La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) acaba de publicar un informe en el que abogada por recomendar que se desarrolle la normativa autonómica a la mayor brevedad posible y que sea «respetuosa con los principios de necesidad y proporcionalidad para que puedan prestarse servicios VTC urbanos, evitando el establecimiento de requisitos que perjudiquen innecesariamente a los usuarios finales».
El informe analiza las consecuencias del Real Decreto Ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor y está firmado por la Sala de Competencia de la CNMC, formada por el presidente, José María Marín Quemada y los consejeros María Ortiz Aguilar, Josep María Guinart Solà, Clotilde de la Higuera González y María Pilar Canedo Arrilaga.
En términos generales, en opinión de la CNMC, el marco regulatorio existente presenta determinadas restricciones a la capacidad e incentivos de competir tanto para los taxis como para los operadores VTC, que inciden negativamente en la prestación del servicio para los usuarios finales.
Y concretamente, en términos de mayores precios, menor calidad e innovación, menor oferta disponible y mayores tiempos de espera de los que resultarían en un entorno más competitivo.
DESCARGAR INFORME CNMC SOBRE CONFLICTO TAXIS-VTC
Por ello, recomiendan evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTCs en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento.
De la misma manera, el estancamiento de licencias de taxi resulta poco coherente con la evolución experimentada por otras variables en este mismo periodo.
DECRECE EL NÚMERO DE LICENCIAS DE TAXI Y AUMENTAN LOS TURISTAS
Así, mientras el número de licencias de taxi ha decrecido en el periodo 1994-2018 en el conjunto de España (de 72.072 a 69.792), la población en España ha aumentado un 18% (de 39,6 millones a 46,7 millones), la renta per cápita de los españoles ha crecido un 40% (de 17.890€ a 25.291€) y la entrada anual de turistas extranjeros lo ha hecho un 30% (de 33 millones a más de 75 millones).
Una medida lógica a tomar, según la CNMC, es flexibilizar la regulación del taxi, eliminando todas las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio, revisar las restricciones al número de licencias de taxis y de VTC.
La CNMC admite que la situación no es homogénea en todo el país.
A nivel nacional existe una dotación de 1,8 taxis + VTC por cada 1.000 habitantes.
Existen tres Comunidades Autónomas que superan de manera sustancial esa media: Madrid, Canarias y Baleares.
Canarias y Baleares son muy particulares por la elevada incidencia del turismo: de hecho, están muy por debajo de la media nacional en taxis + VTC por turista (1 taxi+VTC por cada 1.000 turistas).
Otras Comunidades Autónomas con peso importante del turismo, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, también están por debajo.
DÓNDE TIENEN PESO LOS VTC
Como se muestra en el gráfico, las Comunidades Autónomas donde los operadores VTC tienen un mayor peso son Madrid (29%), Cantabria (23%), Andalucía (17%), Cataluña (15%), Murcia (13%), Castilla y León (12%) y Navarra (12%).
En algunas Comunidades Autónomas, sin embargo, el peso de las autorizaciones VTC es testimonial, siendo en todos los casos inferior al 5%: Extremadura (30 autorizaciones), Canarias (30 autorizaciones nacionales y 207 autonómicas), Castilla-La Mancha (45 autorizaciones) o País Vasco (94 autorizaciones).
Sólo Madrid y Cantabria superan ampliamente la media nacional, mientras Cataluña y Andalucía se sitúan cerca de dicha media.
El resto -incluyendo Cataluña- se halla notablemente por debajo de la media nacional e incluso muchas de ellas rondan la proporción 1/30 (umbral indicativo del 3,3%).
Los taxis deben aplicar tarifas fijadas administrativamente, ya sea tarificación fija o de máximos, mientras que los VTC se someten a precios libres.
Esta diferencia evita que el taxi pueda competir en un factor tan relevante como el de los precios.
Además, impide que los precios sirvan para ajustar oferta y demanda en distintos momentos temporales.
Por otro lado, mientras que la regulación permite la contratación de los taxis en paradas, directamente en la calle y mediante la pre-contratación telefónica o mediante otra tecnología de comunicación, solo permite que los VTC puedan prestar servicio mediante la pre-contratación.
Algunos problemas del marco regulatorio actual se pueden ver agravados por las medidas incluidas en este Real Decreto Ley porque abre la puerta a que Comunidades Autónomas y entidades locales puedan regular más la actividad de VTC, lo cual puede llevar a diferencias notables según Comunidades Autónomas e, incluso, ciudades.
Y una vez finalizado un periodo transitorio de 4 años, las actuales autorizaciones nacionales VTC dejarán de permitir prestar servicios en recorridos urbanos y solo podrán prestar servicios interurbanos.
Los VTC dejarán de poder desarrollar parte de su actividad en Comunidades Autónomas distintas a la de origen.
Estas nuevas restricciones incidirán negativamente sobre la calidad y el precio del servicio de taxis y VTC, al reducir la competencia, y no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, dentro de los cuales no pueden incluirse motivaciones de tipo económico.
Por ello, la CNMC recomienda también posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar servicios no solo en su Comunidad Autónoma de origen de manera flexible y que las reformas que se hagan a la normativa se produzcan con la máxima coordinación entre Administraciones para evitar una mayor compartimentación de estas actividades por territorios y que el mercado se segmento.
