"Los jueces valencianos denuncian el acoso que, en su opinión, padece la instructora del caso "Erial" Foto: EP
10.000 personas piden al CGPJ que interceda ante la juez del ‘caso Erial’ para que ponga en libertad a Zaplana
El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo también solicita a la Fiscal General del Estado que "tome cartas en el asunto"
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10/1/2019 13:45
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Actualizado: 11/1/2019 23:16
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10.000 personas piden al Consejo General del Poder Judicial a interceder ante la juez del ‘caso Erial’ para que ponga en libertad al expresidente valenciano Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia y en prisión preventiva desde hace siete meses.
No obstante, el órgano de gobierno de los jueces no puede dar indicaciones ni órdenes a ningún juez o tribunal sobre los casos que instruyen. De hecho, sería considerado delictivo.
Desde el pasado 18 diciembre, el exministro se encuentra ingresado en el Hospital La Fe de València. En un chequeo rutinario por la leucemia que padece, el médico detectó un empeoramiento de su salud debido a una bajada de defensas.
La iniciativa ha sido promovida por el expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV, José Luís Bayo, quien lanzó hace hace siete días una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar nuevas medidas cautelares que otorguen la libertad provisional a Zaplana. En una semana ha sumado 11.185 apoyos.
Hoy ha entregado las firmas en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
LA DEFENSA HA PRESENTADO YA CINCO ESCRITOS PIDIENDO SU LIBERTAD
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola, ordenó en mayo el ingreso en prisión preventiva del exministro, tras ser detenido en la ‘Operación Erial’ –aún bajo secreto de sumario- por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La juez Rodríguez Guerola ha denegado hasta el momento cuatro recursos de reforma presentados por la defensa del exministro, ejercida en la actualidad por Daniel Campos, socio de Cortés Abogados. Anteriormente estuvo representada por el bufete Milans del Bosch.
También han sido rechazados los recursos de apelación presentados ante el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, compuesto por los magistrados María Begoña Solaz Roldán (presidenta y ponente), José Antonio Mora Alarcón y Alicia Amer Martín.
El pasado 28 de diciembre, el abogado de Zaplana volvió a solicitar la libertad del exministro, argumentando que la ley no permite mantener en prisión a un investigado durante más de seis meses con el argumento de la existencia de riesgo de destrucción de pruebas.
También alegó que el riesgo de fuga, “único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento”,“es inexistente dado su estado de salud, que le obliga, según los expertos que han emitido informes, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado”, según han informado fuentes jurídicas.
‘ES DELEZNABLE ARGUMENTAR DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS Y RIESGO DE FUGA’
José Luís Bayo señala en el escrito de su iniciativa que el exministro «está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y, además, padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte, según el último parte médico del jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe, Guillermo Sanz Santillana».
Recuerda que los motivos por los que han rechazado las repetidas solicitudes de libertad son su capacidad para destruir pruebas y el riesgo de fuga.
«En cuanto a la destrucción de pruebas, parece algo irrisorio que estando hablando de hechos cometidos hace más de una década, después de estar 7 meses privado de libertad, y que se encuentran en investigación conforme consta en el auto de detención en el año 2015, se considere que puede destruir pruebas», expone en el texto.
«No menos deleznable es afirmar su riesgo de fuga, por cuanto no sólo estamos ante una persona con una grave enfermedad, sino que, además, su arraigo a nuestra tierra es indiscutible, pero por encima de todo ello, se encuentra el honor y la honorabilidad del Molt Honorable ex-president de la Generalitat Valenciana Don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, persona ejemplar, tanto en cuanto a su calidad humana, como en cuanto a sus hechos, políticos y personales», prosigue Bayo.
Y destaca que la muestra de apoyo «no significa exculpar a nadie».
«Quiero dejar bien claro que suscribir y apoyar la presente petición, tan sólo es garantizar los derechos a la presunción de inocencia que todos ostentamos, porque, recuerdo que el procedimiento judicial esta en investigación, y muy seguro se pueden adoptar otras medidas cautelares menos gravosas, y menos denigrantes tanto para el honor como para la persona de Don Eduardo Zaplana y de su familia», explica.
Él, «personalmente», tiene «la certeza y la fiel convicción de la inocencia» de Zaplana.
En declaraciones a los medios a las puertas del CGPJ, Bayo ha recordado que «la defensa de Zaplana ha presentado hasta cinco informes médicos en los que el jefe de Hematología del Hospital de la Fe de Valencia acredita el riesgo que existe si Zaplana, actualmente en el centro médico, si vuelve a ingresar en la prisión de Picassent»!.
«Creemos que por cuestiones humanitarias, y sin entrar en otras cuestiones, se debe poner en libertad y considerar que el expresidente Zaplana pueda estar en arresto domiciliario o en lo que considere oportuno el titular del Juzgado número 8 de Valencia», ha señalado, y ha anunciado que seguirá recogiendo firmas de apoyo.
Bayo ha eludido pronunciarse sobre la postura de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a que Zaplana pueda cumplir la medida de prisión preventiva en su domicilio mientras se le sigue investigando. Ha dicho que respetarán y acatarán la decisiones de la juez. «Pero también pido que la Justicia tenga, llámese como quiera, caridad cristiana, humanidad o un atisbo de sensatez», ha añadido.
HASTA 28 EXMINISTROS DE UCD, PP y PSOE TAMBIÉN HAN PEDIDO SU LIBERTAD
A esta iniciativa se suma un manifiesto de la Fundación España Constitucional, suscrito por una treintena de exministros de UCD, PP y PSOE, que muestra su «preocupación» por el estado de salud de Zaplana, y pide a las autoridades judiciales que tengan en cuenta «los principios humanitarios» debido a un «peligro de muerte inmediata».
“Los principios humanitarios deben ser tenidos en cuenta en cualquier situación jurídica máxime, como acontece en el presente caso, tratándose de una prisión preventiva; es decir, sin que haya recaído sentencia alguna“, señala el manifiesto.
Además, destaca que los informes médicos resaltan “unánimemente” la gravedad de la situación de Zaplana y el “peligro de muerte inmediata”, por lo que consideran que deben seguirse los consejos de los profesionales sanitarios que, además, fueron refrendados por la Sociedad Española de Hematología, que avaló que el exministro no volviera a la cárcel por “el riesgo vital grave” que sufre.
La Fundación España Constitucional también “ruega y recomienda” que la mujer de Zaplana pueda permanecer en la habituación de la clínica junto a su marido.
“La posible irreversibilidad de la situación obliga a que dichos principios humanitarios sean considerados por la jueza encargada del caso”, “todo ello sin perjuicio -añade- de que se diluciden, en el momento en que proceda, las responsabilidades que correspondan”.
Los firmantes son Enrique Sánchez de León, Ignacio Bayón, Jaime Lamo de Espinosa, Jesús Sancho Rof, José Lladó, Juan Antonio Ortega, Luis Cosculluela, Manuel Núñez Pérez, Marcelino Oreja, Matías Rodríguez Inciarte, Rafael Calvo Ortega, Rodolfo Martín Villa, Salvador Sánchez-Terán, Soledad Becerril, Abel Matutes, Ana Palacio, Ángel Acebes, Eduardo Serra, Esperanza Aguirre, Josep Piqué, Pío Cabanillas y Rafael Arias-Salgado, Cristina Alberdi, Javier Gómez-Navarro y Julián García Vargas; y del gobierno de Zapatero, César Antonio Molina, Cristina Garmendia y María Antonia Trujillo.
EL EXDIPUTADO JAIME IGNACIO DEL BURGO PIDE A SEGARRA QUE ‘TOME CARTAS EN EL ASUNTO’
El exdiputado navarro del PP Jaime Ignacio del Burgo también ha remitido un escrito a la Fiscal General del Estado, María José Segarra, pidiéndole que actúe con el fin de que se revoque la situación de prisión provisional de Zaplana ante su «grave riesgo de muerte».
Del Burgo solicita a Segarra que «tome cartas en el asunto pues la ley le encomienda la misión de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos y no puede quedarse al margen como si todo esto no fuera con ella».
Considera que «ante esta situación injusta, ilegal e inhumana la Fiscalía General del Estado no puede permanecer impasible».
«El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le encomienda, entre otras, la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Asimismo, le encomienda velar por la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», añade.
El exdiputado señala que «no solo por humanidad, que también, sino sobre todo por respeto a la ley y a los derechos fundamentales, la fiscal general que tiene encomendada la dirección de la actuación del Ministerio Fiscal no puede aparecer silente en este asunto y debiera impulsar» actuaciones.
Pide que la fiscal inste a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a que «dicte auto por el que se deje sin efecto la situación de prisión provisional incondicional por entender que no existe racionalidad en la apreciación de que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por Eduardo Zaplana, por lo que debe procederse a la inmediata excarcelación».
Le reclama que solicite a la juez a que, «a la vista de los irrebatibles informes médicos, se aplique de inmediato y con independiente de lo anterior lo dispuesto en el artículo 508 de la ley de enjuiciamiento criminal y se ordene que la prisión provisional del investigado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, porque el internamiento entrañaría grave peligro para su salud por razón de la gravísima enfermedad que padece».
También plantea que se ejerza, «si fuera necesario, la interposición de acciones penales por entender que el empecinamiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia podría ser constitutivo de delito al poner en riesgo de muerte a quien en modo alguno debe ser objeto del trato que recibe».
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