Francisco Llamazares (APFP): ‘No se han tomado medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones; un día habrá una desgracia’
Francisco Llamazares, presidente de la APFP, y una muestra de las armas blancas incautadas a internos durante registros aleatorios. Foto: Confilegal

Francisco Llamazares (APFP): ‘No se han tomado medidas para combatir las agresiones a funcionarios de prisiones; un día habrá una desgracia’

El presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones explica qué iniciativas deberían aplicarse para combatir esta situación
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14/1/2019 01:00
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Actualizado: 27/4/2021 12:40
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Los sindicatos alertan que en España se registra una media de “un ataque al día” a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión. Una situación que el colectivo lleva denunciando desde 2017, y ante la que reclama que se ponga solución a la falta de personal, al “grave el problema del envejecimiento de las plantillas”, así como a la “escasez de medios de protección adecuados”, y sean considerados agentes de la autoridad.

Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), denuncia en Confilegal que todavía “no se han tomado medidas para combatir” este problema. “Un día habrá una desgracia”, avisa

Según los datos que manejan los sindicatos, entre 2011 y 2017 se han producido hasta 2.513 agresiones a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos. Estas cifras no incluyen los datos de Cataluña, que tiene las competencias transferidas, donde también “sufren una agresión cada día y medio”.

Francisco Llamazares, presidente de la APFP (a la izquierda), junto al ministro Fernando Grande-Marlaska en su toma de posesión.

La condena más alta impuesta en nuestro país por agresión a un funcionario de prisiones es de 19 años de cárcel. Es la sentencia de Fabrizio João Silva, un guineano de 36 años, 1,80 de estatura y más de 100 kilos de peso, por el ataque que protagonizó en 2016 en la prisión Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Este preso, con dos muertos en su historial, atacó con un estilete metálico a varios funcionarios cuando lo estaban cacheando. A uno de ellos estuvo a punto de cortarle la yugular, a otro le perforó la mejilla y le arrancó varios dientes, y a un tercero le asestó una puñalada en el antebrazo. Recientemente ha sido trasladado desde la prisión de Teixeiro, en A Coruña, hasta la de A Lama, en Pontevedra.

Los sindicatos informan que en 2017 -último año del que tienen contabilizadas las agresiones- en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) se registraron 305 (de las cuales ocho fueron graves; 176, leves y 121 acabaron sin lesiones). Según indica Llamazares, en 2018 “estarán en el mismo ratio, tal vez un poco por encima”.

La cárcel de Estremera (Madrid) tiene el récord en incidentes, seguida por Soto del Real, también en la capital, la de Zuera (Zaragoza), Valencia, Sevilla II y la gaditana de Puerto I.

Protesta de trabajadores de prisiones el pasado 8 de noviembre en Valencia, con una pancarta con las armas intervenidas a los presos./ EP

En las prisiones dependientes de la SGIIPP hay unos 50.400 reclusos, de los cuales 16.000 son extranjeros, y trabajan 22.570 funcionarios y unos 2.000 laborales (cocineros, electricistas, celadores, fontaneros, enfermeros…).

Los sindicatos afirman que “hay un déficit de 3.479 plazas, de efectivos que se han perdido en los últimos años”, y que lo que haría falta es una oferta de empleo extraordinaria para cubrirlas e “incrementar así la seguridad en las prisiones y paliar el aumento de las agresiones”.

El Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público para este año de 831 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, pero para los sindicatos es “insuficiente”. Recalcan que hace falta una cubrir cerca 3.500 plazas.

“Como faltan funcionarios, se controla peor a los internos y hay más agresiones”, ha señalado a Confilegal José Manuel Couso, portavoz de prisiones de CSIF. “A esto se suma que más de la mitad de los funcionarios somos cincuentones. Imagínate lo que supone estar trabajando con jóvenes y en situaciones de mucho riesgo, que hay muchas”, añade Couso.

Él tiene 57 años y lleva 33 en la profesión. Actualmente trabaja en la cárcel de Alcalá Meco (Madrid). Cuenta que en este tiempo ha sufrido un sinfín de sustos, como cuando 20 etarras le rodearon en el patio protestando porque habían llevado a aislamiento a un compañero suyo. Ha recibido más de un guantazo de los internos, y también un mordisco de uno al que iba a cachear. “Cuando fui a echarle mano, me mordió en el brazo y tuve que hacerme pruebas de todo”, explica.

José Manuel Couso (a la izquierda) en la movilización que hicieron el pasado 17 de octubre frente al Ministerio de Interior./ CSIF

El presidente de la APFP, Francisco Llamazares, tiene 55 años y también lleva una treintena en la profesión; los últimos 9, en la prisión madrileña de Navalcarnero, donde se encarga del módulo 5, que alberga a los internos más peligrosos de la cárcel. “56 miuras”, apunta.

Llamazares tiene la fortuna de no haber sido atacado, hasta el momento. “Gracias a Dios no he tenido ningún incidente. Y eso que soy el más bajito de todos”, comenta con orgullo.

Francisco Llamazares es presidente de la APFP desde octubre de 2016, y ha trabajado en cárceles de Cataluña, Sevilla, Villabona (Asturias), y las madrileñas de Aranjuez y Navalcanero.

Informa que en la cárcel de Navalcarnero, con más de 1.020 internos, “sólo hay 435 efectivos, de ellos unos 200 de dedican se dedican tareas administrativas y 48 por turno a la vigilancia interior”. Respecto a la escasez de medios, pone como ejemplo que “para un módulo disponen sólo de dos esposas”. Y señala que deberían autorizarse las defensas eléctricas como la pistola ‘tacher’ para aquellos casos de «imposibilidad de movilización por la corpulencia y la fuerza del interno, y que algunos cuerpos de seguridad ya utilizan con éxito».

Explica que en 2018 hubo hasta 11 incidentes en este centro penitenciario y que en Madrid “donde más agresiones se registraron fueron Estremera (24) y Soto del Real (18), seguidas por la de Navalcarnero, y Aranjuez (7)”.

Entre los ataques registrados el año pasado en la prisión de Navalcarnero destaca, por ejemplo, uno ocurrido el pasado 22 de julio, en el que un interno del módulo 6 le arrancó de un mordisco parte de la oreja a un trabajador en prácticas, que tuvo que ser intervenido para su reconstrucción; a otro funcionario le rompió un dedo; a un tercero, la ceja y le dejó un ojo hinchado; y al jefe el jefe de servicios le dio un golpe en la frente.

El agresor es un preso de nacionalidad dominicana, apodado “el grapa”, “con un perfil muy violento y conflictivo”, que está en prisión por delitos de homicidio, estafa, lesiones y robo, entre otros, relata Llamazares.

El suceso se produjo después de que el interno pidiera a los funcionarios hablar con otro interno del módulo, que pidió aislarse porque decía que “el grapa” le extorsionaba. Ante la negativa de los trabajadores, arrancó una pata de hierro de una mesa de la sala de televisión y amenazó a los funcionarios y al jefe de servicio al grito de “os voy a reventar las cabezas”. Al intentar reducirlo, los agredió.

El grapa pasó después a la cárcel de Villena (Alicante). El pasado miércoles volvió a dejar a cuatro funcionarios heridos. Dos de ellos están hospitalizados. Tras este incidente ha sido trasladado a una cárcel de Galicia.

El suceso de la pasada semana ocurrió en el módulo de aislamiento. Este interno, clasificado en primer grado, «comenzó a gritar, a dar patadas al mobiliario y amenazar tanto a los funcionarios presentes como al director tras comunicarle partes disciplinarios», según han informado los sindicatos.

Cuando los funcionarios y los jefes de servicio acudieron para «calmar la situación», el preso «se abalanzó contra ellos, dando patadas y puñetazos a los trabajadores».

Al tiempo que se producía la agresión, otro interno que estaba en el patio empezó a llamar al resto de los presos para que «se unieran contra los funcionarios e intentaron abrir la puerta del patio a patadas”.

UNA MUESTRA DE LOS ATAQUES QUE SUFREN

El 19 de diciembre, en el Centro Penitenciario Las Palmas II un interno del módulo de aislamiento agredió con un pincho carcelario a cinco funcionarios que, según informó CSIF, “se las vieron y desearon para poder reducirlo, dado su estado, su corpulencia y la tenencia de los objetos cortantes».

Ocurrió durante el reparto de la medicación. El preso lazó una pequeña radio contra la enfermera y el funcionario que le entregaba su tratamiento, que no fueron alcanzados. Cerró la puerta con el objetivo de aislar el problema, y “al intentar entrar los funcionarios, provistos de escudos y defensas, los recibió provisto de un pincho carcelario y una cuchilla”.

A uno le cortó en una ceja y otros salieron con lesiones en la mano, muñeca y hematomas y rasguños. Además, “algunos de los trabajadores fueron alcanzados o tuvieron contacto con los escupitajos con sangre que les lanzaba con la intención de contagiarles su enfermedad, con lo que tuvieron que tomar tratamiento retroviral”.

El 18 de diciembre en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), según ha informado UGT-Prisiones, un interno en regresión de grado, “muy violento y presuntamente con patología psiquiátrica”, agredió en el departamento de ingresos a dos funcionarios y al jefe de servicios. “Se abalanzó sobre el funcionario mordiéndole en la oreja y golpeó al jefe de servicios con las esposas en la cabeza, y otra funcionaria resultó lesionada en el tobillo y en la espalda”.

El 22 de diciembre, en la cárcel de Campos del Río (Murcia) fue agredido otro trabajador. Durante la revisión de celdas, un funcionario vio en mal estado una y solicitó al interno que cumpliera con sus obligaciones de mantenimiento. Desde Acaip informaron que el recluso reaccionó abalanzándose contra el empleado, tratando de agredirle con patadas y puñetazos. Los funcionarios consiguieron reducirlo y lo trasladaron al departamento de Aislamiento, donde se abalanzó sobre otro empleado y le dio un puñetazo en la cara mientras profería amenazas e insultos a los funcionarios presentes.

El 6 de diciembre se produjo una agresión en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) cuando un funcionario procedía a la retirada de un objeto que le pareció sospechoso y que manipulaba un interno, de nacionalidad marroquí, que resultó ser droga y un cúter artesano que había fabricado con un bolígrafo y una cuchilla. El empleado requirió de varios puntos de sutura.

CSIF informa que en esta prisión hay «más de 140 vacantes sin cubrir desde hace años». «Es imposible que los trabajadores de todas las áreas puedan efectuar con eficacia su trabajo, ya que a la falta de personal se une que la mayor parte de la plantilla tiene una edad superior a los 55 años, la más envejecida de España», explica.

Además, dice que “los dos últimos trabajadores heridos, lo han sido realizando su trabajo con los guantes que facilita la Administración, de tan pésima calidad que no evitan el más mínimo riesgo en este tipo de actuaciones, y que sirven para no ensuciarse las manos y poco más, a diferencia del material que se facilita a otros colectivos profesionales como la Policía o los Bomberos”.

Los guantes de cacheo que se les proporcionan -en la imagen- «se pueden perforar con una aguja y se cortan con un cristal o cuchilla», informa Francisco Llamazares, y dice que deberían ser anticorte y antipinchazo, con una protección 5, como los que tiene la Policía.

El 1 de diciembre también fue agredido un funcionario de prisiones en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por parte de un interno con patología psiquiátrica, según informó la APFP. El incidente ocurrió cuando el funcionario fue a entregarle la notificación de que se encuentra alojado en una zona de psiquiatría. El preso reaccionó «violentamente» propinando «un puñetazo en la cara al funcionario sin mediar palabra y produciéndole una lesión grave en el pómulo».

El interno prosiguió «lanzándole patadas», pero gracias a la «peripecia» del funcionario y a la ayuda de otro compañero que acudió rápidamente,  consiguieron «reconducir la situación para que no fuese a mayores».

Según la APFP, las patologías psiquiátricas provoca este tipo de reacciones «violentas» que resultan «impredecibles» y que por ley «no son sancionables por sus estados de enajenación», aunque también «se dan casos de internos que simulan dichas conductas aprovechando las lagunas de este sistema penitenciario y salen siempre impunes tras protagonizar este tipo de incidentes».

El centro penitenciario de Foncalent (Alicante) también ha saltado recientemente a primera plana por un intento de agresión de un interno contra dos funcionarios en los juzgados de Benalúa, según han informado desde Acaip. Explicaron que la intervención de la Guardia Civil que lo custodiaba impidió que el preso pudiera acometer la agresión.

Ocurrió cuando los funcionarios acudieron al juzgado para declarar en contra del interno por unos altercados sucedidos en julio, en los que se le imputan al recluso el presuntamente haber destrozado la celda de vigilancia de enfermería, protagonizar altercados contra los funcionarios y agresiones que se saldaron con un dedo roto de un empleado.

Desde Acaip también critican que debido a la «falta de consideración de agente de autoridad de los funcionarios de prisiones, estos hechos no podrán ser juzgados como atentado, y lo que es más grave, que no pueden preservar su identidad ya que en el juicio deben presentarse con nombre y apellidos y no por su número de identificación profesional».

LAS MEDIDAS QUE LA APFP PROPONE PARA COMBATIR ESTA SITUACIÓN

Además de “más plantilla, más formación y más medios materiales”, el presidente de la APFP, Francisco Llamazares, reclama al Gobierno que se revise el actual protocolo de prevención de agresiones (firmado solamente por CSIF y UGT y la administración), “porque no está sirviendo para disminuir los ataques».

Solicita una normativa que analice y estudie por qué se producen las agresiones, sean verbales o físicas, y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para erradicar esta lacra.

Según la APFP, los ataques han aumentado desde que en 2017 comenzaron los recortes, y por el perfil de los internos, “algunos muy conflictivos y otros con patologías psiquiátricas”.

Llamazares informa que “casi un 30% de los internos tiene problemas mentales y toma medicación psiquiátrica controlada”. Explica que muchos módulos tienen el Plan Integral de Salud Mental, pero lamenta que en España solo haya dos psiquiátricos de prisiones, en Alicante y Sevilla, porque considera que “hay internos que deberían estar cumpliendo condena en un psiquiátrico penitenciario, en vez de en la cárcel”.

Entre las medidas que piensa que deberían aplicarse para combatir esta situación, la APFP reclama que el agresor “no vuelva al mismo módulo, como ocurre a veces, porque el resto de internos entonces lo ve como una victoria”. De hecho, piensa que ni siquiera debe seguir en la misma cárcel. Cree que lo mejor es el «inmediato» traslado a otra prisión “para dar ejemplo”. “Si me pega y continúa en el mismo centro, el resto de los internos dice “le ha salido gratis” y se hacen más fuertes”, indica Llamazares.

La APFP también aboga por la aplicación de “un régimen más severo que el actual, en el que al agresor se le manda entre 10 y 15 días a aislamiento, donde está solo y continúa saliendo al patio”.

Propone que además del aislamiento, se le quiten durante un tiempo las visitas o se les restrinjan los permisos. “Si se les privara durante seis meses de la comunicación vis a vis o en locutorio, seguro que se lo pensaban”, apostilla Francisco Llamazares.

Demanda, además, que haya una estadística de todas las agresiones, también de las verbales. “A mí me llaman perro, hijo de puta, se cagan en mi madre, me dicen que conocen a mi familia, que me van a asesinar, que aquí manda yo, pero cuando salga, en la calle ya nos veremos y a ver quién es el que puede… y todo eso no se contabiliza ni se estaba llevando a los juzgados”, relata.

También reivindica “la consideración de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones para que estas agresiones tengan una tipificación penal, sean consideradas delitos de atentado y no incidentes regimentales dentro de la prisión o faltas».

El Pleno del Congreso debatió el pasado 18 de junio una proposición de ley del PP de reforma de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, y que puedan estar más protegidos ante las agresiones que sufren por parte de los reclusos.

Con esta iniciativa se atiende a una exigencia histórica de este colectivo que lleva varias décadas exigiendo una protección similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que hasta ahora “ningún Gobierno les ha reconocido”. Fue aprobada en el Senado, y está pendiente de tramitación y votación en el Congreso.

CONTINUARÁN CON LAS MOVILIZACIONES HASTA QUE EL GOBIERNO ATIENDA SUS REIVINDICACIONES

Los funcionarios de prisiones, encargados de la custodia, atención y fomento de la reeducación y reinserción social de la población reclusa,están “hartos de su precaria situación laboral”. 

El pasado noviembre, los sindicatos hicieron huelga para reivindicar «la importancia y la dificultad» del trabajo de estos funcionarios, y que se plasme «en una mejora retributiva», se cubran las vacantes existentes», se les «reconozca de una vez agentes de la autoridad», haya una «mejora de sus condiciones de trabajo» con unos «medios adecuados» para poderlo realizar.

El 11 de diciembre también convocaron una manifestación en Madrid en la que recorrieron las sedes de Ciudadanos, PP, PSOE y Podemos para volverlo a reclamar.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vinculado la subida salarial a que haya Presupuestos  para 2019, y ha reclamado a los partidos que apoyen las cuentas públicas para hacerlo posible.

Llamazares señala que la mesa de negociación está rota desde noviembre “por la falta de voluntad y de talante del secretario general de Instituciones Penitenciarias y del ministro”. “Da la sensación de que están echando un pulso a los trabajadores y a todos los sindicatos”, concluye.

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