El tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzga el ‘caso procés’, ha reconocido el derecho de los 12 líderes separatistas a responder a los interrogatorios en catalán, pero ha rechazado la traducción simultánea -una de las principales demandas de las defensas-, para garantizar que todos los que vean el juicio puedan entender a los acusados.
«Cualquiera que quiera responder en su lengua materna podrá hacerlo», ha manifestado el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en su exposición sobre las peticiones planteadas por las defensas en la fase de cuestiones previas al juicio que han sido aceptadas o no.
Marchena ha dicho que la Sala «reconoce las razones de carácter emocional» que llevan a los enjuiciados a querer declarar en catalán, y podrán hacerlo, pero mediante dos intérpretes que estarán a su disposición en la Sala y que traducirá sus palabras aunque no de modo simultáneo.
Ha explicado que el tribunal ha rechazado que se habilite un sistema de traducción simultánea porque «supondría que todos los que están en esta sala o fuera y no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas de los procesados».
Y eso «implicaría una inadmisible restricción del principio de publicidad», ha señalado Marchena.
Ahora bien, lo que «quiere dejar bien claro la Sala es que esta decisión no está vinculada a una hipotética indefensión», ha proseguido.
Marchena ha indicado que «llevamos un año y cuatro meses de causa especial en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a la reivindicación de responder en lengua catalana, no se ha hecho cuando ha estado en juego ni más ni menos la aplicación de medidas cautelares» como la prisión provisional.
Ha recordado que los 12 acusados se expresaron en castellano durante la instrucción del procedimiento en sus manifestaciones ante el juez Pablo Llarena.
Marchena ha informado que el tribunal ha optado por garantizar el «incondicional» principio de publicidad en el juicio.
La Sala tampoco ha permitido a las defensas formular preguntas en catalán.
El magistrado ha recordado que la Carta Europea de Derechos Humanos rechaza otorgar «derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria».
‘SEAMOS SERIOS, EN UN PROCESO PENAL NO SE PUEDE SER ACUSADO Y TESTIGO’
Sobre la testifical de Puigdemont, ha expresado: «Seamos serios, en un proceso penal no se puede ser acusado y testigo».
«Es inviable, conceptualmente imposible. No se puede declarar por la mañana como acusado y por la tarde como testigo. Seamos serios, en un procedimiento penal no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo», ha remarcado.
Ha subrayado que los magistrados están «convencidos de que la trayectoria profesional de todos los letrados les permite conocer la respuesta».
Respecto a la petición del abogado de Jordi Cuixart sobre la expulsión de VOX como acusación popular, el presidente del tribunal ha indicado que se ha opuesto «para evitar cualquier riesgo» de caer en «argumentos ideológicos».
Eso sí, ha advertido a todas las partes presentes en la sala que los interrogatorios «sólo van a poder centrarse en aspectos fácticos», es decir, «no va a ser posible un debate ideológico» sobre las preguntas que la acusación popular pueda hacer.
ACEPTA CITAR A ZOIDO
El tribunal ha aceptado citar al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido como testigo, como pidió Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn.
Este letrado considera que es una testifical «imprescindible», ya que el exministro del PP intervino el pasado 18 de enero durante más de una hora en la Comisión de Interior del Senado y allí expuso un extenso informe sobre la actividad de todos los cuerpos, policiales el propio 1-0 y también sobre lo ocurrido en días anteriores.
Los magistrados también han resuelto que sólo las pruebas practicadas en el juicio oral servirán al tribunal para adoptar sus decisiones, por lo que rechaza traer a las sesiones el sumario completo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -que investiga la organización del 1-O-, como habían reclamado las defensas.
Se ha rechazado dado que tal «aluvión procesal» causaría una verdadera «metástasis» en el juicio.
El tribunal ha aceptado algunas pruebas documentales, como un ‘pendrive’ con imágenes del 1 de octubre solicitado por la defensa del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez.
Además, el presidente del tribunal ha informado a los abogados que podrán realizar un segundo turno de interrogatorios para que sus representados puedan pronunciarse sobre estas novedades.
También les ha recordado que en el momento de ser interrogados, los acusados podrán sentarse junto a sus abogados si así lo desean.
Por otra parte, los magistrados han rechazado traer a esta causa los mensajes en Twitter de dos usuarios de esta red social, por entender que no le corresponde analizar el «perfil ideológico» de estas personas, que además serán llamados como testigos.
Marchena ha advertido que los testigos expertos no van a poder valoraciones y declararán tan sólo sobre conocimiento de los hechos.
Por eso han rechazado periciales como la relativa a una valoración del operativo policial del 20 septiembre frente a la Consejería de Economía realizado por Scotland Yard, solicitada por el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
Marchena ha explicando que la motivación de este rechazo casi general a las cuestiones planteadas se conocerá cuando se dicte sentencia.
Acto seguido, ha comenzado el interrogatorio al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que no contestará a las preguntas de las acusaciones.
«Esto es un juicio político», ha afirmado, algo que ayer desmontaron detenidamente los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena.
«Este es un juicio en defensa de la democracia», sentenciaron.
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