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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo celebrará el Pleno el 5 de noviembre próximo

Juezas y Jueces para la Democracia pide la dimisión de Díez-PicazoLuis María Díez-Picazo Giménez, con la Sala que preside, la Contencioso-Administrativa del Supremo, al fondo. Confilegal.
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El 5 de noviembre próximo es el día fijado para la celebración del Pleno jurisdiccional de la Sala de lo Contencioso-Admistrativo del Tribunal Supremo, compuesto por 31 magistrados, a pesar de que la sentencia del tribunal de la Sección Segunda -especializada en impuestos- es firme e inamovible.

Así lo reconoce el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, a través de un comunicado oficial: “La sentencia núm. 1505/2018, a la que se refería el acuerdo del presidente de la Sala Tercera del pasado viernes 19 de octubre, conocida por la opinión pública, dictada por la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados”. 

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Como adelantó Confilegal esta mañana, Lesmes Serrano se reunió, junto con el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes Peces, y el titular de dicha Sala, Luis María Díez-Picazo Giménez, con los magistrados de la Sección Segunda, Nicolás Maurandi Guillén -presidente- don José Díaz Delgado, Francisco José Navarro Sanchís, Jesús Cudero Blas, Dimitry Berberoff AyudaÁngel Aguallo Avilés.

HAY DOS SENTENCIAS MÁS EN LA MISMA DIRECCIÓN

El presidente Lesmes Serrano destaca, en su nota de prensa que, además de la citada sentencia 1505/2018, “se deliberaron, votaron y fallaron otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación. Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna”.

La máxima autoridad de la justicia echa un capote a los miembros de dicha Sección de forma evidente.

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“El presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”, afirma Lesmes Serrano.

El presidente del Supremo no entra a valorar la pertinencia de la convocatoria de un Pleno de la Sala que, en puridad, no va a servir para nada.

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Porque no puede actuar como tribunal de apelación ante una sentencia, que son tres, en realidad, que son firmes y que confirman el cambio radical de jurisprudencia sobre quién debe pagar este impuesto. 

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Y lo resuelve con un párrafo abierto que resuelve con obviedades, quitándole hierro a la decisión de Díez-Picazo Giménez de haberlo convocado a toro pasado, en su operación personal de “salvar al soldado Díez-Picazo”, como titulábamos esta mañana en Confilegal. 

“La avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda”, concluye.

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDE LA DIMISIÓN DE DÍEZ-PICAZO

Por otra parte, el Secretariado de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha pedido públicamente la dimisión de Díez-Picazo.

Consideramos que el Sr. Díez-Picazo Giménez ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”, afirman en una nota de prensa hecha pública hoy.

“Desde Juezas y Jueces para la Democracia, pedimos y exigimos la inmediata dimisión de D. Luis María Díez-Picazo Giménez como Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo”, dicen con rotundidad.

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“No existen precedentes de esta insólita actuación del Sr. Díez-Picazo Giménez: si quería hacer uso de los arts. 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la Sentencia. De lo contrario se enfrenta el Sr. Díaz-Picazo a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.

Y le recuerdan a Díez-Picazo Giménez que fue él quien firmó el auto de 15 de enero de 2018 que admitió a trámite el recurso del caso.

“En él ya se recordaba, con la firma del Sr. Díez-Picazo Giménez, que “(…) el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando (…) es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”, dicen.

Por último, califican de “actuación sin precedentes”, la convocatoria del Pleno jurisdiccional al día siguiente de conocerse la Sentencia, por “su enorme repercusión económica y social”, acordando “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, “a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, por su parte, reprochó hoy a Díez-Picazo Giménez haber creado confusión, lo que ha afectado a la imagen de independencia del poder judicial.