Foro Judicial Independiente, crítico con la Sala Tercera del Supremo
Concepción Rodríguez, presidenta de FJI, solicita, asimismo, una retribución digna por guardia y la adaptación de los grupos de población. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Foro Judicial Independiente, crítico con la Sala Tercera del Supremo

Reitera que la "politización de la justicia" es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia
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25/10/2018 12:24
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Actualizado: 01/12/2018 12:52
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Foro Judicial Independiente (FJI) reclama una vez más las modificaciones legislativas necesarias para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los altos cargos judiciales de la nación «sean elegidos al margen de criterios políticos partidistas», y pide el «compromiso» de las demás asociaciones judiciales y de todos los jueces y magistrados «para no sostener este sistema».

La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, manifiesta a Confilegal que «todas condenan el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial señalando que hay que cumplir los informes del grupo de Estado contra la corrupción del Comité de ministros del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto las 4 asociaciones judiciales y las tres de fiscales».

No obstante, afirma que «sólo Foro Judicial Independiente se mantiene al margen de esa designación».

«Somos los únicos que mantenemos una posición coherente en el sentido de que como estamos en contra del sistema, nosotros ni avalamos a nadie ni proponemos candidatos», argumenta.

Concepción Rodríguez destaca que «el sistema está mal» y que el caso del impuesto de las hipotecas es «una manifestación de ello».

Foro Judicial Independiente considera que «las funciones del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo Giménez, no han estado bien gestionadas».

Esta asociación de jueces lanzó ayer un comunicado analizando la polémica generada tras la sentencia del pasado jueves de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que dio un giro de 180 grados a la jurisprudencia de la Sala Tercera, al establecer que eran los bancos y no los consumidores los obligadas al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

En la nota de prensa indica que esta decisión «provocó la inmediata respuesta» del Presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo Giménez, anunciando la paralización de todos los recursos de casación que sobre este tema se estuvieran tramitando, avocando a pleno una nueva decisión sobre esta materia», lo que, a juicio de esta asociación, «se ha percibido por los medios de comunicación y por gran parte de la sociedad como un intento de dejar sin efecto aquella decisión». 

También se hace eco de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha reunido con los magistrados de la Sección Segunda, autora de la citada sentencia, y el presidente de la Sala Tercera.

Afirma que «algunas asociaciones de jueces y de fiscales, por su parte, han aprovechado lo ocurrido y se han apresurado a denunciar un sistema del que forman parte y algunas se benefician, mediante el «cambio de cromos» que hace que los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial recaigan muy por encima de la proporción de miembros de la carrera judicial asociados, en afiliados a las asociaciones  de jueces y magistrados, siendo muy excepcional la promoción a esos cargos del amplio contingente de jueces y magistrados que no están asociados».

Dice que sin perjuicio del respeto que le merecen las decisiones estrictamente jurisdiccionales, tanto de la Sección autora de la sentencia, como del presidente de la Sala Tercera, Foro Judicial Independiente -y entiende que «la mayoría de los más de 5.000 jueces y magistrados de España»– «asiste con perplejidad» a estos hechos que, a su juicio, «no son casuales, sino que muestran, una vez más, la crisis del sistema judicial español».

«Un sistema judicial que, en sus más altas instancias, no es más que una lucha de poder aderezado de intrigas, rencillas y falta de sentido de Estado«, subraya.

Cabe destacar que hoy el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido perdón por la ‘mala’ gestión de este caso.

Foro Judicial Independiente considera que «una vez más, la politización de la justicia crea dudas sobre la actuación del poder judicial».

Hace hincapié en que «es el momento de decirlo alto y claro: el sistema de elección de vocales del CGPJ, de los magistrados del Tribunal Supremo y de los principales órganos de gobierno del poder judicial no garantiza que a estos puestos lleguen los mejores, sino los que negocian, repartiéndose cuotas, vocales elegidos directamente por los partidos políticos y sin que se hayan asegurado los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso, conforme ha advertido el Consejo de Europa en sus informes GRECO».

También lamenta que «ni los partidos políticos, ni las asociaciones judiciales, los propios jueces ni la ciudadanía hayan sabido calibrar en su justa medida el daño que la politización de la justicia puede provocar en la pervivencia de nuestro Estado democrático y de derecho».

Asegura que «unos y otros, cada uno en su ámbito de actuación han contribuido, con su actuar o con su silencio, a mantener el sistema actual» y afirma que a Foro Judicial Independiente le preocupa «especialmente la ciudadanía, a quien se mantiene en el desconocimiento o el desinterés sobre esta cuestión fundamental».

Por último, esta asociación recuerda que lleva 15 años denunciando «las mismas prácticas y el daño» que, a su juicio, se está provocando a nuestro Estado de Derecho.

«Quince años sin abandonar nuestros principios. Este tiempo y la firmeza en nuestras convicciones (evidenciada, una vez más, en la negativa a presentar candidatos al próximo CGPJ) nos otorga la credibilidad y autoridad suficiente para denunciar que la politización de la justicia es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia y que, al contrario de lo que pueda parecer, perjudica notablemente a los ciudadanos, que tienen el derecho a una justicia, independiente, inamovible e imparcial», concluye.

 

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