendiendo el recurso de Francia y España, establece que en las indemnizaciones por responsabilidad civil reconocidas a ambos Estados deben incluirse las cantidades correspondientes al IVA abonado en las tareas de reparación del daño sufrido, concepto que en el caso de España asciende a 43,6 millones de euros.
Del recurso del abogado del Estado estima que -en contra de lo resuelto por la Audiencia- de la cuantía reconocida a España no pueden ser descontadas las cantidades recibidas en concepto de ayudas de fondos comunitarios, cuantificada por la aseguradora londinense en más de 275 millones de euros. Además, añade a las indemnizaciones los intereses.
El Supremo fija que todas las indemnizaciones reconocidas deben comprender los intereses moratorios por los daños y perjuicios desde el escrito de conclusiones provisionales, en el que se instó el abono de la indemnización, además de los intereses procesales devengados a partir del pronunciamiento sobre responsabilidad civil.
Corrige la sentencia de la Audiencia respecto a la indemnización de la Xunta por la tarea de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (Sogarisa) por importe de 1,87 millones de euros.
Mantiene 1,1 millones correspondientes a la eliminación de residuos del Prestige, pero retira los 751.555 euros del coste estimado de la puesta a punto de dicha instalación, que no se solicitaron en el juicio.
El tribunal también estima el recurso de la Fiscalía, que discrepaba de los términos establecidos en el auto de la Audiencia que acordó que fuesen las partes quienes instasen la ejecución de la resolución en el Reino Unido, donde tiene sede la aseguradora. Establece que es el juez quien debe instarlo.
The London Steamship Owners Mutual Insurance Association depositó en la causa en España 22,7 millones de euros, que deben distribuirse entre los perjudicados.
Respecto al FIDAC, que fue obligado a pagar indemnizaciones con las limitaciones de cuantía que establece su convenio regulador, el Supremo le da la razón en cuanto a que el ámbito de su responsabilidad se refiere a los daños materiales, y no a los medioambientales y morales, que deben ser cubiertos por el resto de responsables civiles.
EN NOVIEMBRE SE CUMPLIERON 16 AÑOS DE ESTA CATÁSTROFE ECOLÓGICA
El Prestige se hundió en 2002 frente a las costas de Galicia. El pasado 13 de noviembre se cumplieron 16 años de esta catástrofe ecológica.
El buque, con 27 tripulantes, transportaba 77.000 toneladas de fuel desde San Petersburgo (Rusia) a Gibraltar. Durante un fuerte temporal frente a la Costa da Morte sufrió una vía de agua.
Tras detectarse el primer vertido, se optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se prohibió atracar en cualquier puerto español.
Permaneció seis días a la deriva frente a Fisterra (A Coruña), hasta que finalmente se partió en dos y se hundió. Los vertidos de su interior terminaron invadiendo las costas de Galicia, pero también las del Cantábrico y Francia.
La ciudadanía se movilizó para frenar aquella marea negra y surgió la plataforma ‘Nunca Máis’ para reclamar Justicia y mayor protección medioambiental.
