Las asociaciones de jueces reprochan al Congreso no haber querido «despolitizar» el CGPJ
Los máximos representantes de las cuatro asociaciones de jueces; de izquierda a derecha: Manuel Almenar, de APM, Concepción Rodríguez, de FJI, Ignacio González Vega, de JJpD, y Raimundo Prado, de AJFV. Yolanda Rodríguez/Confilegal.

Las asociaciones de jueces reprochan al Congreso no haber querido «despolitizar» el CGPJ

Al haber rechazado que se reforme el sistema de elección del CGPJ, pese al 'clamor social'
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22/12/2018 01:00
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Actualizado: 19/1/2021 14:01
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Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) reprochan a la Cámara Baja haber tumbado la propuesta de elección de los 12 vocales jueces por la carrera judicial y haber mantenido la elección parlamentaria de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por 176 votos en contra -la mayoría absoluta- del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Bildu, y 164 a favor del PP, Ciudadanos, Foro y UPN, el pasado jueves fueron rechazadas las enmiendas del PP y Ciudadanos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducidas en el Senado, que suponían cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, de modo que fueran los propios jueces los que designaran a sus representantes en este órgano.

Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, señala en primer lugar que la APM desde la reforma de la Ley orgánica de 1985 «ha defendido siempre, y durante muchos años en solitario, que el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ más acorde con la Constitución” es el que determina selección por la carrera judicial.

Por lo tanto, ante la decisión del Congreso, dice que “ha perdido de nuevo una oportunidad para que volviese a instaurarse el sistema que determinó la elección del Consejo inicialmente en vigor”.

“Desde la APM tenemos que recordar de nuevo que el sistema que siempre hemos defendido es el de la elección judicial, sistema que desde el verano de 2017 ha sido unánimemente defendido por todas las asociaciones de jueces y fiscales”, destaca Celso Rodríguez.

El portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón. Carlos Berbell/Confilegal.

Manifiesta que el hecho de que el sistema parlamentario sea el que que continúa en vigor, puesto que la ley en su diseño actual no se modifica, “no quiere decir que por parte de la APM se apueste por iniciativa alguna que comporte el bloqueo del Consejo”.

“Por responsabilidad institucional debe contribuirse al funcionamiento regular de las previsiones constitucionales que determinen un periodo determinado de duración de un mandato”, expresa.

Preguntado sobre si la APM augura un mayor deterioro de la imagen de la Justicia tras esta decisión de la Cámara Baja, indica que quienes estaban pendientes de la evolución de esta reforma en el Congreso y en el Senado albergaban “escasas esperanzas” de que pudiera prosperar, de modo que el resultado de la votación no ha supuesto una sorpresa para nadie y por ello no cree que redunde en un deterioro de la percepción de politización de la Justicia en lo que afecta a la designación de los integrantes del Consejo.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también manifiestan que “los partidos que han votado en contra han perdido una oportunidad de oro para lograr una apariencia de verdadera independencia y seguir las directrices que nos está marcando el Consejo de Europa en esta materia”.

“El Parlamento perdió la oportunidad de dar el cambio que la Justicia en España necesita”, afirma Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Lamenta que “pese a las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del Grupo de Estados contra la Corrupción y pese a que España es uno de los países de Europa con una percepción ciudadana de independencia muy baja, el partido del Gobierno no ha querido aprovechar la oportunidad de despolitizar los nombramientos de vocales”.

Prado afirma que “los grupos que se negaron evidencian querer permanecer anclados en la política partidista frente a criterios de un Estado moderno y de Derecho”. “Poco importa de quien fuera la iniciativa legislativa”, añade.

Raimundo Prado es el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Carlos Berbell/Confilegal.

Dice que “tras los hechos acaecidos en los últimos meses con el mercadeo indisimulado y torpe sobre elección de los vocales judiciales, el partido en el Gobierno y otras formaciones que rechazan el modelo constitucional han preferido seguir haciendo las cosas al modo de la vieja política”.

“No han querido abandonar inercias que no contribuyen a luchar contra la corrupción y mejorar la imagen de independencia judicial”, critica.

Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), considera que tras la decisión de la Cámara “va a haber un deterioro de la imagen de la Justicia”.

Concepción Rodríguez, magistrada y presidenta de Foro Judicial Independiente, durante la manifestación que tuvo lugar ante el Ministerio de Justicia, en Madrid, el pasado mes de mayo. Carlos Berbell/Confilegal.

Destaca que “se está demostrando que el sistema está tocando fondo” y que el caso del impuesto de las hipotecas es “una manifestación de ello, así como el WhatsApp de Cosidó y el haber anunciado quién va a ser el presidente del CGPJ antes de haber designado a los vocales, cuando el artículo 123.2 de la Constitución atribuye a los vocales la designación del presidente”.

No obstante, ve el cambio del sistema de elección “más cerca que nunca”. Está “convencida de que en las próximas elecciones se va aprobar” si se reproducen los resultados que ha habido en Andalucía.

“El PP ya ha dicho que no va a pactar ninguna renovación del Consejo y que va a cambiar el sistema y Ciudadanos ha manifestado que nos queda muy poco tiempo para conseguirlo”, argumenta.

Señala que el PSOE “no va a apoyar nunca el cambio de elección porque controla el órgano de Gobierno”, “Podemos tampoco porque entiende que deben ser nombrados por el pueblo” y que “lo positivo es que el PP ha cambiado de decisión”.

También ve próximo que los jueces puedan elegir a sus vocales en el CGPJ porque tanto los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) como el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «marcan el camino a la separación de poderes en España”, y porque “se percibe un clamor en la opinión pública exigiendo el cambio de sistema”.

Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) explica que en su asociación también apuestan por la elección por los jueces, pero “con un sistema que represente a las minorías». «Algo que no recogía la enmienda del PP y C’s”, puntualiza.

Además, informa que la representación de las minorías es algo que reclamaban las cuatro asociaciones judiciales.

González Vega considera que “la imagen de la Justicia está deteriorada por múltiples razones” y que “la no derogación del artículo 324 de la LECRIM está transmitiendo una imagen de impunidad en casos de corrupción”.

Ignacio González es el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

OPORTUNIDAD PERDIDA, SEGÚN LA PCIJ

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), una asociación transversal de la que forman parte jueces, fiscales, abogados, profesores de universidad y ciudadanos, también se ha pronunciado al respecto. «Ha sido una oportunidad perdida de imprevisibles consecuencias», manifiesta su portavoz, Jesús Villegas en un comunicado. «El triunfo de la política contra la Justicia», lo titula.

Hace hincapié en que «un sistema como el actual, en el que los políticos gozan del control fáctico del gobierno del Poder Judicial es insostenible». 

«Y ello no porque insistan en denunciarlo los jueces españoles, la doctrina académica o incluso algunas formaciones parlamentarias, sino porque contraviene las recomendaciones de altos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, e impide que los jueces sean los guardianes de los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantía del estado de Derecho, como advertía el Relator de la ONU en fechas recientes», explica.

Critica que «la composición de la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial depende de los pactos en la sombra entre las formaciones políticas», y pone el foco en que ese Consejo está investido de la facultad de suspender de empleo y sueldo a cualquier juez que, en el legítimo ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, «incomode a esos mismos intereses políticos».

Agustín Azparren y Jesús Villegas, presidente y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Confilegal.

¿A quién beneficia semejante montaje? Desde luego, no al ciudadano que exige ante los tribunales su derecho constitucional a una justicia independiente», añade.

Señala que «el funcionamiento práctico de este modelo politizado se ha revelado desastroso: el Poder Judicial ha sido torpemente humillado por un estamento político que carece de pudor en anunciar la identidad de la futura presidencia del CGPJ incluso antes de que se haya sido sometida a votación, en prescindir del mérito en la capacidad al nombrar los altos cargos judiciales mediante el infame “reparto de cromos” o en complacerse en la obscenidad aireando su deseo de controlar las salas de nuestro alto tribunal “por detrás”».

Denuncia nuevamente el «riesgo que entraña para nuestra democracia situarse al margen de los parámetros jurídicos internacionales y empecinarse en apuntalar un sistema que se hunde en el descrédito arrastrando consigo, no sólo al gobierno del Poder Judicial, sino a los miles de magistrados que honradamente, sin aspiraciones políticas, se contentan con su noble oficio de impartir justicia». 

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